Los efectos sociales y económicos del plan gubernamental en marcha, fundamentalmente los tarifazos y los despidos, provocan reacciones y protestas populares. Crítico informe de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en el país.
27 de julio de 2016
Amparos. Garavano, Peña y Aranguren anunciaron el tope de 400% al aumento de servicios luego de medidas de distintos juzgados. (Télam)
A ocho meses de su instalación, el gobierno de Mauricio Macri se ve atenazado simultáneamente por sus contradicciones internas y por el desaliento de pequeños productores y comerciantes que votaron mayoritariamente por Cambiemos y deben soportar la caída del consumo, el alza de la inflación, el encarecimiento del crédito y un tarifazo que amenaza con exterminarlos. La caída en las encuestas de la imagen gubernamental solo excluye a los segmentos privilegiados. De allí que el «Ruidazo», que convocó a decenas de miles de personas en cientos de ciudades y pueblos para exigir la eliminación de los brutales incrementos en los servicios, se haya nutrido de trabajadores formales e informales y también de amplios contingentes de los sectores medios que hasta ese momento se habían mantenido expectantes. Pocos días después, una masiva movilización de integrantes de cooperativas y empresas recuperadas a las que el tarifazo puso en riesgo de extinción ratificó que solo el poder económico más concentrado acuerda con el rumbo actual de la economía. En ese sentido, la Marcha Federal, que decenas de organizaciones sindicales, sociales, barriales y políticas planifican para fines de este mes, puede constituirse en un elemento decisivo para marcar a fuego el proyecto neoliberal.
Cifras testigo
Según el informe laboral del Centro de Economía Popular Argentina (CEPA), desde diciembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2016 hubo 179.285 despidos en todo el país, un 6,99% más respecto del relevamiento al 31 de mayo, que implica el fracaso del acuerdo entre el Ejecutivo y los principales grupos económicos que suspendería por seis meses cualquier medida de ese tipo. Empresas como Alpargatas y Coca Cola aceptaron firmarlo, pero igual redujeron sus planteles y amenazan con más despidos.
A la la inflación y al aumento del desempleo se suma la proclividad del gobierno a contraer deuda para tapar los agujeros en la cuentas. La mayoría de los analistas señala que el endeudamiento externo con privados alcanzaría los 48.000 millones de dólares a fines de 2016, prácticamente el triple en relación con el PIB. Otro elemento, con escaso espacio en los medios hegemónicos, indica que el sector público nacional registró en junio un déficit de 57.587 millones de pesos, también el triple del mismo mes de 2015.
Ruidazo. Distintos sectores de la población salieron a protestar por los incrementos de tarifas. (Kala Moreno Parra)
ta de La Nación, Julio Rajneri, sentenció: «Esta es una batalla cultural en donde por primera vez las ideas de la democracia capitalista han alcanzado un volumen electoral levemente superior al de los representantes de las ideas anticapitalistas (…) Luchar contra la inflación requiere medidas impopulares (…) No es que los gobernantes que la aplican sean crueles o increíblemente estúpidos. Es que no hay alternativa que no sea recesiva».
En operaciones
Claro que para que el plan oficial logre desarrollarse, debe completarse con represión. Mientras en el ingenio Ledesma los trabajadores eran agredidos salvajemente por las fuerzas de seguridad, en San Salvador de Jujuy quedaban detenidos e incomunicados Raúl Noro, de 73 años, esposo de Milagro Sala, y otras tres integrantes de la organización Tupac Amaru, acusados de asociación ilícita y administración fraudulenta. «Lo único que puedo decir con certeza es que estamos viviendo un Estado policial militar, igual que en la época del proceso pero restringido en este momento a la provincia de Jujuy», puntualizó Noro en un video que grabó poco antes de ser apresado y trasladado al hospital Pablo Soria por su estado de salud.
En tanto, fracasó otra operación destinada a inventar causas que justifiquen la ilegal detención de Sala, cuya libertad exigió en conferencia de prensa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los intentos de vincularla con la propiedad de un automóvil de alta gama, que pertenecería a Eduardo Camusso, dueño de Jujuy Nortelevisa S.A., cayeron cuando el empresario, participante de la campaña del gobernador Gerardo Morales, denunció la existencia en las redes de un documento apócrifo que pretende relacionarlo con la líder social.
Más señales inquietantes en materia de libertades públicas fueron emitidas por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien destinó más de 1.500.000 pesos para una empresa que se dedicaría a controlar a los docentes a través de las redes sociales. Oficialmente se trata de un «observatorio analítico» para investigar problemáticas educativas, pero fuentes sindicales aseguran que se busca monitorear a maestros y profesores. A ello se agrega la prisión domiciliaria que por decisión judicial favorece a unos 50 genocidas.
Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU tuvo severos conceptos sobre el comportamiento del Estado argentino, al cual insta a «revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión», al tiempo que señala la lentitud con la que se investigan las responsabilidades de los grupos económicos en delitos de lesa humanidad, destaca la persistencia de las prácticas de tortura, las detenciones arbitrarias, el uso de las comisarías como lugares de detención permanente, y exige tomar «todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito».
