1 de agosto de 2022

Francisco Peralta / Desde Esquel

Pese a la reciente declaración de una testigo que aporta nuevos elementos para la investigación, la causa continúa frenada, a la espera de una definición de la Corte Suprema. 

Santiago Maldonado fue desaparecido hace cinco años cuando acompañaba a una comunidad mapuche de Chubut que mantiene una disputa de territorio con la multinacional Benetton. Huía de la violencia represiva de gendarmes que actuaron bajo el mando de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de su jefe de Gabinete, Pablo Nocetti y los superiores de esa fuerza federal. Apareció flotando muerto en el río 77 días después. Su caso sigue impune. Desde hace más de dos años la causa está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que debe determinar qué juez debe continuarla. De este modo, se le sigue negando a su familia la posibilidad de saber mediante una investigación imparcial la verdad de lo que pasó, o al menos una parte de la verdad, la que se debería haber reconstruido en ese momento y que fue prolijamente ocultada y lanzada a oscuros y confusos caminos de encubrimiento. 28 peritos firmaron la autopsia del cuerpo. Dijeron que la causa física de su muerte fue ahogamiento e hipotermia. No pudieron determinar la fecha de muerte. 
La familia y expertos independientes señalaron numerosas incongruencias con esa afirmación. Incongruencias a las que se suman decenas de dudas, ausencias, preguntas y una gran cantidad de construcciones de sentido amplificadas al infinito por los mismos medios que magnificaron entonces las versiones falsas sobre su paradero y alimentaban versiones de lo sucedido dignas de una película clase zeta. Versiones que aun hoy –y no casualmente– activan los trolls en el universo virtual, cada vez que aparece una noticia que puede hacer tambalear la «verdad» construida por el Gobierno de entonces, avalada por la justicia y poco cuestionada en los hechos por el Gobierno actual hasta ahora. Nadie está preso. Solo un gendarme fue imputado, sobreseído y nuevamente imputado. Pero no hay quien le pregunte nada, ni a ese gendarme ni a nadie.  Porque hay causa, pero no hay juez que vaya a actuar.

Testimonio clave 
En mayo de este año una mujer gendarme que actualmente está en disponibilidad, denunció ante el fiscal federal de Esquel una serie de situaciones que vivió en el escuadrón 36 de Gendarmería en aquellos días de 2017. Contó que había escuchado a dos gendarmes decir que habían detenido a un «hippie» en la zona del campo de Benetton, donde ellos mismos señalaban que tenían una unidad de Gendarmería. También contó que el segundo comandante de Esquel, Juan Pablo Escola, se jactaba ante su jefe Pablo Badié de tener contacto directo y permanente con el Ministerio que conducía Bullrich. Y que el mismo Escola le dio una caja con trapos, celulares y un arma para que le guarde durante el primer allanamiento que hizo el juez Otranto en el escuadrón de Esquel. Agregó, además, que los relatos que escuchaba en su trabajo esos días coincidían en que lo tenían detenido a Santiago para sacarle información sobre sus compañeros y que se les había ido la mano. 
La gendarme que decidió hablar en sede judicial después de cuatro años y medio mencionó en su declaración a más de 15 personas. El fiscal Federico Baquioni advirtió que los relatos de la denunciante guardaban vital relevancia con la investigación que se desarrolla en el marco de la Causa Nº FCR 8232/2017 caratulada «ECHAZU EMMANUEL s/ DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA (ART. 142 TER)» y remitió la testimonial al juez Gustavo Lleral, el mismo que concluyó que Santiago Maldonado ingresó al río solo y que los funcionarios de Gendarmería no tuvieron ninguna responsabilidad en su desaparición y muerte. Por eso la familia insiste con la urgencia de que la Corte Suprema se expida sobre el recurso que presentaron en marzo de 2020 para decidir cómo se continúa la causa. El tiempo de actuación es, particularmente en esta causa por sus características, un elemento crucial para poder salir de la inmovilidad y empezar a despejar dudas y acercar respuestas. 
El caso de Santiago Maldonado no es un caso más de violencia institucional, que ya de por sí ameritaría todo el repudio de la sociedad. Es un caso paradigmático porque tiene fundados indicios de ser un crimen de Estado, que hasta aquí ha logrado mantenerse impune. Un caso que se asienta en las bases mismas del sistema judicial y político argentino y que de no resolverse con las garantías mínimas y necesarias que les cabe a las víctimas, socava la seguridad y libertad de toda la ciudadanía. Un caso en el que todo hace suponer que cuenta con una enorme cadena de complicidades, ocultamientos, desviaciones y silencios.
En las últimas décadas el pueblo argentino logró los más altos niveles en la consecución de verdad y justicia para con crímenes cometidos por los usurpadores del Estado durante la última dictadura genocida. Los hechos que rodearon la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado fueron causados por el Gobierno de Mauricio Macri y sus diferentes socios locales, políticos y empresariales. El Gobierno que reinstaló la lógica de un enemigo interno; que asesinó al joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda y extraditó a Chile al hombre que acompañaban tanto él como Santiago. El Gobierno que reprimió a fuego la protesta social. Que espió a víctimas. Que persiguió y encarceló a decenas de dirigentes sociales y políticos en nuestro país. Que generó un profundo ciclo de endeudamiento externo y su consecuente proceso de empobrecimiento y dependencia del conjunto del pueblo trabajador argentino. Ese Gobierno vino a destruir el universo simbólico de esperanza y dignidad que se construyó a partir de aquel proceso de memoria, verdad y justicia. Fue derrotado en las urnas en 2019, pero aún mantiene muy activos los resortes que le permitieron saquear otra vez la Argentina. Ojalá el Gobierno actual pueda romper el cono de sombra siniestra que aún se sigue proyectando en casos como el de Santiago Maldonado. Debería ser justicia.

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