31 de octubre de 2018
La misa, la oración ecuménica y, en síntesis, el hecho político institucional del 20 de octubre, con la basílica de Luján como telón de fondo, con Hugo Moyano y otros dirigentes sindicales, de movimientos sociales y políticos en el auditorio se convirtió en la frutilla del postre de una incómoda relación del gobierno con la jerarquía de la Iglesia Católica. Una realidad que se arrastra desde hace un año cuando el obispo Oscar Ojea fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal. Si bien se trata de una elección democrática en la que cada obispo expresa secretamente su decisión, en la Casa Rosada siempre conjeturaron que la llegada de Ojea a la presidencia fue por lo menos una sugerencia de Jorge Bergoglio. Es una especulación imposible de comprobar, pero no se puede negar que esta conducción episcopal responde de manera más genuina que la anterior a las grandes orientaciones del papa Francisco, muchas de las cuales entran en abierta contradicción con el modelo económico de Cambiemos.
El acto de Luján debe leerse como una expresión más de acercamiento entre la dirigencia de la Iglesia Católica y un grupo de líderes sindicales y de movimientos sociales. Aproximación que se asienta en relaciones generadas en el territorio, pero también en la preocupación mutua por el riesgo de una ruptura en la «paz social». Unos y otros perciben los mismos síntomas. Los primeros buscan ponerse a la sombra de la Iglesia que, por motivos diversos, extiende su manto.
El gobierno descree de todo. A Luján suma la reunión del obispo Jorge Lugones con Moyano, el apoyo del nuevo arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, a los trabajadores de Astilleros Río Santiago y, más lejano en el tiempo, el encuentro de Ojea con los organismos de derechos humanos. Entre otros hechos. Y detrás de todo ello al papa. Solo ve confabulaciones en su contra.
