26 de noviembre de 2022
En el marco de los juicios de lesa humanidad en Mendoza, el MEDH –a cargo de la querella– apuesta a un importante recurso de reparación histórica en democracia.
Reparación. El Estado tiene una deuda pendiente: llegar a la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas.
Foto: Télam
«Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido», respondía el dictador Jorge Rafael Videla, en conferencia de prensa, en diciembre de 1979. Es esa misma incógnita la que permanece a lo largo de más de cuatro décadas en la búsqueda por memoria, verdad y justicia; y por la que, desde Mendoza, se pide que las instituciones busquen a quienes desaparecieron durante la dictadura cívico militar.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), en su carácter de querellante, solicitó, durante los alegatos de cierre del noveno juicio de lesa humanidad en la provincia, que la Justicia ordene al Ejército, a la Policía de Mendoza y Federal, a la Iglesia Católica y el Registro Civil –entre otras instituciones–, que implementen acciones de búsqueda para hallar los cuerpos de las y los desaparecidos. Se busca que el tribunal no solo condene a los acusados sino que además aplique «medidas de acción reparatoria».
«El Estado tiene una deuda pendiente que es llegar a la verdad sobre el destino de las personas desaparecidas. Los autores de estos hechos están llegando al final de sus vidas sin decirnos qué hicieron con los cuerpos. Se van a morir con ese acuerdo cruel que no ha dejado descansar en paz a ninguna de las personas que representa esta querella», remarcó la abogada especialista en derechos humanos, Viviana Beigel, durante su alegato en el juicio que investigó por primera vez al Destacamento 144 de Inteligencia del Ejército y a la Fuerza Aérea. Además, incluyó nuevos procesados por el Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y la Comisaría Séptima. Son ocho causas acumuladas que transitan su etapa final, con 3 personas desaparecidas, 57 asesinadas y una extensa lista de sobrevivientes.
Involucrados
Por su parte, el fiscal Daniel Rodríguez Infante pidió prisión perpetua para 17 de los imputados, en el juicio que investigó a quienes cumplieron el rol de espías de las organizaciones políticas. «Se acusó y se juzgó a las estructuras de la inteligencia, pero no se logró saber la verdad de lo ocurrido con los desparecidos y nietos. Esto por el pacto de silencio que continúa, por eso vamos a solicitarle al tribunal que ordene una medida de acción reparatoria para la búsqueda efectiva del destino de las personas desaparecidas, ordenando a las instituciones que fueron partícipes del genocidio en nuestro país y que hoy cuentan con estructuras democráticas, que se insertan en el Estado de derecho, inicien instancias efectivas, proactivas y reales de búsqueda», sostuvo Beigel.
Además, la especialista en derechos humanos sumó a la Iglesia Católica mendocina, ya que «hoy tenemos un obispo que ha comprendido la necesidad de reparar a las víctimas del genocidio participando de una multitudinaria ceremonia donde se propuso como ejemplo de vida a Enrique Angelelli». Al ser consultado por Acción, Marcelo Colombo, arzobispo de la Arquidiócesis de Mendoza, expresó que toma este pedido con la seriedad y responsabilidad que reviste. «El MEDH es una institución muy seria, de gran prestigio adquirido por su actuación en los tiempos de la dictadura militar. Mi diócesis de origen en Quilmes con su primer obispo, Monseñor Novak, fue fundadora y él su copresidente hasta su muerte en 2001. Memoria, verdad y justicia no son palabras de un slogan, ciertamente nos urgen a contribuir desde los distintos lugares que ocupamos y hacer todo lo que dependa de nosotros». Para finalizar, Colombo aseguró que «en todo lo que podamos aportar estaremos disponibles a los requerimientos de la Justicia a partir de este nuevo planteo».
