Más de 70 gremios impulsan un frente que tiene como núcleo central el rechazo al esquema social y económico que lleva adelante el macrismo. Contactos con sectores del PJ con vistas a las elecciones 2019. Nueva etapa en la Corte Suprema de Justicia.
27 de septiembre de 2018
La velocidad de la crisis, en la que asoma una profunda recesión y una desocupación de dos dígitos en el horizonte, se transformó en un catalizador político para la oposición. Mientras reina la efervescencia en el peronismo, sobre todo ante el advenimiento de las definiciones electorales para 2019, en el ámbito gremial surgió un frente combativo que se distancia del más que mesurado triunvirato de la CGT. Se trata del Frente Sindical para el Modelo Nacional que está encabezado por tres pesos pesados: Hugo Moyano (Camioneros), Ricardo Pignanelli (SMATA) y Sergio Palazzo (La Bancaria y líder de la Corriente Federal).
Decidido a articular con los distintos sectores en que está dividido el PJ, este frente sindical que aglutina a más de 70 gremios se lanzó públicamente el 20 de septiembre en el microestadio de Ferro y menos de una semana después debutó en las calles (en la masiva marcha del 24 de septiembre impulsada por las dos CTA) y se plegó al muy contundente cuarto paro general que el movimiento obrero organizado en su conjunto realizó contra la gestión de Mauricio Macri el 25 del mes pasado. Curiosamente, mientras transcurría la medida de fuerza, el presidente intentaba en Estados Unidos cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, al mismo tiempo, renunciaba el titular del Banco Central, Luis Caputo.
A diferencia de la CGT, el plan de lucha de este grupo es ambicioso. Mientras prepara una gran marcha a Luján junto a movimientos sociales para el 20 de octubre bajo el lema aglutinador «Paz, pan y trabajo», milita el rechazo en el Congreso Nacional del Presupuesto 2019, que el gobierno apura a instancias del FMI. El frente llama a la unidad «del movimiento nacional y popular» y se reúne con los sectores del PJ con presencia en el Congreso. Ya mantuvo contactos con las bancadas del Frente para la Victoria y el Frente Renovador y en su agenda también hay gobernadores, intendentes bonaerenses, senadores, movimientos sociales y autoridades del Partido Justicialista, tanto nacionales como provinciales.
Desde el abordaje de cuestiones particulares, el Frente Sindical tiene una pretensión de máxima, a corto plazo: además de pelear por la conducción de la central obrera, busca ser el articulador de un espacio electoral, tal como lo anunciaron sus referentes en Ferro, cuando llamaron a la conformación de un Frente Popular, Nacional y Patriótico de cara a 2019. Destacan que cuentan a favor con el acercamiento entre Hugo Moyano y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quienes limaron asperezas del pasado en pos de una alianza que los nutra de fuerza para enfrentar al macrismo.
Sin embargo, en la CGT priman los «equilibristas», quienes aún no desean romper relaciones con el gobierno de Macri. Allí destacan «los Gordos» –los sindicatos más grandes– y los «independientes». Sus figuras son los dirigentes José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio), entre otros, quienes pretenden erigirse como «garantes de la gobernabilidad» en plena ebullición social, en sintonía con el peronismo no kirchnerista.
El cambio llegó al Poder Judicial
Los reposicionamientos políticos también llegaron a la Justicia. Después de 11 años, Ricardo Lorenzetti dejó de ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En lo que marca un cambio de época en el tercer poder del Estado, los ministros cortesanos eligieron que su sucesor sea Carlos Rosenkrantz, exabogado de grandes empresas como el Grupo Clarín e impulsor del fallo del 2×1 que benefició a genocidas de la última dictadura militar. Elena Highton de Nolasco, electa vicepresidenta, fue clave, ya que articuló para conformar mayoría junto con el nuevo presidente del cuerpo y Horacio Rosatti. La misma terna que sostuvo el fallo en favor de los represores.
Indefectiblemente, el cambio provocará una serie de reacomodamientos. Sobre todo, en los tribunales federales de Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles del país y Lorenzetti supo tejer una importante ascendencia. Una serie de movimientos posteriores a la votación de los cortesanos arroja un poco de luz sobre los escenarios que se abren. En la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el hombre fuerte del rafaelino, Martín Irurzun, fue puesto en jaque. El 13 de septiembre, desde el Consejo de la Magistratura, el oficialismo nombró en la segunda instancia de los tribunales de Retiro –mediante traslado– a Pablo Bertuzzi, titular del Tribunal Oral Federal 4 que condenó al exvicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. De esta forma busca eclipsar el poder de Irurzun. Una vez que el Senado confirme el traspaso, el macrismo habrá designado a tres de los cuatro jueces de ese tribunal que revisa lo que hacen los 12 juzgados federales de Comodoro Py. A su vez, poco después del empoderamiento de Rosenkrantz, Claudio Bonadio definió más de 40 procesamientos en el caso de los cuadernos, apuntando fundamentalmente a la expresidenta como jefa de una asociación ilícita.
Con la nueva gestión, es un interrogante el futuro de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), una especie de mini-AFI paralela que está bajo la órbita del Tribunal Superior. A eso se suma la preocupación que reina entre los jueces, quienes ahora ven inevitable un ajuste: esperan que el gobierno avance más temprano que tarde sobre intereses corporativos como el pago de Ganancias –la inmensa mayoría de los magistrados está exento–, y con un recorte de gastos general. Habrá que esperar a que decanten las modificaciones para conocer las novedades. Pero en tribunales saben que es solo una cuestión de tiempo.
