Comienzan a hacerse visibles los efectos de la restricción económica y las medidas oficiales de ajuste de las cuentas públicas. Despidos y aumentos de precios en alimentos, entre las principales preocupaciones populares.
12 de septiembre de 2018
Receta. Mientras se multiplican protestas y reclamos, también crece la presencia policial y la represión como respuesta institucional. (Juan Vargas)
En Córdoba, en Rosario, en Moreno, en Berisso –donde se produjo la mayor movilización desde el 17 de octubre de 1945– y en todas las ciudades del país, centenares de miles de ciudadanos salieron a resistir el ajustazo que –según todos los analistas económicos– va a arrasar con los ingresos de trabajadores formales e informales, jubilados, pequeños comerciantes y beneficiarios de planes sociales.
Mientras los grandes medios ignoran esta realidad, fruto del desmanejo gubernamental de la crisis generada por las propias políticas que se implementaron, y el presidente Mauricio Macri intenta relativizarla con metáforas meteorológicas, la inmensa mayoría de los argentinos, sometida a un bombardeo constante sobre los alcances de la cotización del dólar y el comportamiento de los mercados, está mucho más preocupada por la conducta de los supermercados que, sin demoras, incrementaron el precio de los componentes de la canasta familiar en un 15% de promedio, apenas un anticipo de lo que sucederá en las próximas semanas.
El pan, un producto simbólico en la historia alimentaria de la humanidad, al punto de que hace siglos los egipcios lo utilizaban como moneda para abonar los jornales, elevó su costo hasta un nivel impagable para los sectores de menores recursos. Con el salario mínimo –que ya no es vital ni móvil– se adquieren no más de 120 kilos mensuales y no queda ni una moneda para nada más. De allí el reclamo de que se lo considere un bien social y se le fije un valor que le devuelva su tradicional presencia en la mesa familiar. No se trata de una reivindicación «populista», como afirman quienes pretenden el precio del trigo atado a su cotización internacional, sino de una respuesta básica a las necesidades populares. Ya en la antigua Roma, el tribuno de la plebe Tiberio Graco propuso el reparto de grano subvencionado, medida que, rechazada por los senadores, fue puesta en práctica 70 años después por el emperador Pompeyo a causa de graves disturbios que solían coincidir con las hambrunas.
Ante la gravedad de la situación, el gobierno solo atinó a resucitar el programa de Precios Cuidados, implantado por el kirchnerismo y que había sido denostado por los comunicadores y dirigentes de Cambiemos durante la campaña electoral. Tal vez por ello, el ortodoxo secretario de Comercio, Miguel Braun, fiel a sus principios neoliberales, delegó la implementación de la medida en el subsecretario Ignacio Werner. Los nuevos precios reflejan que, como gusta afirmar Macri, «pasaron cosas». La leche, que en 2014 integraba la lista a $6,90, ha vuelto a aparecer en ella a $27,24, casi un 400% más en cuatro años.
No puede extrañar entonces que ocho millones de chicos vivan en la pobreza –un estigma que el macrismo prometía eliminar– y más de la mitad de ellos pase hambre. Según la Unicef, la desnutrición durante el embarazo provoca retraso mental y físico, baja talla y dificultades en el aprendizaje. Pero además, las posibilidades de morir antes del primer año de vida son tres veces superiores en Formosa que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los decesos se encubren bajo un eufemismo: «paro cardiorrespiratorio».
En declaraciones en el programa Mal aconsejados, de Radio Caput, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban Gringo Castro, aseguró que el Conurbano es una bomba de tiempo y añadió: «No sé qué hay que hacer para que este gobierno reflexione sobre lo que está pasando y les saque plata a los que más tienen. Hay que volver a retenciones al 35% y tomar medidas de emergencia». No por casualidad los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires están totalmente desabastecidos y en aquellos que funcionan en centenares de establecimientos donde hay problemas de infraestructura que ya habían sido denunciados por el gremio docente, se está entregando como único almuerzo un pan de Viena con dos fetas de queso de máquina. En la propia Ciudad Autónoma, se ha reemplazado por lentejas la carne picada del pastel de papas. Otra clara señal es que la financiación con tarjetas de crédito, según el Banco Central, ha crecido el 38,4% interanual.
Desbordes
La imposibilidad de acceder a una alimentación adecuada genera angustia y violencia, factores que explican los episodios que se produjeron en Mendoza, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Mar del Plata, Chaco, Luján y 3 de febrero, y que ya han costado la vida de un pibe de 13 años. Los movimientos sociales y algunos intendentes, paradójicamente vilipendiados y ninguneados por la alianza gobernante, se han constituido en una barrera de contención para evitar el desborde. En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene su propia receta para afrontar la coyuntura: acusa de fogonear la catástrofe social a integrantes de una malvada entente kirchnerista y multiplica patrullajes intimidatorios en los barrios populares.
En materia laboral, la cantidad de despidos y suspensiones es una bola de nieve que crece día a día. Según los propios datos del antiguo Ministerio de Trabajo –hoy relegado a la condición de Secretaría– desde que gobierna Cambiemos se destruyeron 90.000 empleos formales. Además, de los 7.770 trabajadores registrados mensualmente –el promedio del período 2012/2015 fue de 23.632– la mayoría, 6.355, son monotributistas, es decir que están flexibilizados y carecen de ciertos beneficios sociales. Sería interminable detallar los cierres de fábricas y comercios que ocasionan cesantías y suspensiones en el sector privado. En el público –además de los despidos en el INTI, Télam, agricultura familiar, los astilleros–se ha comunicado la baja de 7.000 contratos temporales con las universidades por asistencia técnica que vencen el 31 de diciembre y es inminente el anuncio de que otros 10.000 de la planta permanente serán echados en los próximos meses en distintos sectores de la administración.
Otra fotografía de la crisis muestra a familias enteras durmiendo en las calles de las principales ciudades porque la falta de trabajo, los altos costos de los servicios y los alquileres les vedan acceder a una vivienda. Al respecto, el Frente Nacional de Inquilinos porteño ha difundido datos basados en más de 5.000 encuestas que permiten comprender la difícil situación de aquellos que no están en condiciones de adquirir una vivienda propia, problema que se ha agravado a raíz de las altas tasas de interés que impiden solicitar créditos para ese fin. El brutal incremento en el precio de los alquileres, sostiene la entidad, es superior a la inflación y duplica el promedio de los aumentos salariales, a lo que debe sumársele el costo siempre creciente de las expensas, los servicios y los impuestos, todo lo cual determina que los locatarios deban destinar hasta el 70% de sus ingresos a mantener la casa o departamento en el que viven. Para mensurar la dimensión del problema, basta con señalar que, según la Dirección General de Estadística y Censos de la CABA, solo en el primer trimestre de este año se produjo una suba del orden del 31,5% en el arrendamiento de monoambientes y de 34,3% para los de dos ambientes y que uno de cada tres porteños habita una propiedad alquilada.
