21 de octubre de 2014
Tras el anuncio del retiro de Zaffaroni se inició la puja por su reemplazo. Contrapunto, en clave de campaña, entre Gobierno y oposición por las propuestas derogadoras y el Arsat 1.
i hay una virtud que propios y ajenos le reconocieron a la gestión del ex presidente Néstor Kirchner fue la forma en que modificó la Corte Suprema de Justicia. Aquel tribunal que avaló el desguace del Estado y obvió los modos espurios con que se consiguieron las mayorías legislativas para el proyecto neoliberal del presidente Carlos Menem, cambió rotundamente cuando, entre las primeras acciones que tomó el gobierno de Kirchner, promovió un juicio político a los miembros de la denominada «mayoría automática» del menemismo.
Se hacía eco de un reclamo popular que llegó a las puertas del Palacio de Justicia, donde también se escuchó el «que se vayan todos». Como se recordará, Menem amplió entre gallos y medianoche la cantidad de jueces supremos de los 5 con que tradicionalmente había funcionado el tribunal a 9. Un sencillo expediente que le permitió –tras la renuncia de los jueces Jorge Antonio Bacqué y José Severo Caballero, en rechazo a la súbita medida– designar a 5 jueces propios, con lo que tomó el control del máximo organismo judicial del país. Por eso el reclamo surgido el 20 y 21 de diciembre de 2001 incluía a la Corte.
La novedad que incorporó Kirchner fue que se autolimitó en las atribuciones que la Constitución le dejaba al presidente y mediante el decreto 222 de 2003 creó un mecanismo por el cual los postulantes a jueces del máximo tribunal deben someterse a un sistema de impugnación público. El Poder Ejecutivo publica los antecedentes del candidato elegido en los principales medios de comunicación del país para que cualquier ciudadano pueda hacer las impugnaciones que considere oportunas. Luego, el Senado debe aprobar la designación con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Un avance en la senda de la transparencia que figura aún hoy en el haber del fallecido ex mandatario.
Así llegaron a la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Reemplazaron en sucesivos ingresos a algunos que habían elegido retirarse antes que someterse al veredicto legislativo, como Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López y otros que fueron destituidos por el Congreso: Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O’Connor.
Si algo caracterizó a la Corte de la era kirchnerista es que nunca se la pudo tildar de afín al Gobierno. Más bien, en muchos casos los miembros que para los analistas políticos podrían considerarse más cercanos al Ejecutivo, como es el caso de Zaffaroni, votaron en sentido contrario a las aspiraciones del Gobierno nacional.
La muerte de Argibay y de Enrique Petracchi con pocos meses de diferencia y el anunciado retiro de Zaffaroni en enero de 2015, cuando cumple 75 años, plantean el fin de una etapa. El cambio se cursa en medio de disputas electorales que se adelantan aunque falta mucho para las elecciones presidenciales. Desde la oposición, con el senador radical Ernesto Sanz a la cabeza, se apresuraron en sostener que el gobierno debería abstenerse de designar al reemplazante de Zaffaroni. El argumento, sin asidero legal, consiste en que no le corresponde nombrar un juez porque es un gobierno que está en el segmento final de su mandato. Para que Fernández de Kirchner deje el cargo faltarán en enero once meses y ningún artículo en la Constitución dice que hay un fin de gestión antes de que venza el período para el cual un gobierno es electo.
Este clima de fin de época adelantado, más como expresión de deseos que como realidad, hizo tropezar a encumbrados precandidatos, como el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; el diputado bonaerense Sergio Massa; el santafesino Hermes Binner o el mencionado Sanz. Representantes de espacios diferentes pero que convergieron en prometer la derogación de leyes sancionadas por el Congreso Nacional durante las gestiones kirchneristas. Massa fue más lejos y dijo haber formado una comisión dentro de su espacio, el Frente Renovador (FR), integrada por miembros de su equipo económico junto con la diputada Graciela Camaño para «desarmar el tejido de chavismo normativo» que, según el ex alcalde de Tigre, fue creando el kirchnerismo. El líder del FR ya se había puesto a la cabeza de las críticas contra el proyecto de reforma del Código Penal, que se había elaborado mediante un equipo de trabajo conformado por representantes del PRO, el socialismo, la Unión Cívica Radical y el justicialismo. Como sea, el «discurso derogador» levantó críticas desde el oficialismo, que alertaron sobre la verdadera intención de los dirigentes que promovieron esa consigna. «¿Sobrevivirán la movilidad jubilatoria, las asignaciones sociales, seguirán los planes Procrear y los planes de empleo joven?», deslizó de un modo nada inocente el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. «Es importante precisar de qué leyes hablan, porque eso «revela al pueblo qué derechos piensa quitar la oposición y revela las omisiones que tienen que ver con los derechos humanos», abundó el abogado laboralista.
De inmediato, los precandidatos opositores intentaron salir de una trampa a la que nadie los había empujado. Se revisarán leyes, dijeron, pero no las medidas que afecten a las clases populares, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), por ejemplo. Desde el FR desafiaron entonces a que el Gobierno imponga la AUH por ley. Todos prefirieron decir que mantendrán YPF en manos estatales y que el sistema de jubilaciones no volverá a caer en manos privadas, pero nadie desmintió que entre las leyes revisables está la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Un dato adicional: los precandidatos aspiran a unir cabezas para definir las candidaturas cuando se hagan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Otra ley cuestionada en su momento pero a la que todos ahora encuentran virtudes y a la que recurrirán en la medida en que no hay liderazgos lo suficientemente sólidos como para obviar ese escalón en la búsqueda de consensos partidarios.
Alto en el cielo
El lanzamiento desde la Guayana Francesa del satélite Arsat 1 motivó también la satisfacción del oficialismo por el significativo logro de una política de apoyo al desarrollo científico, y demostró, una vez más, la importancia estratégica de la fuerte presencia estatal en esta materia. Por otra parte, quedaron expuestos ciertos planteos en clima preelectoral. A principios de setiembre, Macri, que encarna abiertamente el discurso neoliberal, había dicho que «hay mucho despilfarro. Nunca vi un gobierno que malgaste tanto los recursos. Hacen empresas tecnológicas que no hacen falta, se generan empresas satelitales que no funcionan». Unos días antes, el 31 de agosto, Sergio Massa había publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente: «Pagarles el 82% móvil a los jubilados no, poner una heladera en órbita sí». Un mensaje irónico sobre las decisiones del gobierno de Cristina Fernández. Por entonces se ultimaban los detalles del inminente lanzamiento del satélite, el primero fabricado en Argentina con tecnología propia y que se fue desarrollando gracias al impulso de los técnicos e ingenieros que trabajan en INVAP, una empresa estatal de alta tecnología creada en 1976 con recursos del gobierno de Río Negro y de la Comisión de Nacional Energía Atómica. El proyecto Arsat representa un desafío porque pone al alcance del país productos y servicios cuya adquisición en el exterior requiere importantes recursos. Adquirir la capacidad de producirlos localmente instala al país en un escenario de alta presencia internacional. Por caso, si Brasil pudo desarrollar la fábrica de aviones Embraer es porque también supo aprovechar este nicho. INVAP, en tanto, tiene en producción el satélite Arsat 2, planifica el Arsat 3 y ya fabricó radares y exportó equipos de medicina nuclear.
No fueron pocos los medios que primero trataron de invisibilizar el lanzamiento del satélite, pero cuando advirtieron el alto nivel de audiencia que alcanzaban los canales donde se transmitía en directo, se dieron cuenta de su error. Al igual que había ocurrido en el festejo del Bicentenario y como sucede cotidianamente en Tecnópolis, subsiste un renovado sentimiento de orgullo nacional que el Gobierno supo interpretar mejor que la oposición. Macri, Massa y los demás precandidatos, entonces, también aplaudieron el esfuerzo y la pericia de los trabajadores de la empresa estatal y celebraron el acontecimiento. Lo mismo hicieron los medios, aunque sin tanto entusiasmo. Cristina Fernández, por su parte, no perdió la ocasión de ironizar diciendo que el satélite no se podrá derogar.
—Alberto López Girondo