A partir de la mejora lograda en el frente externo, el Gobierno prepara nuevas medidas y proyectos de ley para enfrentar la crisis económica y social profundizada por la pandemia. Miradas contrapuestas ante la problemática de la seguridad y el delito.
12 de agosto de 2020
Como en una carrera con obstáculos, el Gobierno saltó una valla con el acuerdo preliminar sellado con los bonistas. Pese a que faltan varios pasos que culminarían el 24 de este mes, el entendimiento con los grupos más importantes de tenedores de papeles de deuda argentina bajo legislación extranjera es un hecho (ver página 18). El presidente Alberto Fernández manifestó su satisfacción por el acuerdo y señaló que era un punto de partida para «poder proyectar el futuro».
Ese porvenir al que hace referencia el mandatario asoma cargado de graves problemas sociales y económicos, mientras en el presente se sufre el embate del COVID-19. Si bien desde el Ejecutivo apuntan a la pospandemia, todavía se desconoce cuándo y de qué modo saldrá el país de las restricciones causadas por la emergencia sanitaria y las medidas para controlar la difusión del virus.
Mientras el mundo enfrenta el resultado de la parálisis y las restricciones que impuso el COVID-19, en la Argentina ese impacto llega luego de 4 años de un Gobierno de corte neoliberal, que aplicó políticas económicas que arrasaron con miles de pymes y puestos de trabajo. En suma, la herencia macrista no fue únicamente la formidable deuda que ahora se está renegociando, sino que también puso al país ante el reto de revivir una economía destruida. El coronavirus vino a hacer aún más dificultoso el proceso. Para Fernández, en el marco de la búsqueda de generar más trabajo e ingresos de divisas para el país, hay cinco ejes que deben mantenerse como lineamientos de la acción de gobierno. Ellos son, según el presidente, desendeudamiento, acumulación de reservas, dólar competitivo, equilibrio fiscal y superávit comercial. «En todo lo que hagamos en política debemos respetar estas cinco reglas e ir buscando esos objetivos», señaló en una entrevista periodística. En ese contexto, el Ejecutivo planteó para la pospandemia la conformación de gabinetes temáticos integrados por equipos de varios ministerios, con el objetivo de agilizar el despliegue de políticas específicas para diferentes problemáticas. En tanto, exfuncionarios y periodistas alineados con el macrismo redoblan las críticas, luego del acuerdo, enfocados en la supuesta falta de un plan económico. Al respecto, alertó con certeza el periodista Alejandro Bercovich: «Cuando escuches que reclaman un plan económico, lo que en realidad piden, es un plan de ajuste».
El rol del Estado será fundamental para acicatear la reactivación. Los anuncios de proyectos de obra pública y la nueva edición del plan Procrear apuntan en ese sentido. Además, mientras el ministro Guzmán pujaba con los bonistas, el Congreso Nacional –en sesiones bajo protocolo de COVID-19– debatía y sancionaba leyes importantes como, entre otras, la moratoria impositiva, previsional y aduanera, la ampliación del Presupuesto 2020 y las condiciones para los bonistas en moneda extranjera con bonos sujetos a legislación local.
Temario para el día después
La agenda legislativa que se avizora comprende temas vinculados con las políticas públicas indispensables para afrontar la pospandemia. La crisis social en ciernes requiere de una fuerte inversión de recursos y esos recursos, además de los que se liberan tras la exitosa renegociación de una parte de la deuda, deben salir de algún lado. En tal sentido, el proyecto que apunta a establecer un aporte solidario a las grandes fortunas aparece como uno de los que deberían integrar el temario más urgente. Su autor, el diputado nacional Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, señaló que «nuestra idea es avanzar con la presentación del proyecto y su tratamiento en la Comisión». El diputado del Frente de Todos anticipó que «ninguno de los alcanzados por este aporte va a ser menos rico después de pagarlo».
El tratamiento de este y otros proyectos, entre ellos, la propuesta oficial de reforma de la Justicia federal, estará supeditado a la continuidad de las sesiones remotas en el Congreso. La principal bancada opositora, Juntos por el Cambio, anunció un eventual rechazo a continuar sesionando de ese modo. Luego de varios meses de sesiones bajo esa modalidad, que permitieron el debate y sanción de leyes trascendentes, la negativa parece ser un intento de trabar las iniciativas oficiales. Son miles los trabajadores que desarrollan cotidianamente su labor a distancia en el contexto de emergencia, y diputados y senadores ya lo hicieron durante este tiempo, por lo cual, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, no habría motivos para detener la marcha del Congreso. Sobre todo cuando varios legisladores que piden sesiones presenciales mostraron un desdén difícil de presentar cuando, convocados a intervenir o votar en una sesión, se hallaban atendiendo notas periodísticas. No faltaron sarcásticos comentarios acerca de la bancada de TN.
La crisis social y económica que deja tras de sí la pandemia tiene expresiones en diversos campos. Uno de ellos es el del delito y la seguridad. Tras un declive en la cantidad de hechos durante la parte inicial de la cuarentena, se registró un aumento de casos en el área metropolitana de Buenos Aires, especialmente en partidos del Conurbano. En este punto el Gobierno tiene un problema adicional a la propia política de seguridad que debe desarrollar: las inocultables divergencias internas que subsisten en la alianza oficialista. No parece sencillo compatibilizar la mirada y el abordaje de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con la prédica manodurista de su par bonaerense, Sergio Berni, y de otras figuras relevantes del armado oficialista como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Frederic reconoció en una reunión con legisladores que «los hechos delictivos están creciendo y tienden a ser más violentos». El punto es, ante la creciente preocupación ciudadana que generan estos episodios, cuál es la orientación que se impone en las políticas oficiales.
