16 de octubre de 2023
El Gobierno nacional anunció su intención de recuperar las 10.823 hectáreas que el magnate inglés ocupa a 6 kilómetros de la frontera con Chile. La lucha de los vecinos de la zona, clave para el reclamo.
En disputa. Tierras argentinas de la Patagonia en manos de un inglés.
Foto: Diega Belaunzaran Colombo
La causa por el libre acceso al lago Escondido tiene tantos capítulos como años que lleva irresuelta. Una nueva y destacada foja se sumó esta semana cuando el Ministerio del Interior de la Nación anunció formalmente su intención de recuperar para el Estado argentino las 10.823 hectáreas que fueron apropiadas ilegalmente en 1996 por el magnate inglés Joseph Joe Lewis, mediante su empresa inventada al efecto, Hidden Lake S.A., en un área ubicada en la provincia de Río Negro, a solo 6 kilómetros de la frontera con Chile y a 50 de El Bolsón.
La resolución 1063/2023 que rubricó el secretario del Interior, José Lepere, declara «lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a las sociedad Hidden Lake», e instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior a que «inicie acción judicial de lesividad contra Hidden Lake S.A.», con el fin de obtener la declaración de nulidad y así poder recuperar las tierras sin pagar ninguna indemnización por parte del Estado.
Ya hace más de 10 años que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había detectado que la compra de las tierras había sido realizada de manera fraudulenta por Lewis. En 2016, el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desechó el pedido del Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, de declarar la lesividad y archivó el expediente. Poco después, Balbín fue eyectado de su cargo por decisión del amigo de Joe, el presidente Mauricio Macri. Hace poco más de un año también se había pronunciado al respecto la Inspección General de Justicia que dictaminó la nulidad de la sociedad Hidden Lake y pidió su disolución por haber sido constituida en un acto de simulación, con abuso de derecho y actividad ilícita.
Restablecer la legalidad
El objetivo de la acción de lesividad no es otro que el de restablecer la legalidad, permitiéndole al Estado anular un acto administrativo que aun cuando haya generado derechos, está basado en fraudes y falsedades. Este objetivo de recuperar la legalidad es el que éticamente debería haber primado en el accionar de todos los funcionarios públicos a partir de las diferentes investigaciones que se sustanciaron. Sin embargo, esto no fue así. Por citar un ejemplo, si bien hubo más de diez sentencias favorables al reclamo ciudadano, hace apenas unas semanas el Superior Tribunal de Río Negro echó por tierra todos los esfuerzos por lograr el libre acceso al lago Escondido por el camino público de Tacuifí. Dijo que todos los fallos que habilitaban el camino de Tacuifí no tienen validez y que por lo tanto el camino que debe habilitarse como público es el de montaña, que solo pueden realizar montañistas experimentados tras una travesía de más de 80 kilómetros a pie y tres días por tramo.
Una vez más se intenta desairar el reclamo que desde hace años realizan vecinos de la región; las organizaciones que cada verano marchan convocadas por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA) y personas como la ex senadora nacional y actual legisladora provincial Magdalena Odarda, quien además de ser la amparista inicial del acceso público, es quien inició la demanda que toma ahora el Ministerio del Interior. Odarda criticó mediante un comunicado esta resolución del Tribunal y la calificó como «una verdadera herida al estado de derecho en Río Negro» ya que «aun conociendo la nulidad de origen de la operación de compra de las tierras que rodean al reservorio de agua dulce, falló a favor del magnate inglés». También agregó que este no es el único escándalo que rodea al tema ya que «el 15 de septiembre de 2021, la Sala III de la Cámara Federal de Casación con la firma de los Jueces Carlos Alberto Mahiques, Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci ratificaron el sobreseimiento por prescripción de la acción, de los funcionarios y empresarios imputados, entre los cuales se encontraba el hijo de Joseph Lewis, Charleston Lewis». El mismo Juez Mahiques, un año después de su fallo, fue parte de la comitiva VIP que reunió a empresarios, ex espías, funcionarios políticos y judiciales en la estancia de Lewis.
Entre los más ricos
Joseph Lewis es poseedor de una de las doce fortunas más grandes de Inglaterra y es uno de los 500 hombres más ricos del mundo, según el ranking que elabora la revista Forbes. El anciano británico de 86 años, criado en un barrio del oeste londinense, tiene una fortuna cercana a los 6.000 millones de dólares. Los primeros millones los consiguió vendiendo su propio negocio en 1979, pero su crecimiento más vertiginoso se produjo en septiembre de 1992, cuando junto a George Soros apostaron fuerte a la caída de la libra esterlina, que desencadenó el llamado miércoles negro en Inglaterra, con la quiebra del banco de ese país y el retiro de la moneda nacional del Mecanismo Europeo del Tipo de Cambio. Vive la mayor parte de su tiempo sobre un súper yate de más 200 millones de dólares que flota sobre las aguas de las Bahamas, lugar que eligió para vivir ya que es un paraíso fiscal donde no paga impuestos. Hoy es dueño de más de 200 grandes empresas que operan en más de 13 países.
En los últimos meses, Lewis volvió a estar en el candelero mundial por su detención en Estados Unidos. Allí, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) y la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusaron a Lewis por haber revelado ilegalmente información material no pública –a la que él accedió por ser controlante y propietario de fondos de inversión– a su entonces novia Carolyn W. Carter, así como a sus dos pilotos privados, Patrick J. O’Connor y Bryan L. Waugh. Con esta información, sus amigos ganaron cientos de miles dólares en tiempo récord. Por esa maniobra, Lewis se enfrenta a 19 cargos por fraude de valores y conspiración y tuvo que pagar una fianza de 300 millones de dólares para poder permanecer fuera de la cárcel bajo libertad vigilada. Mientras dure el juicio deberá permanecer en EE.UU. y en caso de probarse los delitos puede enfrentar la pena de prisión de hasta 25 años por uno de los cargos más graves. Luego de la acusación, el fiscal neyorquino Damián Williams expresó que «nada de esto era necesario. Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas».
Un caso testigo
Si en Argentina la Justicia cumple con su deber y comprueba que la compra que Lewis hizo en 1996 fue en fraude a la ley y la protección que corresponde por ser área de frontera, el pueblo argentino podría volver, después de 27 años, a ejercer su soberanía sobre este territorio y su lago.
Mientras tanto, el próximo 5 de noviembre en El Foyel, paraje donde se encuentra la tranquera de acceso al camino de Tacuifí, los vecinos y las organizaciones están organizando el «4to. Encuentro desde la Cultura camino al lago Escondido», que contará con la presencia de numerosos artistas, entre ellos el jujeño Bruno Arias y que tiene, al decir de los organizadores, el objetivo de «poner en la agenda pública nacional la gravedad de lo que vemos como la punta de un iceberg, la extranjerización de la tierra con el lago Escondido como caso testigo». Ojalá esa música llegue a los tribunales del fuero contencioso administrativo federal.
