12 de diciembre de 2018
Una vez más, la acción mancomunada de las confederaciones representativas de la economía solidaria logró impedir que se consagrara una norma confiscatoria para las cooperativas y mutuales de crédito, seguros y reaseguros.
Como corolario del intenso trabajo de incidencia parlamentaria realizado por nuestro sector, la Cámara de Diputados dio media sanción el jueves 6 de diciembre, con 174 votos afirmativos, ninguno en contra y dos abstenciones, al proyecto que modifica el artículo 126 del Presupuesto 2019 que incorpora un aporte especial para las cooperativas y mutuales.
Cabe señalar que el proyecto original del oficialismo fijaba una alícuota máxima del 6% sobre el capital de nuestras entidades. Un porcentaje claramente confiscatorio que iba más allá del afán recaudador, porque apuntaba a limitar y disminuir significativamente la presencia de dos ramas emblemáticas de la economía solidaria en beneficio de las empresas lucrativas y el capital concentrado.
Al igual que a fines de 2017, frente al intento de eliminar la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para las cooperativas y mutuales mencionadas al comienzo de esta nota, en esta oportunidad hubo que recorrer los despachos de todos los bloques, para explicar por
enésima vez que dicho tributo no nos corresponde por la simple razón de que no hay ganancias, no hay objetivo de lucro sino de servicios para los asociados y la comunidad. En este recorrido encontramos muchas coincidencias y adhesiones que valoramos, pero también la persistencia de prejuicios y enfoques opuestos.
Con la finalidad de exhibir una clara voluntad contributiva, el movimiento cooperativo propuso la alternativa de aportar un porcentaje mayor al 2% sobre el patrimonio que fija la ley 23.427 desde 1986.
La prédica dio sus frutos, tanto por la contundencia de los argumentos como por el hecho clave de haber mostrado un frente unido de todo nuestro espacio.
El resultado obtenido –al que calificamos de exitoso, sin perjuicio del esfuerzo que implicará– es una alícuota comprendida entre el 3% y el 4% sobre el patrimonio.
Un nuevo logro de la integración institucional que salió fortalecida de esta contienda y resultará de vital importancia para encarar los nuevos desafíos. Uno de ellos es fijar una estrategia compartida para lograr una mayor visibilidad de nuestras realizaciones y asegurar una mayor incidencia sobre los poderes públicos.
