Entre los desafíos de política exterior sobresalen el vínculo con Brasil y el futuro del Mercosur. En el ámbito local, se revierten polémicas cesiones de inmuebles a la Ciudad y se proyectan cambios en el sistema judicial, pese a las reacciones corporativas.
28 de febrero de 2020
Palacio de Itamaraty. Los cancilleres de Argentina y Brasil, Felipe Solá y Ernesto Araújo: primer encuentro desde el cambio de Gobierno. (Cancillería)
Las relaciones entre Brasil y la Argentina y la reformulación del Mercosur son cuestiones a resolver en el corto plazo. Si bien la incontinencia verbal del presidente Jair Bolsonaro ha dificultado las negociaciones, es inevitable que los mandatarios de ambos países arriben a consensos en busca de beneficios mutuos. Los primeros pasos se dieron en las reuniones mantenidas en Brasilia por el canciller Felipe Solá con su par brasileño, Ernesto Araújo, y con el propio Bolsonaro.
Sucede que Brasil es el mayor mercado de exportación e importación de la Argentina, y nuestro país, a su vez, es el tercer mayor mercado de exportación e importación de Brasil. El comercio total entre las dos naciones ascendió en 2018 a 58.700 millones de dólares. Las inversiones brasileñas se dirigen principalmente hacia el cemento, la minería, el acero, los textiles, los cosméticos y los alimentos y bebidas. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el 40% de la inversión directa en la Argentina proviene de Brasil.
El rumor de que Alberto Fernández no asistiría a la asunción del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou para evitar el encuentro con su par brasileño y con el mandatario chileno Sebastián Piñera y la autodesignada Jeanine Áñez, de Bolivia, una verdadera cumbre de la derecha sudamericana, fue desmentido por la Casa Rosada con un argumento incontrastable. El 1º de marzo, día en que se realizó ese acto, se inauguraban las sesiones del Congreso Nacional.
No obstante, son muchos los escollos a superar. Brasil y Uruguay, por ejemplo, coinciden hoy en concretar acuerdos comerciales bilaterales con las grandes potencias, que no favorecen la integración continental. Las declaraciones del flamante canciller oriental Ernesto Talvi no dejan lugar a dudas: «Estamos comprometidos con esta nueva dinámica de negociar tratados y conseguir accesos a los principales mercados del mundo. Brasil está comprometido, Paraguay también y Argentina va a ser pragmática y tendrá que sumarse al resto».
Nada indica que las negociaciones en curso vayan a ajustarse a este esquema, funcional a los intereses de Estados Unidos, aunque también es verdad que las condiciones imperantes impiden cualquier intento rupturista. Pero quedan demasiados asuntos pendientes que requieren combinar firmeza y paciencia. Y no solo con Brasil. El diario digital La Política Online precisó la existencia de dos focos de conflicto con Uruguay que no pueden subestimarse: el lobby británico que logró que se realizaran 13 vuelos militares a Malvinas pese a las protestas argentinas y la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM –ex-Botnia–, a pocos kilómetros de Paso de los Toros, a la vera del río Negro, a 237 kilómetros de la desembocadura en el río Uruguay, límite entre ambos países.
Según el citado medio, la planta comenzará a funcionar en 2020, sin que se haya cumplimentado el pedido de consulta previa a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La Cancillería argentina, a su vez, habría tenido acceso a un reciente informe de ese organismo que, a partir de estudios realizados entre junio y noviembre de 2018, alertó sobre la presencia de «valores superiores a los límites establecidos de concentración». Algunos de los factores contaminantes son metales, aceites, grasas, bacterias de excrementos y plaguicidas «que exceden sistemáticamente los niveles permitidos».
Panorama porteño
En lo interno, todos los días se agrega un nuevo eslabón a la cadena de irregularidades que ilustran sobre la devastación que se consumó durante los cuatro años de macrismo. De allí que no sorprendiera a la opinión pública la decisión del Gobierno nacional de revisar la cesión de 100 inmuebles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que concretó Mauricio Macri en los últimos días de su mandato por un monto de, al menos, 16.000 millones de pesos, infringiendo una ley que impide ese tipo de transferencias cuando una gestión está a punto de expirar.
La mayoría de las escrituras están firmadas entre septiembre y diciembre de 2019 e implican un tratamiento discrecional hacia el distrito más rico del país. No obstante, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostiene que se trató de una compensación por el traspaso de la Policía Federal, una argumentación que no se sostiene con elementos comprobables y que incidirá fuertemente en la discusión sobre la coparticipación que en el cuatrienio anterior fue desmesuradamente favorable a los capitalinos.
Otra especialidad cambiemita, el espionaje, es materia de la causa que investigan el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado. Las víctimas son, entre otros, el futbolista Lionel Messi, personajes vinculados con el Gobierno anterior y figuras del espectáculo. Se cree que están involucrados funcionarios de la Dirección de Migraciones, de la AFIP y de la Unidad de Investigaciones Financieras que solicitaron información privada, presumiblemente con fines extorsivos. Hasta el momento se ha confirmado que por lo menos 28 jueces federales y algunos fiscales fueron espiados por agentes de fuerzas de seguridad. Incluso a dos miembros de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se los investigó ilegalmente en busca de datos sensibles acerca de los destinos de sus viajes.
Empero, no son estos los temas que figuran entre las preocupaciones principales del presidente Alberto Fernández. En el ámbito judicial, su objetivo central consiste en lograr la aprobación legislativa de la ley de reforma que promueve ampliar la cantidad de juzgados federales de la Ciudad de Buenos Aires, transparentar el proceso de selección de magistrados, instaurar el sistema acusatorio que dotará de mayor poder a los fiscales, eliminar la influencia de los servicios de inteligencia y modificar el sistema de sorteo de causas judiciales. En otro orden de cosas, deberá neutralizar las airadas reacciones corporativas que se han generado a partir del proyecto que intenta poner límites a las jubilaciones de privilegio.
El incremento de un 3% en las retenciones a la soja, autorizado por una ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional, tampoco es un tema menor. Las organizaciones que agrupan a los grandes productores ya han anunciado el inicio de medidas de fuerza para rechazarlo, pero se estima que las conducciones de la Federación Agraria Argentina y Coninagro, que tienen permanente diálogo con el Ministerio de Agricultura y aguardan la implementación de medidas compensatorias, no quemarán las naves. Por otra parte, las expectativas que despierta el nuevo Gobierno y las propias contradicciones de la dirigencia hacen impensable que se repita el masivo tractorazo de 2008.
