El Gobierno enfrenta la presión de la derecha política y sus voceros mediáticos que rechazan la cuarentena y defienden los intereses de los acreedores internacionales. La situación en las villas pone a prueba el esquema sanitario preventivo.
27 de mayo de 2020
Conferencia de prensa. El Comité de Crisis del Barrio Padre Mugica reclamó la declaración de emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria. (NA)
La intensa campaña contra el aislamiento obligatorio propiciada por los militantes anticuarentena adquiere un carácter cada día más virulento. Contra lo que demuestran las experiencias mundiales y sin aportar alternativas, una minoría delirante, alentada por algunos medios de comunicación, insta a la población al suicidio colectivo, ya que el libre ejercicio del derecho a circular es una manera de contribuir a que el virus también lo haga.
Quienes subrayan la «angustia incontenible» que genera el aislamiento, deberían ponderar que el 92% de la población argentina vive en ciudades y que solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que abarca el 0,4% de la superficie del país, está radicado el 32% de la población total. De allí que la pandemia haya sido controlada en la mayoría de las provincias y, en cambio, se agudice en las grandes concentraciones urbanas y, sobre todo, en las villas de emergencia, asentamientos precarios y conventillos, donde imperan el hacinamiento, la carencia de cloacas y agua corriente y la mala alimentación.
La situación más grave se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distritos del Conurbano bonaerense que lindan con ella. Hay diferencias no menores entre ambos conglomerados: mientras el distrito porteño cuenta con una treintena de los ahora llamados «barrios populares», en la provincia se contabilizan unos 1.800. No obstante, el número de infectados y muertos en esos lugares no guarda la más mínima proporción, lo que ha generado un arduo debate.
Los que viven o realizan tareas de asistencia social en esos barrios apuntan contra quienes rigen los destinos de la CABA, con un sinfín de argumentos. Señalan, por ejemplo, que en 13 años de gestión no se utilizaron los créditos concedidos por el Banco Mundial destinados al saneamiento y urbanización de las villas; que se actuó con desidia en materia sanitaria al punto de que muchas de ellas carecen de presión de agua o de conexiones con sus viviendas, lo cual habría ayudado a multiplicar los contagios; que no se diseñaron protocolos específicos ni se tomaron las debidas precauciones para el traslado y alojamiento de los infectados y quienes estuvieron en estrecho contacto con ellos; que los testeos fueron pocos y tardíos.
Impotencia
El Comité de Crisis del Barrio Padre Mugica (ex Villa 31), integrado por 63 organizaciones sociales, políticas, religiosas, comedores y merenderos, se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y otros funcionarios en busca de soluciones inmediatas para detener el avance del COVID-19, pero también del dengue, que ya ha infectado a centenares de vecinos y a casi 2.000 en toda la ciudad. La reunión había sido solicitada el 30 de abril, pero se concretó recién después de que el presidente Alberto Fernández recibiera a una delegación encabezada por Nacho Levy, referente de La Poderosa. Respecto del encuentro con las autoridades porteñas, Levy informó que se les entregó un documento con reclamos para detener el contagio masivo del virus, profundizar los cuidados y permitir el acceso al agua corriente y la electricidad, pero remarcó su escepticismo: «Nos retiramos con la misma impotencia con la que llegamos».
Que no se trata de reclamos infundados lo demuestra la orden dictada por el juez en lo contencioso administrativo Darío Reynoso en respuesta a la medida cautelar solicitada por los presidentes de las comunas 4 y 8. Tras analizar la documentación presentada por las autoridades gubernamentales porteñas, el magistrado advirtió que no existían protocolos de intervención temprana, lo que consideró «una importante falencia» y ordenó que fueran presentados en el plazo de cinco días. Además, determinó que, entre tanto, deberán proveerse barbijos, guantes de látex y elementos de higiene, garantizar el suministro de agua potable y la limpieza de comedores, ferias y comercios, ante la posibilidad de que la propagación del COVID-19 «pueda tornarse incontrolable».
Por su parte, vecinos de la Villa 21-24 denunciaron falencias graves en la aplicación del plan Detectar para el testeo de posibles casos positivos y aseguraron que son discriminados ya que se los confina en hospitales sin medidas de aislamiento y distancia social. Las deficiencias apuntadas ocasionaron la evitable muerte de cuatro referentes sociales: Ramona Medina, Víctor Giracoy y Agustín Navarro, del Barrio Padre Mugica, y Miriam Cayoja, de la 1-11-14.
En el Conurbano bonaerense también se observa una marcada preocupación por las consecuencias que podría tener la ampliación de los contagios, ya que son centenares de miles las personas que deben trasladarse diariamente a la Capital Federal para trabajar, así como las que hacen el trayecto inverso, con las consecuentes aglomeraciones que se producen en trenes, colectivos y subtes. Esta circunstancia y la aparición de numerosos casos en Villa Azul y otras barriadas de Quilmes y Avellaneda determinaron la adopción de extremas medidas de aislamiento.
La persistencia de los contagios, y por ende la no flexibilización de la cuarentena afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, pero también ha devastado la economía familiar de muchos de los que hasta hace poco tiempo podían vivir con cierta holgura –comerciantes, profesionales independientes, entre otros rubros– y hoy se ven obligados a solicitar asistencia alimentaria. Los gobernadores e intendentes deberán extremar su creatividad para hallar soluciones sustentables si el aumento de los contagios obliga a prolongar mucho más el aislamiento.
Obligado por la complejidad de la coyuntura a encarar simultáneamente la lucha contra la pandemia y la negociación de la deuda externa, el Gobierno debe lidiar con las presiones ejercidas por el establishment y sus voceros mediáticos que se oponen a cualquier investigación sobre los responsables de haberla contraído. Es que el puñado de magnates que pone el grito en el cielo ante un eventual impuesto por única vez a las grandes fortunas, es asimismo dueño de miles de millones de dólares en bonos y, por tal motivo, pretende evitar una negociación que afecte a los acreedores en lo que hace a la quita de capital, los plazos de amortización y los intereses que se pacten. La pulseada está en marcha y, según los expertos, las posiciones se están acercando porque a ninguna de las partes les conviene que el default –que de hecho existe– sea oficialmente convalidado.
Lo más importante es que las condiciones para el pago de la deuda no comprometan en modo alguno el cumplimiento estricto de los derechos económicos y sociales consagrados por el artículo 14 de la Constitución y los pactos internacionales que tienen jerarquía constitucional.
