La causa iniciada a partir de las revelaciones de Oscar Centeno y la cadena de supuestos arrepentidos le sirvió al gobierno para quitar los focos mediáticos de la complicada situación económica. Reacción del peronismo y aprontes electorales para 2019.
27 de agosto de 2018
Fueros. Cristina Fernández pidió al Senado que diera lugar a los allanamientos de Bonadio. (Charly Díaz Azcue)
En medio de la «tormenta» económica que azota al país, la oportuna aparición del caso de los cuadernos Gloria supuestamente escritos por el remisero que trasladaba al exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal de los gobiernos kirchneristas, conquistó la agenda mediática y eclipsó a las restantes noticias. El devenir de la pesquisa, que no deja de sumar arrepentidos, se transformó en una caja de Pandora. En el baúl de los recuerdos mediáticos parece haber quedado la no menos importante investigación sobre aportantes truchos al financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos en territorio bonaerense que puso en aprietos a la gobernadora María Eugenia Vidal. Tapó también el desborde de la inflación –un 19,6% en los primeros siete meses de 2018 y un proyectado 35% para fines de diciembre– o el impacto de la recesión, que se expandirá en lo que queda del año. Hasta la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que vino a controlar que el plan económico que dictó se cumpla a rajatabla, y la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, pasaron casi desapercibidas para los medios de comunicación. El «cuadernogate» explotó justo en el momento en que más lo necesitaba el gobierno. Y, por ahora, lo está usufructuando.
Cuando el exsecretario de Obras Públicas, José López, fue encontrado intentando esconder millones de dólares en un convento, la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández propuso una auditoría de la obra pública de 2003 a 2015 en todo el país. Volvió a repetirlo recientemente, a través de un proyecto de ley. Parece que los «bolsos de López» adelantaron, como si fuera un tráiler, la película que se está desarrollando por estos días.
José Massoni, exjuez y primer titular de la Oficina Anticorrupción, sugirió en un artículo publicado en el portal El Cohete a la Luna que la mentada revisión que propone la exmandataria «en rigor es necesario hacerla desde 1976 hasta 2018». El especialista considera que el affaire de los cuadernos «trae en su entraña el fenómeno de la corrupción estructural, que comprende los casos puntuales denunciados pero también los inconmensurablemente mayores que diseñan la matriz de funcionamiento de los grandes capitales dedicados a la obra pública». La cartelización de ese rubro no es una novedad del kirchnerismo, como sugieren hoy los medios oficialistas, sino que hunde sus raíces en la historia argentina. Massoni, por ejemplo, recuerda las matrices de la multimillonaria corrupción en favor de empresas de capitales nacionales que tomaron los corredores viales en la década de los 90 (el Acceso Oeste y el Acceso Norte son dos ejemplos). La duda que abre en la actualidad el escándalo de los cuadernos es si la Justicia, esta Justicia tan desprestigiada por sus relaciones carnales con la política de turno, tiene verdaderas intenciones de llegar al fondo de la cuestión para esclarecer responsabilidades o si, como se presume, solo se presta a un nuevo juego mediático.
Al menos dos circunstancias generan suspicacias. Por un lado, que la causa la impulsen el controvertido magistrado Claudio Bonadio, exsecretario de Asuntos Legales de Carlos Corach en la secretaría de Legal y Técnica en los 90, quien sumó más de 50 denuncias en su contra en los 24 años que lleva como juez federal; y el fiscal Carlos Stornelli, exjefe de seguridad de Boca Juniors, club que preside Daniel Angelici, sindicado por la diputada Elisa Carrió como «operador judicial del PRO». Y además, llama la atención que, hasta el momento, una problemática transversal solo afecte a un sector político y tenga como principal damnificada de la causa a la dirigente opositora con mejor intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
En busca de cohesión
Como repercusión en el terreno político, el peronismo ya salió a mostrar que desconfía del escándalo que desataron los cuadernos adjudicados al exmilitar Oscar Centeno, y ante el vendaval económico, que viene de frente según la metáfora que utilizó el presidente Mauricio Macri, decidió abrir los paraguas. En el marco de la reunión del Consejo Nacional Justicialista realizada tras el fin de la intervención, el partido encabezado por José Luis Gioja decidió alinearse en defensa de la exmandataria. El PJ alertó que «hoy van contra Cristina Fernández de Kirchner, pero en realidad van contra el peronismo, que es el único partido político de oposición que tiene este gobierno». Un párrafo aparte mereció el llamado a «la unidad parlamentaria de los bloques peronistas» en todas las legislaturas. La dimensión de esa pretendida cohesión se da a partir de quienes estuvieron presentes en la sede de la calle Matheu: los gobernadores de Catamarca, Lucía Corpacci; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; y de Formosa, Gildo Insfrán; además de los vicegobernadores de San Juan, Marcelo Lima; de Chaco, Daniel Capitanich; de Santiago del Estero, José Neder; y de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando. También asistieron los presidentes del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez; de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Santa María; y los de Neuquén, La Pampa, Jujuy, Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Corrientes y Chubut, entre otros. Se destacó la presencia de Fernando Chino Navarro, referente del Movimiento Evita. «Nuestro adversario o enemigo no está dentro de nuestro movimiento, está en el gobierno nacional», remarcaron los presentes, en clara alusión al sector –cada vez más reducido– que ve en Cristina Fernández un obstáculo para la unidad.
Unidad. El PJ, en apoyo de la expresidenta. (Juan Vargas)
La realidad es que hoy no hay en el PJ ningún dirigente que mida lo que la expresidenta en las encuestas. Muchos intendentes del Conurbano bonaerense especulan con que el piso de votos ante una primera vuelta los ayudará a retener sus administraciones en 2019. Y a nivel provincial sucede algo similar. Por eso, un día antes de la reunión del consejo, el 15 de agosto, Cristina Fernández cosechó un nuevo respaldo, esta vez en el Senado, en la sesión para habilitar los allanamientos en sus domicilios, en el marco de la investigación que impulsa Bonadio. Por segunda vez en una semana no se logró el quorum para iniciar el debate. La soledad del titular del bloque peronista en la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, en aquella jornada, fue contundente. Solo hubo ocho senadores de los 24 que integran su bancada. La decisión de los gobernadores del PJ, con quienes Cristina mantiene cada vez más diálogo y son la voz de mando en esa Cámara, deslegitimó al legislador rionegrino que había lanzado en los días previos su candidatura para el año próximo. Los mandatarios saben que tarde o temprano el caso de los cuadernos de Centeno podría salpicarlos. Al fin y al cabo, la obra pública se desplegó por todo el país. Por eso decidieron enviar un mensaje sin ambigüedades.
Ante el tercer intento del macrismo para avanzar con los operativos, la expresidenta, a sabiendas de que el oficialismo lograría esta vez reunir los votos, presentó una nota en la comisión de Labor Parlamentaria para que «el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio» y así «terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos». Finalmente, el Senado autorizó los allanamientos por unanimidad.
En la misma jornada en que se difundió ese texto de Cristina Fernández, hubo una importante manifestación frente al Congreso, con réplicas en distintas provincias, para pedir su desafuero y justicia contra la corrupción. La protesta, impulsada por dirigentes y medios de comunicación alineados con el gobierno, reflejó el estado de polarización en que está inmersa la sociedad.
