27 de abril de 2023

Franco Mizrahi

Amenazas, desplazamientos de funcionarios históricos y denuncias penales agudizan la interna en el máximo tribunal. Una compleja trama aún abierta. 

Una interna feroz sacude a la Corte Suprema de Justicia. Incluye amenazas, acusaciones cruzadas entre los supremos, desplazamientos de secretarios históricos y denuncias penales. El disparador es el desmanejo en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que está bajo la órbita del Alto Tribunal. Las irregularidades en la prestadora médica se investigan en la Justicia y en la Comisión de Juicio Político del Congreso Nacional en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos, a quienes se acusa de «mal desempeño» en sus funciones.
En este contexto, el último martes el exsecretario de Administración de la Corte, Héctor Marchi, declaró en la Comisión de Juicio Político y denunció que sufre amenazas y seguimientos. Dijo que buscaron amedrentarlo para que no declarase ante la Comisión. Apuntó contra Silvio Robles, la mano derecha del presidente supremo, Horacio Rosatti. Marchi también afirmó que por malos manejos financieros la OSPJN perdió 3.000 millones en apenas 7 meses, entre 2021 y 2022. Y complicó al juez Juan Carlos Maqueda al ratificar que fue quien supervisó la prestadora médica por más de una década, aunque no había una designación formal.
Marchi fue desplazado el 20 de abril del cargo que desempeñó durante 15 años en la Corte. Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz decidieron trasladarlo a la Cámara Federal de la Seguridad Social. Su apartamiento se dio un día después de que le elevara a Rosatti un informe detallado que exponía los desmanejos en la obra social y que tenía por destinataria a la Comisión de Juicio Político.

¿Sanción o traslado?
«El traslado lo considero una sanción encubierta», afirmó Marchi este último martes ante la Comisión. La razón que esgrimieron los supremos para desplazarlo fue la necesidad de reformar toda el área administrativa. Ricardo Lorenzetti se opuso: «Es evidente que no hay razones administrativas para disponer este traslado. La verdadera razón es, obviamente, una sanción porque ha presentado un informe sobre la Obra Social, de fecha 19 de abril, que no parece gustar», indicó el magistrado.
El informe que menciona Lorenzetti es un trabajo de supervisión de la OSPJN que realizó Marchi y le elevó a Rosatti. El mismo abarca el período que estuvo comandado por Aldo Tonón (2008-2021), quien está vinculado a Maqueda, y el actual, que involucra a Rosatti. Se trata de un diagnóstico que expone los supuestos desmanejos en la prestadora de salud y que se empezaron a realizar en octubre de 2021 cuando todavía el director de la institución era Tonón, a quien la Corte le aceptó la renuncia el pasado 30 de marzo, pero condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite. Tonón está siendo investigado en sede penal por su rol en la OSPJN y este último martes fue convocado por tercera vez por la Comisión de Juicio Político bajo apercibimiento de ser llevado a declarar por la fuerza pública si vuelve a faltar.
El trabajo que Marchi elevó a Rosatti para que envíe a la Comisión de Juicio Político consta de 4 informes de supervisión y 30 notas de observaciones y recomendaciones hechas al directorio de la OSPJN. En formato digital Marchi envió además a Rosatti 94 cuerpos (más de 18.000 fojas) con información complementaria de los informes de supervisión. Según relató Marchi, los primeros tres informes fueron elevados en tiempo y forma a todos los supremos. El cuarto y último, que Marchi denunció que Robles lo escondió, es sobre la gestión de Mariano Althabe, que fue nombrado por Rosatti. El trabajo completo ya está en poder de la Comisión que preside la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard. Con una particularidad, al enviarlo, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda adjuntaron una nota donde responsabilizaron por cualquier desmanejo de la Obra Social a Lorenzetti y Marchi. Destacaron que la OSPJN estaba bajo la supervisión de la secretaría que comandaba Marchi y tiene autonomía. La Corte «no tiene responsabilidades de gestión» sobre la misma, remarcaron.
Es en este contexto que Marchi declaró que Robles lo amenazó con un desplazamiento –que se concretó– y hasta una cesantía y que es víctima de seguimientos por el trabajo que hizo sobre la OSPJN. Afirmó que quienes trabajaron con él en el informe también están bajo amenaza.

Testimonios
«La obra social en materia de gestión financiera para mí es un desastre. Hay remanentes de 10.000 millones de pesos en cuentas corrientes porque se olvidaron de hacer los plazos fijos. Eso remunerado en el término de 6,7 u 8 meses implicó perder 3.000 millones para la obra social, que son dos meses de prestaciones a 100.000 afiliados. Si eso lo llevamos a los otros meses nos vamos a encontrar con cifras siderales de pérdida por intereses», afirmó Marchi este martes ante la Comisión. También dijo que «el doctor Maqueda no solamente supervisaba, sino que estaba al tanto de todos los actos que se realizaban porque semanalmente los empleados veían cómo el doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que las autorice», algo que choca con la nota que enviaron los supremos a la Comisión donde se dice que la Corte nunca designó a uno de sus miembros como un supervisor. Es evidente que alguien miente.
Respecto a las «advertencias» en su contra precisó que Robles «sabe dónde yo me junto con alguien. Yo no tolero las amenazas y las presiones. Entonces yo no sé si el doctor Rosatti lo sabe, pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza». Marchi ya se presentó en tribunales en una de las causas que investiga lo que sucedió en la OSPJN y solicitó ser testigo para ofrecer prueba y «hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mi como también a terceros».
El desplazamiento de Marchi hay que ubicarlo en el enfrentamiento que el exsecretario mantiene con Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. Marchi tiene un juicio por daños y perjuicios con Elisa Carrió que llegó al Alto Tribunal. En ese proceso pidió la excusación de todos los cortesanos. Señaló que la tríada que ahora lo desplazó está siendo defendida por los diputados de la Coalición Cívica en la Comisión de Juicio Político y por lo tanto no son imparciales en el pleito que mantiene con la cofundadora de Cambiemos. Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda desoyeron los argumentos de Marchi.
Las supuestas irregularidades en la OSPJN están quedando expuestas en la Comisión de Juicio Político, que empezó a abordar el tema el 18 de abril pasado. Ya declararon peritos contables y médicos que a pedido de la Corte realizaron la auditoría económica, financiera, de legalidad y gestión de la OSPJN sobre la gestión Tonón, que arrojó «disfuncionalidades de diverso orden». Ese trabajo se hizo luego del primer informe que Marchi había elevado a los supremos. Prestaron testimonio en el Congreso, también, afiliados que sufrieron las consecuencias de las irregularidades; y funcionarios de la obra social judicial. Todos dieron cuenta de graves deficiencias. El tema genera alarma entre los cortesanos. En ese contexto, se dio el testimonio de Marchi, que volverá a declarar el próximo 4 de mayo en el Parlamento.
Las irregularidades en la OSPJN también se analizan en Comodoro Py. Hay una causa central que tiene a Tonón como protagonista de la que derivó una nueva investigación, paralela, que tuvo por disparador el voto en disidencia de Lorenzetti en una serie de resoluciones y acordadas de la Corte. Ese nuevo expediente puede complicar a sus colegas cortesanos.
A la luz del estado público que están tomando las diferencias entre los supremos parece claro que la escalada palaciega continuará.

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