Para Cambiemos, fue el adalid de las causas contra Cristina Fernández y, para el kirchnerismo, símbolo de lawfare. Un magistrado que se manejaba con sus propias reglas, lo que le valió críticas de quienes tuvieron que padecer sus decisiones.
12 de febrero de 2020
En los últimos años, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 11 fue quien de forma más explícita encarnó la avanzada de sectores del Poder Judicial sobre Cristina Fernández y su entorno. Así, mientras quienes apoyaron la experiencia de Cambiemos hicieron de Claudio Bonadio su espada en los tribunales, para el kirchnerismo fue la cara misma del lawfare.
Bonadio nació el 1º de febrero de 1956 y murió el 4 de febrero de 2020, víctima de un tumor cerebral, en su casa del barrio porteño de Belgrano. Había llegado a Comodoro Py en 1994, nombrado por Carlos Menem. En los 70, se acercó al Frente de Unidad Peronista, donde conoció a Carlos Corach, al que acompañó como su segundo en la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. De ahí, Corach pasó al Ministerio del Interior y Bonadio al juzgado que ocuparía 26 años. En 1996, Domingo Cavallo lo acusó de blindar a Menem y de estar en la «servilleta» de Corach.
En sus dos décadas y media como juez, acumuló causas de peso, fallos polémicos y denuncias. En 1997, habilitó a Diego Maradona a jugar en Boca a pesar de una sanción por doping; en 1998, fue acusado de proteger a Víctor Alderete, exinterventor del Pami, que acabó procesado por corrupción. Del expediente por el atentado a la AMIA fue apartado por conflicto de intereses.
También investigó la represión de diciembre de 2001, y en 2009, por la muerte de cinco personas en aquellas jornadas, libró de responsabilidad a Fernando de la Rúa y a varios jefes policiales. En diciembre pasado sobreseyó a cincos oficiales acusados de haber reprimido a las Madres de Plaza de Mayo.
Invocó, entonces, la prescripción de los hechos, un argumento que repitió mucho al tiempo que retuvo expedientes hasta agotar los plazos, como denunció en 2005 el abogado Gonzalo Giadone ante un contagio masivo de HIV, Hepatitis B y Hepatitis C durante transfusiones. Mientras en una década la causa no se movió, muchos pacientes hemofílicos fueron muriendo.
En 2001, con su Glock calibre 40 –era cazador aficionado–, el magistrado mató a dos jóvenes que quisieron asaltarlo en Villa Martelli. El mismo año, procesó a Emilio Massera por robar bienes de desaparecidos. Y en 2003, detuvo a Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja por la muerte y desaparición de 15 miembros de Montoneros.
Una cruzada personal
Alcanzó la cima de su fama por su «cruzada» contra Cristina Fernández, a quien envió a juicio oral en media docena de expedientes y llegó a citar a ocho indagatorias en un día, además de dictarle prisión preventiva y reclamar su desafuero. En su avanzada, también involucró a Máximo y Florencia Kirchner.
Fruto de esta obsesión, fue cuestionado por sus métodos cada vez menos apegados al debido proceso, y sin embargo, a pesar de los 70 pedidos de juicio político en la Magistratura, ninguno lo puso contra las cuerdas.
Entre las causas sobre la vicepresidenta están Hotesur, dólar futuro y memorando con Irán, causa por la que el juez encarceló al excanciller Héctor Timerman, a quien le negó la salida del país para tratarse un cáncer.
Bonadio fue hábil aplicando la figura de asociación ilícita y la «doctrina Irurzun», y en la «causa Cuadernos», supo extraerles a los arrepentidos los testimonios que necesitaba. Como contracara, sus panegiristas destacan que elevó a juicio en menos de un año la causa por la tragedia de Once que, sin mayores críticas, terminó en condenas a exfuncionarios.
Su intervención más reciente fue en la denominada «Operación puf», donde Elisa Carrió, con escuchas y anónimos, denunció un supuesto complot para obstaculizar el proceso por los cuadernos del chofer Centeno.
Al cierre de este artículo, la Cámara Federal evaluaba cómo reemplazarlo. El legado de expedientes polémicos que dejó representa una amenaza no solo para los acusados.
