Inspirados en las proclamas del ultraderechista presidente electo de Brasil, funcionarios del gobierno nacional y algunos representantes de la oposición justicialista de derecha lanzan globos de ensayo de carácter xenófobo y represivo.
14 de noviembre de 2018
Ante la falta de propuestas políticas capaces de entusiasmar a quienes votaron a Cambiemos y que hoy se sienten decepcionados, muchos de los aspirantes a encarnar en los próximos comicios el pensamiento conservador hallaron un madero al cual aferrarse: la apropiación de las ideas que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil.
Así, por ejemplo, el senador Miguel Pichetto se dio a la tarea de reverdecer su reconocida xenofobia para exigir la expulsión de los extranjeros que participen de protestas públicas. Otro personaje menor, el diputado salteño Alfredo Olmedo, le agregó a estas definiciones una considerable cuota de misoginia.
El tema de los «derechos y obligaciones» de los inmigrantes fue también abordado por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aportó su propia cuota de desatino al propiciar la libertad de los ciudadanos de armarse porque, dijo, «estamos en un país libre». Tal exabrupto motivó la rápida respuesta del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, que –sin mencionarla– subrayó a través de su cuenta de Twitter: «La libertad que quiere la enorme mayoría de los argentinos es caminar por la calle sin portar armas. El monopolio del uso legítimo de la fuerza pública debe ser solo del Estado». No es la primera vez que el funcionario debe salir al cruce de los estropicios de sus compañeros en materia de derechos humanos. El año pasado había cuestionado abiertamente el fallo de la Corte Suprema que respaldó la aplicación del 2×1 a un represor y, antes, la decisión oficial de trasladar el feriado del Día de la Memoria, que finalmente quedó sin efecto.
La posibilidad de una «bolsonarización» de la política argentina generó arduas discusiones entre los cientistas políticos, algunos de los cuales alertaron acerca de la aparición de una versión argentina del troglodita brasileño. Al respecto, una nota del diario La Nación, que firma Francisco Olivera, aporta una inquietante interpretación. En uno de los párrafos más significativos, sostiene: «La elección en Brasil volvió hace algunos días a poner sobre el debate argentino cuestiones que hasta hace muy poco eran rechazadas aquí por impopulares, como el endurecimiento en el área de Seguridad o la aplicación de políticas migratorias más restrictivas y empieza a gravitar en la campaña presidencial de 2019, cuyos analistas se empiezan a preguntar si hay lugar para un Bolsonaro local. Es una discusión que se da incluso en Cambiemos y que Jaime Durán Barba suele saldar con una teoría propia: ese sitio, afirma el ecuatoriano, está ocupado desde diciembre de 2015 por Macri, el líder que encarnó la alternativa antipolítica con que la sociedad argentina decidió reemplazar al kirchnerismo. Durante una visita a la reunión del Gabinete bonaerense, Marcos Peña se encontró en La Plata con la misma pregunta y expuso una teoría idéntica».Lo cierto es que, día tras día, se observa el endurecimiento represivo y el recalentamiento de la bronca popular dada la ola de despidos, los tarifazos y la brutal pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. En La Plata, por caso, las organizaciones sociales instalaron una carpa que permaneció varios días en la plaza San Martín para repudiar «el Presupuesto de ajuste del gobierno y del Fondo Monetario Internacional». En el municipio solo atinaron a abrir licitaciones por 10 millones de pesos en alimentos, con el solo objetivo de contener la hambruna que amenaza con perturbar los festejos navideños. Una encuesta de la consultora Reyes-Filadoro, reproducida por el periódico online La Tecla, indica que el 63% de los habitantes del Gran Buenos Aires no llega a fin de mes con el salario que percibe, mientras que el 57% considera que la situación económica suya y de su familia es «mala» o «muy mala» y el 62% cree que no podría contar con ayuda financiera de familiares o amigos si tuviera que afrontar una emergencia económica.
Socios en desgracia
Frente a esta coyuntura, el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal actúa como si nada ocurriese y se limita a tejer alianzas con la «oposición responsable». El exgobernador y principal dirigente del bloque parlamentario Red por Argentina, Felipe Solá, que ha producido una sangría en el Frente Renovador al alzarse con diputados y concejales que pertenecían a ese espacio, denunció que Sergio Massa, quien suele reunirse habitualmente con la gobernadora, negocia el apoyo a Vidal en la Legislatura a cambio de desvincular las elecciones provinciales de las de intendente y concejales. Solá añadió que una decisión de tal naturaleza –que muchos consideran improbable– generaría desmembramientos en las alianzas o partidos.
No obstante los esfuerzos por instalar otros temas menos conflictivos en la agenda pública, con la inestimable colaboración de los medios concentrados, los conflictos internos trascienden el cepo informativo. A la manifiesta disconformidad de Vidal con el peso del ajuste que deberá cargar sobre sus espaldas y la de los propios alcaldes cambiemitas con lo que les toca en el reparto –el de Tornquist, Sergio Bordoni, acaba de declarar que «la gente no puede más»– hay que adicionarle las reiteradas maniobras de ciertos funcionarios. Es vox populi que Jorge Triaca abandonará su cargo antes de fin de año, determinación que ya le habría sido comunicada por Peña. Su desgaste se hizo evidente tras el escándalo con su empleada doméstica y los oscuros nombramientos y el supuesto desvío de fondos en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Una nueva denuncia de un grupo de afiliados a la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina, también intervenida por el actual secretario de Trabajo, lo involucra en maniobras económicas que fueron inmediatamente negadas por el acusado, pero confirmadas por una cámara oculta en la que se podía observar a dos miembros de su entorno que se repartían dinero proveniente de las arcas de la entidad sindical.
Para peor, el oficialismo debe soportar resignadamente los datos que le proporcionan las consultoras, incluso aquellas que intentan amortiguar los resultados con preguntas sesgadas. La caída de la imagen de Macri y su gobierno es pronunciada aun en los distritos donde se había impuesto claramente. En Córdoba, donde obtuvo más del 70% en 2015, un sondeo de Management & Fit –empresa que suele contratar el macrismo– señala que el 57,8% de los encuestados desaprueba la gestión presidencial. Otro tanto sucede en Mendoza, donde solo tiene una aprobación del 33%.
Es que ya resulta inocultable la insensibilidad del gobierno nacional y los provinciales ante la grave situación social que afecta derechos adquiridos. Pruebas al canto: mediante decretos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dio un paso más hacia la restauración de la esclavitud al autorizar a 45 menores de edad de entre 10 y 17 años a trabajar en la industria del tabaco pese a que lo prohíben las leyes nacionales y los derechos del niño consagrados por la Organización de las Naciones Unidas.
