27 de noviembre de 2019
La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un organismo que se ocupa de los derechos de las audiencias de la radio y la televisión, a la vez que cumple un rol central en la construcción de una comunicación entendida como derecho humano. Según la norma, la Defensoría depende de la Comisión Bicameral de las Comunicaciones, que es responsable de nombrar al defensor o defensora del público. Al concluir el mandato de Cynthia Ottaviano, el organismo quedó acéfalo hasta que el año pasado se designó interventor a un funcionario que carece de antecedentes profesionales y académicos en el campo del periodismo o las comunicaciones.
El 14 de noviembre, día del séptimo aniversario, las y los trabajadores, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, medios comunitarios y referentes académicos, realizaron una acción de protesta callejera donde denunciaron el vaciamiento de políticas públicas y el deterioro y asfixia institucional del organismo. «Hasta el día de hoy, la Defensoría del Público continúa intervenida y en una incertidumbre constante que no permite cumplir de manera efectiva el rol de defensa de los derechos de las audiencias», sostuvieron en el comunicado que se difundió.
La Defensoría recoge y gestiona las inquietudes y denuncias ante mensajes discriminatorios o estigmatizantes u otro tipo de vulneraciones de derechos. También se ocupa de realizar capacitaciones e investigaciones sobre los medios y organizar audiencias públicas.
De cara al cambio político, seguramente será una tarea prioritaria en materia de comunicación reconstruir las condiciones para una comunicación democrática, plural y diversa, en la cual las audiencias puedan ejercer y hacer valer sus derechos.
