25 de febrero de 2015
La República Argentina vive un momento de gran tensión política, cuya evolución pone en riesgo a la democracia y sus instituciones. A pocos meses de las elecciones presidenciales, la trágica muerte del fiscal Alberto Nisman, sobre cuyas causas aún está pendiente el dictamen de la investigación judicial, ha dado lugar a una situación de extrema gravedad que requiere una actitud firme y responsable de la ciudadanía democrática y sus organizaciones representativas. En tal sentido y para evitar que la vorágine informativa termine confundiendo a la opinión pública, es necesario recordar la secuencia de los hechos a partir del regreso del doctor Nisman al país, para la presentación de un informe en el cual denuncia a la Presidenta de la Nación, el Canciller y dirigentes políticos y sociales por un supuesto delito, relacionado con el Memorándum para tramitar ante la República Islámica de Irán el interrogatorio a los sospechosos de haber cometido la masacre de la AMIA en 1994. Dicha presentación no prosperó ante los estrados judiciales, porque la falta de pruebas no justificaba la habilitación de la Feria. Por otra parte y en opinión de calificados profesionales del Derecho, el documento en cuestión carecía de fundamentos suficientes para respaldar semejante imputación. Pese a las debilidades del texto y la improcedencia de su tratamiento en el ámbito de la Justicia, la denuncia se hizo pública en medios periodísticos y dio lugar a la convocatoria de una reunión «a puertas cerradas», por parte de una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación para el día lunes 19 de enero. Un encuentro en el que se preveía que Alberto Nisman informara con los elementos probatorios y al que el bloque del Frente para la Victoria dispuso concurrir, para formular preguntas y observaciones.
En ese contexto complejo y en circunstancias que aún están pendientes de clarificación, en vísperas de esa audiencia controvertida se produce el fallecimiento del fiscal. Al momento de redactar la presente declaración, la carátula del caso sigue diciendo «muerte dudosa».
Sin embargo, desde el instante en el que se conoció la infausta noticia, comenzó una campaña sistemática para hablar de asesinato, poniendo el foco en el Poder Ejecutivo, en la figura de la Presidenta de la Nación. O sea que los medios concentrados ya emitieron juicio y establecieron a priori la condena, con la clara intención de dañar la imagen presidencial en este año de elecciones generales y, por si eso fuera poco, algunos de sus referentes en el Poder Legislativo plantean la necesidad de un juicio político a la primera magistrada.
Así se llega a la marcha del 18 de febrero, convocada por un grupo de fiscales denunciados por los familiares y amigos de las víctimas de la masacre de la AMIA, por haber paralizado u obstaculizado la investigación del atentado.
Sin duda, se trató de una concurrencia multitudinaria, realizada con absoluta libertad, encabezada también por los familiares del malogrado fiscal Nisman, a quienes les hacemos llegar nuestra solidaridad, junto con el reclamo de verdad y justicia. Entre los numerosos asistentes hubo ciudadanas y ciudadanos preocupados por esta gravísima circunstancia, sensibles a los hechos violentos que conmueven a la sociedad y deseosos de saber qué pasó. Pero el carácter silencioso de la movilización no ocultó su sentido político, ya que se dio la paradoja de que miembros del Poder Judicial fueran a reclamar justicia ante la sede del Poder Ejecutivo, cuando son ellos mismos quienes deben impartirla. En ningún momento se reclamó por el esclarecimiento del atentado a la mutual judía, lo cual explica la negativa de participar por parte de las organizaciones que hace dos décadas piden saber quiénes fueron los responsables ideológicos y materiales del peor atentado terrorista que sufrió nuestro país.
La marcha del 18 de febrero, vale reiterarlo, se llevó a cabo sin impedimento de ningún tipo, con todas las garantías para evitar cualquier inconveniente, a pesar de que algunos de sus voceros insisten con el argumento de que estamos bajo un régimen dictatorial y hasta manifiestan que rige el terrorismo de Estado.
La manipulación mediática de supuestos testigos que instalan relatos fantasiosos y luego deben rectificarse ante la requisitoria de la fiscal, forma parte de una tenebrosa operación desestabilizadora, cuyo objetivo estratégico es lograr lo que no pudieron con las corridas financieras, el amotinamiento de las fuerzas policiales a fines de 2013 y todas las acciones destinadas a impedir la normal gobernabilidad de la Argentina.
En definitiva, estos factores de poder que han perdido privilegios históricos a partir de las medidas adoptadas por el gobierno surgido de sucesivas elecciones libres y democráticas, desde 2003 en adelante, intentan por todos los medios impedir la continuidad del proyecto nacional iniciado entonces. Un proyecto que con aciertos y errores ha posibilitado la recuperación de la economía, la inclusión social, la consagración de nuevos derechos y la inserción en el escenario mundial con autonomía y dignidad.
En otros tiempos, esta intolerancia a los procesos democráticos y populares se interrumpía con los tanques en la calle, como ocurrió contra Hipólito Yrigoyen en 1930, el golpe de 1943 contra el gobierno de entonces, contra Juan Domingo Perón en 1955, contra el doctor Arturo Frondizi en 1962 y el doctor Arturo Illia en 1966 y el nefasto golpe cívico-militar que instauró la dictadura genocida, el 24 de marzo de 1976. En el caso del fin del mandato anticipado del doctor Raúl Alfonsín, el instrumento utilizado fue la hiperinflación. En este momento se han conjurado algunos funcionarios del Poder Judicial, exmiembros del servicio de inteligencia, dirigentes políticos y sociales, comunicadores funcionales a los grupos de poder e influyentes sobre el sentido común de la sociedad, para instalar la sospecha, el odio y la dosis de consenso indispensable para condicionar a la opinión pública de cara a las elecciones de octubre, una modalidad desestabilizadora que, con matices, ya fue aplicada en los países hermanos de Honduras, Paraguay y Ecuador.
Parte de este operativo es la catarata de imputaciones y demandas efectuadas por funcionarios del Poder Judicial hacia miembros del Poder Ejecutivo Nacional, como así también a través de cautelares y amparos que impiden la aplicación plena de leyes aprobadas por el Congreso de la Nación, como es el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Sería ingenuo pensar que todas estas acciones persiguen el perfeccionamiento del sistema democrático, la transparencia y la instalación de una moral republicana. Para eso, en democracia, hay un instrumento irremplazable que es la voluntad popular a través de las urnas. Nuestro pueblo tuvo demasiados sufrimientos durante gran parte de su historia y con gran esfuerzo hemos logrado sostener la vigencia democrática desde su recuperación, en 1983. No podemos permitir que se atente contra la estabilidad institucional, la gobernabilidad y las autoridades constituidas por la decisión soberana del voto popular. Como ciudadanos y cooperativistas tenemos la responsabilidad de contribuir a la defensa de la Constitución, la convivencia respetuosa en el marco de la ley y la resolución de los conflictos y las diferencias a través de los comicios. Por eso mismo exigimos que se deje avanzar a la investigación del caso Nisman, para llegar a la verdad y que se haga justicia.
—Consejo de Administración
Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos C.L.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2015.
