Al Aporte Solidario y Extraordinario aplicado a las más grandes fortunas del país, que motivó una intensa campaña opositora, se suma la reforma de la Ley de Manejo de Fuego, entre otras iniciativas trascendentes bajo tratamiento parlamentario.
26 de noviembre de 2020
A pesar de que las encuestas de opinión indican que el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas cuenta con el respaldo de entre el 65% y el 75% de la población, una estruendosa campaña impulsada por Juntos por el Cambio y los medios de comunicación que le responden incondicionalmente ha pretendido instalar la idea de que la medida es el punto de partida de una expropiación masiva.
Desde que el proyecto de Máximo Kirchner y Carlos Heller comenzó a tomar forma, ortodoxos economistas cuyos pronósticos no suelen cumplirse y voceros del establishment que respaldaron las políticas del macrismo se ocuparon de distorsionar los alcances de la iniciativa, que –en su opinión– desalentaría las inversiones, empujaría a las grandes empresas a abandonar el país y lo sumergiría en el colectivismo.
Se atribuye al escritor estadounidense Mark Twain una frase contundente: «La mentira da la vuelta al mundo en el tiempo en que la verdad se pone los zapatos». De allí que los defensores de este aporte por única vez hayan tenido que multiplicarse para precisar, en los medios que accedían a consultarlos, que lo que se grava son los patrimonios personales de unos 10.000 individuos que poseen más de 200 millones de pesos a valor fiscal (que no llega a la mitad de su valor real) y que ni las maquinarias ni otros bienes muebles o inmuebles de las empresas serán afectados. No obstante, opinólogos y panelistas televisivos han hecho oídos sordos a estas explicaciones e insistieron –e insisten– en esgrimir falaces argumentos.
Durante las 13 horas de debate de la sesión en la cual la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que ahora deberá tratar el Senado –donde ya obtuvo dictamen favorable de comisión y está listo para ser debatido en el recinto–, se escucharon discursos insólitos como el de un legislador que convocaba a dejar de lado esos instrumentos, ya que solo será posible salir adelante «trabajando como Los Pumas», en alusión a la hazaña deportiva que la selección de rugby consiguió ante los All Blacks.
Por otra parte, en el portal Infobae, una nota del economista Adrián Ravier advertía: «Este tipo de normas ahuyentan el capital, que busca siempre el máximo retorno y el mínimo riesgo. Expropiar capital a quienes poseen grandes fortunas los incentiva a abandonar el país y buscar otros destinos donde llevar su creatividad y su innovación, como ya ocurrió con el presidente de Mercado Libre, entre tantos emprendedores exitosos». Cabe señalar que el empresario aludido ha decidido residir en Uruguay pero mantiene en el país sus negocios que se han potenciado considerablemente durante la pandemia.
Una de las expresiones más escuchadas en las alocuciones de los parlamentarios opositores y en las notas de la prensa escrita y televisada fue «confiscación», como si una contribución del 2% sobre el patrimonio de las personas físicas, que no excede el 2,75% en el caso de fortunas de entre 600 y 800 millones, implicara sumergir en la indigencia a los aportantes.
También se sostuvo reiteradamente en el recinto que la presión impositiva en la Argentina es «insoportable». Una apreciación que acaba de ser desmentida por un estudio comparativo realizado por el Banco Mundial sobre la estructura tributaria de distintos países donde se demuestra que los impuestos directos sobre patrimonios y rentas en la Argentina constituyen solo el 12,9% del total de la recaudación, mientras en 2019 el promedio en los países de América Latina y el Caribe fue del 26,5%.
Otro dato que desmiente esas afirmaciones dice que en los países de la Comunidad Europea el impuesto a la renta explica alrededor del 25% de la recaudación total, en tanto en América Latina significa apenas el 10%. Tampoco es cierto que el aporte extraordinario sea un invento criollo. En España, Italia, Brasil, Chile, entre otras naciones existen iniciativas en el mismo sentido y Rusia acaba de aprobar una tasa que se aplicará a los ingresos superiores a 65.900 dólares por año y es dos puntos más alta que la aplicada desde 2001.
Pero además es notorio que, en los países europeos, el impuesto al patrimonio tiene una entidad relevante, mientras que en la Argentina la mayor recaudación proviene del IVA, que pagan por igual los pobres y los ricos.
Llama la atención que solo dos diputados radicales votaran a favor de un proyecto que está en consonancia con el histórico programa de su partido. Más contradictoria aún es la posición asumida por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien se pronunció contra la medida y contra cualquier nuevo impuesto, pero instaló parquímetros en toda la ciudad, anunció el aumento del subterráneo de 19 a 21 pesos, un 55% de incremento en el valor de los peajes y un gravamen del 1,2% al uso de tarjetas de crédito, decisiones todas que significan cargar los problemas presupuestarios sobre las espaldas de su electorado natural, los sectores medios, sin afectar a la cúspide de la pirámide.
La polémica sobre la iniciativa sirvió como excusa para iniciar una cruzada «en defensa de la propiedad privada», que supuestamente estaría en peligro. Ni las reiteradas invocaciones del papa Francisco a una mayor equidad social fueron un obstáculo para que decenas de predicadores con un discurso del siglo XIX afirmaran su decisión de oponerse a cualquier interferencia estatal, aun cuando la injerencia del Estado les resultó útil cuando se hizo cargo de una parte de los salarios de sus empleados o concedió créditos a tasa subsidiada.
Final de bandera verde
No es el aporte extraordinario el único proyecto que requerirá trabajosas negociaciones para ser aprobado por el Senado, ya que, en cumplimiento de sus promesas preelectorales, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso los que conciernen a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Cuidado Integral de la Salud durante ese período y la Primera Infancia, esperados con impaciencia por el multitudinario movimiento de mujeres que ha expresado públicamente su conformidad con la determinación oficial, aunque en su seno existe un importante segmento que diverge en algunos puntos. Se prevé que –dado que el tema atraviesa transversalmente a todos los partidos– pueda obtener media sanción en Diputados. No será tan fácil en la Cámara Alta debido a que la influencia y el arraigo de la Iglesia Católica incidirá fuertemente sobre la voluntad de los legisladores. A ello se suman las amenazas y agresiones de agrupaciones fundamentalistas que pueden torcer algunas voluntades.
Cualquiera sea el resultado, miles de mujeres continuarán batallando en las calles, las oficinas, las fábricas, los colegios, las universidades, para defender el derecho a decidir sobre sus cuerpos y abolir el aborto clandestino.
