Política

Controversias

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Si bien la Corte de la provincia convalidó los comicios tucumanos, la oposición intenta que el caso quede en manos del máximo tribunal de la Nación. Efectos sobre las presidenciales de octubre.

 

Escrutinio. El resultado determinado tras el recuento de votos de la Junta Electoral fue legitimado por la Justicia. (Télam)

El fallo unánime de la Corte suprema de Justicia de Tucumán por el cual se deja sin efecto otro anterior de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que disponía la anulación de las elecciones celebradas el último 23 de agosto, fue recibido con naturalidad no exenta de satisfacción por el oficialismo provincial que había apelado la resolución. El argumento planteado fue que el referido tribunal no tenía atribuciones constitucionales para tomar una decisión que solo podía ser adoptada por el único organismo habilitado por la Constitución: la Junta Electoral Provincial. Tanto el apoderado del PJ Marcelo Caponio como Javier Amuchástegui de la Fiscalía de Estado caracterizaron la declaración de nulidad como arbitraria y antojadiza.
No obstante, la determinación de la Corte –que también dispuso el cese de la cautelar que impedía la proclamación de la fórmula triunfante– no termina con la controversia. Los abogados del Acuerdo para el Bicentenario presentarán un recurso extraordinario a efectos de que el caso llegue ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si el alto tribunal no lo habilita, resta la posibilidad de un recurso de queja, procedimiento que podría extender una resolución final hasta después del 28 de octubre, fecha en la que finalizan los mandatos de las actuales autoridades.
Los fundamentos de la medida judicial de la Cámara que aceptó parcialmente las denuncias del postulante del Acuerdo del Bicentenario, José Cano, respaldado por todos los partidos que integran el acuerdo, habían sido detalladamente explicitados por uno de los jueces que la suscribió, Salvador Norberto Ruiz, durante el transcurso de una entrevista radial. Ruiz señaló que, según los elementos aportados, «el proceso estaba viciado» y que esos supuestos vicios «tergiversaron la voluntad popular». También desmintió que el fallo se hubiese basado en artículos y programas televisivos periodísticos. «No se trata solo de la quema de urnas o los videos referentes a las fajas que deben protegerlas», añadió, y precisó que se habían tomado en cuenta, asimismo, las declaraciones del gobernador José Alperovich y del candidato Juan Manzur respecto del clientelismo imperante en la provincia.
En la misma línea, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, sostuvo que el fraude comenzó en 2006 cuando la Constitución provincial impuso el sistema de «acoples» responsable de que en los comicios se presentaran 25.000 postulantes, uno cada cuatro habitantes. Esta metodología no fue claramente impugnada por las fuerzas opositoras para consagrar a sus propios intendentes y legisladores.
Una de las frases contenidas en la denuncia e incorporada a fojas 6 en el fallo había suscitado una lógica preocupación en organizaciones sociales y de derechos humanos no involucrados directamente en la disputa. Allí se afirmaba que «los sectores de escasos recursos están afectados de una minus capacidad por encontrarse en una situación de vulnerabilidad especial generada por la ausencia de valores cívicos», afirmación claramente discriminatoria que se parece demasiado a una apología del voto calificado.
Lo cierto es que las irregularidades, tengan o no la relevancia que la oposición les adjudicó, están estrechamente vinculadas con la historia política de una provincia en la cual durante décadas quienes laboraban en el corte de caña de azúcar vivían en condiciones de semiesclavitud y carecían de derechos cívicos y de garantías personales, sometidos a los dictados de una oligarquía omnipotente. La situación mejoró sustancialmente durante el primer peronismo y volvió a agravarse durante la dictadura de la llamada Revolución Argentina que clausuró ingenios y provocó una durísima crisis social.
Pero el punto culminante de esta degradación se produjo durante el gobierno de Isabel Perón, que impulsó el Operativo Independencia para aniquilar a la guerrilla rural de la Compañía de Monte del Ejército Revolucionario del Pueblo. A partir de entonces, se desató una ola de terror que se prolongó durante la dictadura genocida que designó como gobernador al jefe de la represión, el general Antonio Bussi. Centenares de militantes políticos, sociales, gremiales y estudiantiles, en su mayoría no ligados a la lucha armada, fueron asesinados, torturados o desparecidos, con el objetivo de disciplinar a una población que observaba aterrada el brutal despliegue militar. Con el argumento de su fuerza para imponer una paz ominosa, los represores se presentaron como garantes del orden y lograron la adhesión de un amplio segmento de la sociedad.
Esta circunstancia incidió fuertemente en la vida política tucumana después de la recuperación de la democracia, ya que la Fuerza Republicana fundada por Bussi se convirtió –con altibajos– en uno de los partidos más importantes de la provincia durante más de dos décadas y se apropió de buena parte del caudal electoral del radicalismo, como puede comprobarlo quien se tome el trabajo de hacer un análisis comparativo de los cómputos entre 1983 y 2003. El dictador volvió a ejercer el poder en 1995, esta vez catapultado por el voto popular.

 

Desacoples
Otro factor para considerar es que las lealtades partidarias nunca fueron demasiado fuertes en Tucumán. El gobernador José Alperovich era un connotado dirigente radical hasta su ingreso en el FpV y el intendente de la capital, Domingo Anaya, fue electo con la boleta justicialista y ahora participó como candidato a vicegobernador del opositor Acuerdo del Bicentenario. Justamente para evitar que las constantes querellas intrapartidarias terminaran por destruir a las heterogéneas fuerzas políticas, se impuso una ley de lemas que hizo un caos de la vida electoral de la provincia y que, después de una reforma constitucional, fue reemplazada por un sistema de «acoples», que en lo sustancial nada modificó.
Mediante este mecanismo, que facilita la fragmentación y dificulta el conteo de los votos, los partidos provinciales pueden adherir a un candidato a gobernador de otra fórmula, lo que propicia negociaciones de todo tipo. Lo mismo sucede con los concejales respecto de los postulantes a intendente. Se busca que los punteros barriales tengan un interés económico concreto que incentive su tarea reclutadora, para lo cual se utilizan los llamados «gastos sociales» que disponen los legisladores y concejales. Así, además, se mantiene bajo control a los barrios más empobrecidos. El 23 de agosto último hubo en Tucumán unos 30.000 candidatos y 80 acoples fueron oficializados, 50 del FPV y 30 de la oposición, que desde 2007 se ha servido del recurso sin queja alguna. Existe un agravante en la utilización del acople en lugar del lema, ya que en el primer caso no existe una clara identificación partidaria y se han dado numerosos casos de acoples que iban colgados de todos los principales candidatos. La confusión resultante de este galimatías también tuvo su influencia en muchas de las irregularidades verificadas, lo que no significa que el grueso de los votantes haya sido arreado, manipulado o burlado.
A raíz de la experiencia tucumana, existe el fundado temor de que estas históricas corruptelas –toleradas y aprovechadas por todos los actores políticos en distritos conflictivos– puedan facilitar que algunos pícaros pongan bajo sospecha el resultado de las elecciones nacionales del próximo 25 de octubre. El candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, deslizó que ello podría suceder y ya se insinúa una estrategia deslegitimadora del voto popular. De allí la importancia del conjunto de medidas adoptadas por la Cámara Nacional Electoral para darles transparencia a esos comicios y a los escrutinios provisional y definitivo, entre las que se destacan que cada escuela cuente con un cuarto oscuro adicional para guardar bajo llave las boletas de reposición y que las actas se confeccionen por duplicado.

 

La brecha
Cuando tantos comunicadores procuran allegar fuego a la hoguera, cabe destacar actitudes reflexivas, como la del columnista de La Nación, Eduardo Fidanza, quien sin renunciar a su dura oposición al actual gobierno, hace un esfuerzo por parar la pelota y observar lo que sucede a su alrededor. En una nota publicada por el citado matutino, Fidanza señala: «Al cabo de una larga jornada, en la que había recorrido varias ciudades y barrios acompañando al candidato de su partido, un experimentado político confesaba, con cierta desilusión: “Parece que a la gente nada le mueve el amperímetro; somos nosotros y los medios los que estamos a mil, pasados de vueltas, como si esto fuera a vida o muerte”. Ese expresivo reconocimiento no constituye una novedad de la sociología política. Es solo la constatación de una brecha característica: la que separa al poder de la sociedad, a las elites, del pueblo (…) En ese contexto, la Argentina asiste a una campaña electoral que como pocas se distingue por un rasgo: la brecha entre la pasión agonal de los políticos y la estabilidad emocional de los votantes».

Daniel Vilá