25 de julio de 2019
De Lázzari. A su juicio, «el panorama es absolutamente preocupante». (Sebastián Casali)
En plena campaña electoral la grieta se trasladó de la política a los tribunales. Las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázzari, quien dijo que hay «causas armadas», «abusos de arrepentidos» y «fallos mediáticos», provocaron un sismo en el mundo judicial. A fines de junio, en las Quintas Jornadas de Actualización para la Magistratura Penal Bonaerense, el supremo señaló que algunos «vicios» de la Justicia federal se estaban trasladando a la provincia: «Estoy hablando de causas armadas artificialmente, de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante». Sus palabras avivaron una intensa polémica de final incierto.
Una de las principales dirigentes en alzar la voz fue la expresidenta y candidata a vice, Cristina Fernández, quien replicó en las redes sociales las declaraciones del presidente del máximo tribunal y viralizó el mensaje. Rápidamente, salieron al cruce el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano –tildó la declaración de «temeraria»–, y la gobernadora María Eugenia Vidal. Ambos le reclamaron al magistrado que si tenía una denuncia para realizar, la presentase en la Justicia. La mandataria presionó: «Cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito –persecución o armado de causas son delitos– está obligado a denunciarlo. Si no uno es cómplice y es un delito». En un movimiento de pinzas, el procurador bonaerense Julio Conte Grand ordenó abrir una investigación.
Frente al desafío, De Lázzari respondió con un comunicado en el que enumeró tres casos: el del fiscal de Mercedes involucrado en el D’Alessiogate, Juan Ignacio Bidone; el de un magistrado del Departamento Judicial de Lomas de Zamora; y el «de un Agente Fiscal al que se le atribuye el armado de una causa, con testigos falsos y la colaboración de abogados».
Dos veredas
Ante la polémica instalada, distintos actores del sistema judicial decidieron tomar partido. La Red de Jueces Penales emitió un documento de respaldo al presidente de la Corte. También lo apoyó el fiscal federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py, Federico Delgado. «No lo conozco al señor De Lázzari, pero celebro que haya dicho lo que todos sabemos sobre la grave crisis de la Justicia. Hace mucho tiempo que la Justicia viene separándose de la Constitución», aseguró. Lo mismo había hecho días atrás la fiscal Mónica Cuñarro, de extensa experiencia en el fuero penal.
En la vereda de enfrente se ubicó la Asociación de Magistrados (sede porteña), que le pidió a De Lázzari que se mantenga «ajeno a posiciones oficialistas u opositoras». Y el vicepresidente de la Corte bonaerense, Héctor Negri, se distanció de su colega. Dijo que «es muy injusto que se trate a la Justicia de este modo».
Lo cierto es que las palabras del titular del máximo tribunal tienen un correlato fáctico. En la Justicia provincial está como antecedente cercano el caso Carzoglio, en el que un juez acusó públicamente al Gobierno de presionarlo vía dos agentes de la AFI para detener a los Moyano. Y el caso de Bidone, que es uno de los tantos episodios irregulares que ventiló el D’Alessiogate, la causa que se sustancia en la Justicia de Dolores, donde se investiga a una red de espionaje ilegal con terminales diversas.
Tras la feria judicial y las PASO del 11 de agosto, todo indica que volverán los cruces en torno al controvertido rol de la Justicia en el último tiempo.
