Política

Conflictos a la vista

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La aprobación en comisión de un proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional alarmó al macrismo. Movilizaciones sindicales y el regreso de Cristina Fernández.

Reclamos. Dirigentes de todas las centrales gremiales fueron a la Cámara de Senadores a expresar su rechazo a la política económica oficial. (Dyn)

Tras las primeras movilizaciones contra las políticas económicas implementadas a partir del 10 de diciembre pasado que el gobierno de Mauricio Macri logró solventar con un relativo desgaste, la impresión predominante entre los funcionarios de Cambiemos es que deberán afrontar en los próximos meses una andanada de conflictos que podrían generar cierta tendencia a la unidad de acción en una oposición hasta hoy prudente y dispersa. Sin embargo, confían en desactivarla con la colaboración de sus aliados del massismo y de algunas conducciones sindicales que se habían comprometido a no ponerle palos en la rueda al oficialismo.
Por eso cayó como un balde de agua fría en los despachos oficiales la conformación de una mayoría parlamentaria que incluye a justicialistas, renovadores, socialistas y hasta a la izquierda trotskista que, tras arduas negociaciones, logró consensuar un proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional en los ámbitos público y privado y establece la prohibición de despedir trabajadores retroactiva al 1º de marzo de este año y hasta el 31 de diciembre de 2017. Es que el dictamen de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados determina además que quien sea despedido en ese lapso tendrá derecho a percibir una doble indemnización, una medida que, en opinión del oficialismo, perjudicará la prometida avalancha de nuevas inversiones. Otra iniciativa similar aunque más moderada –reduce el plazo a 180 días y no es retroactiva– fue presentada en el Senado, lo que potenció la alarma gubernamental.
La reacción presidencial no se hizo esperar: durante una visita a la planta de la empresa Cresta Roja, que fue reactivada con menos de la mitad del personal, salarios rebajados y contratos precarios, Macri enfatizó: «Ya probamos en 2002 con leyes que prohibían y eso no trajo más trabajo, destruyó trabajo», y añadió: «Queremos progresar y ser felices. Entonces no hagamos cosas que no sirven», en una clara alusión a que, de aprobarse la norma, el gobierno estaría dispuesto a vetarla.
Más allá de esa afirmación, el sitio Chequeado, un emprendimiento que se ocupa de la verificación del discurso público cuyos servicios son utilizados con frecuencia por el matutino La Nación, difundió un análisis de Matías Di Santi y Ariel Riera que desestima el argumento: «La doble indemnización fue establecida en 2002. El artículo 16 de la llamada Ley de Emergencia Económica suspendía la posibilidad de efectuar despidos “sin causa justificada” por el plazo de 180 días a partir del 6 de enero de ese año y obligaba al empleador a pagar el doble al trabajador si de todas maneras lo hacía. El plazo se fue renovando con diferentes medidas que también redujeron el porcentaje de la segunda indemnización que debía pagar el empleador (en 2004 se redujo primero al 80% y luego, en 2005, a 50%. Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, entre 2002 y 2007 el empleo privado registrado pasó de 3,5 millones a 5,6 millones de empleos, es decir, un aumento del 60%. Los tres primeros trimestres de 2002 sí mostraron una caída del total de empleos (período que coincide con la crisis tras la salida de la convertibilidad), aunque a partir del cuarto trimestre el empleo volvió a subir». Conclusión; durante el período en el que rigió la norma, se crearon dos millones de empleos.
Para evitar las nefastas consecuencias políticas que tendría el veto a una ley tan sensible, el macrismo asegura haber concretado un compromiso con el Frente Renovador (fr) sobre la base de un proyecto legislativo en el cual se establecen incentivos impositivos para las empresas –especialmente las pymes– que mantengan o incrementen su planta respecto de noviembre pasado. También dispone que las grandes compañías no podrán despedir sin justa causa si no cuentan con la previa aprobación del Ministerio de Trabajo. De esta manera, el massismo reforzaría la imagen de ser una usina de «propuestas superadoras». Por las dudas, sus impulsores advirtieron que si Cambiemos no se decide a apoyarlo, el fr procedería a descongelar el proyecto primigenio.

Apoyo. La expresidenta se reunió con militantes sociales en su paso por Buenos Aires. (Télam)

a masificarse es la inédita convocatoria de todas las centrales sindicales a una movilización. Ni los más férreos aliados del macrismo en el ámbito sindical pudieron sustraerse a la presión de sus representados, alarmados por el constante incremento de los precios de los artículos de primera necesidad y las tarifas del transporte y preocupados por las suspensiones en industrias como la metalúrgica y la automotriz. Según la consultora Tendencias Económicas, en los dos primeros meses del año se han perdido más de 107.000 puestos de trabajo, en tanto aquellas que miden el comportamiento de la inflación, evalúan que en abril el índice experimentaría un aumento de entre el 6% y el 7%. Hugo Moyano, que viene actuando como un dirigente conciliador, ha llegado a amenazar con un paro nacional si no se atiende a la emergencia ocupacional. El gobierno insiste en que la inflación descenderá abruptamente en el segundo semestre, pero sus críticos sostienen que ello solo se conseguirá con recesión, mayor desocupación y, por ende, menor demanda, con lo cual no habría nada que festejar.

 

El regreso
La judicialización de la política que motivó la declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una causa en la que se investiga su presunta responsabilidad en la venta de dólares a futuro terminó, paradójicamente, por implicar al propio juez de la causa, Claudio Bonadio. La oportunidad de la reaparición pública de la exmandataria fue convenientemente aprovechada por ella para exhibir liderazgo. Una multitud la aclamó bajo la lluvia y después, una sucesión de reuniones con sacerdotes de la Opción por los Pobres, intendentes, legisladores, representantes del arte y la cultura le devolvieron una centralidad de la que muchos dudaban. Ante el suceso, las opiniones de la dirigencia macrista fueron diversas. Lo que para algunos es un vano intento por volver a reunir a la diáspora del kirchnerismo al que fantasean con pulverizar, para otros conduce inexorablemente a una polarización que, estiman, terminará por favorecerlos.
Lo cierto es que, con su sola presencia y con el anuncio de una iniciativa política que no terminó de definir en alcance y características, el Frente Ciudadano, Cristina Fernández le marcó la cancha al Partido Justicialista, al que pretende sumar a una acumulación más vasta, le creó contradicciones a Cambiemos y le complicó la estrategia al massismo, que, enarbolando la consigna del «camino del medio», oscila entre presentarse como una «oposición responsable» y convertirse en una vertiente del oficialismo. El cambio discursivo –poner el eje en la ciudadanía y no en el pueblo– apunta a recuperar a un segmento de los sectores medios que la votaron en 2011 con vistas a reivindicar los derechos perdidos, librarse del corsé pejotista y capitalizar el desgaste del gobierno. No será una tarea fácil.
Por su parte, el oficialismo –según sus detractores– ha cometido errores hasta en cuestiones menores donde podía haber demostrado una mayor sensibilidad social sin graves afectaciones a los recursos disponibles. Ocurrió con la escasa ayuda a los inundados –incluso hubo una negativa a aprobar la emergencia en el Litoral por el gasto fiscal que demandaría–, la limitación en el acceso gratuito a medicamentos a los afiliados al pami, el pedido a Susana Trimarco para que devuelva dos predios concedidos por el gobierno anterior y que estaban destinados a la construcción de un centro materno infantil y viviendas para las víctimas de la trata y la violencia de género en Tucumán, y el cese en el funcionamiento de las unidades odontológicas móviles, que atendían a los pibes de los sectores más desfavorecidos.
El director del sitio La Política Online, Ignacio Fidanza, quien ve con buenos ojos al macrismo, se permitió darle un consejo: «Debería repasar con muchísima atención la experiencia de Fernando de la Rúa. La amnesia es un deporte nacional, pero no le está permitido al presidente».

Daniel Vilá

 

 

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