12 de diciembre de 2019
Soplan vientos de cambio en la Justicia federal, sobre todo, para los tribunales de Comodoro Py. En su primer discurso como presidente, Alberto Fernández fue enfático respecto a la política judicial que tendrá su gestión: «Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos». «Nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno», afirmó. Y anunció luego la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de fuerte injerencia en el edificio de Retiro. A lo que se añade un conjunto de leyes que consagrarán «una integral reforma del sistema federal de Justicia».
Sus palabras marcan un punto de inflexión para la dinámica que marcó la vida cotidiana de los tribunales de Comodoro Py. Y se dan luego de una persecución lisa y llana contra la flamante vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pero también cuando avanzan procesamientos contra exfuncionarios macristas como Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción, o el exministro de Energía y Minería cambiemita, Juan José Aranguren. Cómo avanzarán esos procesos y las decenas de causas abiertas contra dirigentes macristas, incluso las que involucran al propio Mauricio Macri, es una incógnita.
En Comodoro Py esperan que algunos magistrados, que cumplieron un rol central en el engranaje judicial que fomentó el macrismo, dejen sus cargos (muchos están en condiciones de jubilarse). Y creen, por ejemplo, que es inminente la implementación de la reforma procesal, que dará pista al sistema acusatorio, con el que los fiscales ganan mucho peso en el impulso de las causas penales. También se espera la posible conversión de juzgados nacionales en federales.
La apuesta es clara, porque como dijo Fernández, «una democracia sin Justicia realmente independiente no es democracia».
