Una sucesión de episodios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano impulsaron una vez más reclamos de endurecimiento de medidas de seguridad. Entre el oportunismo y un debate necesario, persiste una problemática que preocupa a la sociedad.
7 de octubre de 2020
Una de las pocas funciones que el modelo neoliberal le consiente al Estado es el cuidado de la seguridad urbana. Desde su punto de vista, el valor supremo es la propiedad privada, los recursos de la sociedad deben destinarse fundamentalmente a la custodia de los bienes de los ciudadanos. Y si esto no ocurre, sería lícita la «justicia por mano propia».
No es casual que un hecho paradigmático en los años del menemismo haya sido el caso del ingeniero Horacio Santos, quien hace poco más de 30 años, el 16 de junio de 1990, persiguió y mató a dos jóvenes que le habían robado el pasacasetes del auto, en el barrio porteño de Villa Devoto. Entre los mal llamados «justicieros» –en el candelero por los casos de un jubilado en Quilmes y un panadero en Rafael Castillo– y el homicidio del inspector de la Policía Federal Juan Pablo Roldán en otro barrio de la capital argentina, emergió últimamente una disputa en torno del uso de pistolas Taser por las fuerzas de seguridad.
Nada hace prever que esta agenda vaya a cambiar, sobre todo porque ante el incremento de cifras de pobreza y desocupación, esas fuerzas son las mismas que servirían para la represión social. La otra forma de proteger la propiedad privada para los cultores de la mano dura.
La primera semana de octubre fue sacudida por dos noticias impactantes. El colectivero Pablo Flores había sido asesinado con tres balazos en el rostro en Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza. El vehículo de la línea 218 circulaba con pasajeros a bordo cuando tres jóvenes dispararon desde un auto. El caso conmocionó por sus características violentas y trascendió luego de que los colegas de la víctima –un muchacho de 28 años padre de dos niñas– iniciaron una protesta con corte de rutas y quema de cubiertas en reclamo de justicia y mayor protección hacia los trabajadores del gremio.
Intenciones
Dos días más tarde, en Rafael Castillo, en el mismo distrito, un panadero mató a balazos a un adolescente que junto con otros tres jóvenes lo interceptaron cuando estaba en su camioneta Amarok junto con su hijo. Según su declaración, se le cruzó un automóvil Chevrolet del que salieron cuatro muchachos armados que querían llevarse el utilitario. Hubo un forcejeo, él le sacó el arma a uno de sus atacantes y se produjo un disparo. Un adolescente de 17 años cayó herido de muerte al pavimento. Los vecinos lo ayudaron luego a detener a otro chico, de 16 años, y trataron de lincharlo. Los demás huyeron.
El 17 de julio pasado, cinco jóvenes ingresaron a la casa del jubilado Jorge Ríos, en Quilmes. De su declaración se desprende que fue atacado con un destornillador mientras dormía. Como no era la primera vez que sufría un robo, Ríos extrajo una pistola Bersa calibre 9 milímetros y comenzó a disparar. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, declaró que el jubilado de Quilmes «no se levantó con la intención de dañar a nadie y fue agredido por cinco delincuentes». Y más adelante se trenzó en otra polémica con su homóloga de Nación, Sabina Frederic, tras la muerte del inspector Juan Pablo Roldán. El 28 de septiembre, el oficial –efectivo de la Policía Montada de la PFA– alertado por el griterío en un grupo de personas entre las que había policías de la Ciudad de Buenos Aires, se acercó a brindar su ayuda.
El incidente ocurrió frente al museo Malba, a pocas cuadras del cuartel policial. Y el protagonista era Rodrigo Facundo Roza, un vecino del lugar con graves problemas psiquiátricos. En pleno brote sicótico, Roza amenazaba con un cuchillo a los agentes que pretendían calmar la situación. Roldán recibió una puñalada mortal a la altura del corazón, pero alcanzó a disparar sobre Roza. El policía, de 33 años y padre de un chico de 4, murió tras ingresar a la clínica Mater Dei. Roza falleció al día siguiente.
En este nuevo cruce el médico militar exigió a la antropóloga la entrega de pistolas Taser como «un elemento indispensable que asegura la vida del policía y de terceros». Ese tipo de armamento fue presentado en la gestión de Patricia Bullrich como la gran respuesta ante situaciones de inseguridad. Las presentó como armas no letales que evitarían situaciones como las que el policía Luis Chocobar resolvió matando por la espalda a un hombre que había apuñalado a un turista extranjero para robarle la cámara de fotos.
Las primeras medidas de Frederic fueron revocar la llamada Doctrina Chocobar –el suboficial también recibió el total apoyo de Macri en su momento–. Frederic tuvo que explicar que las Taser no habían sido prohibidas, como se dijo en los medios hegemónicos, sino que un centenar adquiridas por Bullrich se habían destinado a fuerzas federales especiales. Y aclaró que esas pistolas no son armas no letales, como se las presenta. «Son de baja letalidad, que no es lo mismo», puntualizó.
Para un ciudadano de a pie, la cara más visible y cercana del Estado es un agente policial. Para las buenas y para las malas. Desde bajar un gatito atorado en un árbol de la anciana vecina del barrio hasta obligar al uso de barbijo a los remisos que circulan por la vía pública. «Un policía no puede servir para todo», es el mensaje de Frederic.
En el medio de ese arco, están el gatillo fácil y los negocios non sanctos de sectores enquistados en la fuerza. Para las elites y ciertos medios, su función más importante debería ser la custodia de bienes y haciendas y, llegado el caso, la represión sin más.
