La sucesión de casos recientes de violencia institucional revela la persistencia de un grave problema que la democracia no resolvió. La salud de los profesionales que enfrentan la pandemia y la nueva regulación de las telecomunicaciones.
25 de agosto de 2020
Respaldo. Cristina Castro, mamá de Facundo, se reunió en Olivos con el presidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. (NA)
Entre las heridas culturales que dejó como legado la dictadura genocida y que la democracia no ha logrado cerrar, sobresale la naturalización de la violencia represiva que hoy se manifiesta en la justificación de los malos tratos policiales contra los «sospechosos», por lo general jóvenes morochos y de gorrita. Una parte significativa de la sociedad desarrolla, a veces sin advertirlo, comportamientos discriminatorios, y está convencida de que la mano dura es un argumento disuasivo que contribuye a combatir la delincuencia. Las restricciones a la movilidad que impone el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), al delegar los mecanismos de control en las fuerzas de seguridad, han incrementado las detenciones arbitrarias, la imposición de tormentos en comisarías y las amenazas a los familiares de las víctimas.
Un caso paradigmático es el del desaparecido Facundo Astudillo Castro, en el cual, además de las irregularidades que constan en la causa, existió una persecución hacia el hermano de su exnovia, Marcelo González, que motivó un habeas corpus preventivo, presentado por la querellante Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que fue aceptado por la jueza federal María Gabriela Marrón.
Hace más de dos meses, González fue ilegalmente interrogado por agentes policiales de la Bonaerense, quienes lo amenazaron con inculparlo por la desaparición de Facundo, lo que dio lugar a una causa penal por apremios ilegales. También denunció el acoso de patrulleros oficiales que lo seguían a toda hora con las luces apagadas y la permanente recepción de llamados intimidatorios efectuados mediante teléfonos con identificación bloqueada y números desconocidos, circunstancias por las cuales se vio obligado a mudarse. Todo ello, pese a que no existe en la causa elemento alguno que indique su involucramiento en el caso.
Concretamente y en referencia a la desaparición de Facundo, cabe consignar que, conforme el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, esta figura jurídica comienza con el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad. Por lo tanto, puede iniciarse con una detención ilegal o con un arresto o detención inicialmente legal.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha analizado en un documento el uso irracional de la violencia letal por parte de las fuerzas de seguridad, actitud que fuera fundamentada y defendida durante cuatro años por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En un fragmento del texto se afirma: «La visibilidad de esa política hizo que los cuestionamientos se concentraran en las fuerzas federales. Sin embargo, queda claro que la reforma y modernización de las policías provinciales es tan importante como las que deben impulsarse a nivel nacional. Del mismo modo como es importante que los gobiernos intervengan políticamente sobre los hechos de violencia policial con una mirada que no se limite a trabajar sobre el caso a caso». En otro tramo, se establece: «La sucesión de casos graves en pocos meses es un gran llamado de atención sobre la persistencia de altos niveles de violencia estatal. En muchos de ellos los poderes ejecutivos separaron a los efectivos sospechados y las investigaciones judiciales están avanzando».
Por su parte, la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social (RADHIS) consignó que desde la promulgación del ASPO y hasta fines de junio se produjeron 101 denuncias de violencia institucional en todas las jurisdicciones argentinas, con la excepción de Catamarca, Entre Ríos, Formosa, San Juan y Tierra del Fuego. La «aplicación de violencia física» encabeza la estadística con 61 denuncias registradas, seguida por la «violencia policial por violar a aislamiento» con 42 y la «violencia psicológica» con 32. «Fallecidos», «heridos por arma de policía» y «desaparecido», tienen 22, 13 y un caso, respectivamente.
Noticias desde el frente
La pandemia de COVID-19, que persiste en el AMBA y ha recrudecido en el interior del país, está haciendo estragos entre el personal médico y paramédico que ejerce sus funciones en muchas de las provincias afectadas. Se estima que son más de 17.000 los contagiados en el sector, una cantidad similar los que se encuentran sometidos al aislamiento, y más de 60 los muertos a causa del virus.
Pero hay un tema al que no se le ha otorgado la debida importancia, el de la salud mental de los profesionales. Un cuestionario realizado por el Equipo de Investigación GPS-Salud, integrado por científicos del CONICET y de universidades argentinas, acerca de las preocupaciones de los involucrados –la mayor parte pertenecientes a la primera línea de combate contra el coronavirus– sobre indicadores de depresión, ansiedad, intolerancia a la incertidumbre, entre otros, y que fue respondido por 1.500 de ellos, arrojó resultados concluyentes. El estudio extendió su valoración desde el lapso que va de las primeras tres semanas de la cuarentena obligatoria hasta las dos semanas subsiguientes. Así pudo constatarse que la preocupación por la posibilidad de contagiar a miembros de su familia ascendió del 83% al 90%, la del propio contagio del 65% al 71%, la percepción del empeoramiento del clima laboral se incrementó del 68% al 79%. La interferencia del cansancio en su trabajo ascendió del 67% al 79%. Solo el 32% de los encuestados afirmó contar con un equipo de contención y apoyo psicológico. Los indicadores de depresión, tales como la irritabilidad –pasó del 34% al 54%– los trastornos del sueño –del 43% al 67%– generan un estado de ansiedad que aumentó del 53% al 73% entre los encuestados.
Los especialistas consideran que la situación traumática que le toca vivir a este personal, de prolongarse en el tiempo, podría derivar en graves consecuencias si, además de la actualización de los salarios y la provisión de elementos adecuados, no se toman urgentes acciones para proteger su salud mental.
