Con la nueva ley de financiamiento de las campañas, que habilita las contribuciones empresarias, se cristaliza una notoria desigualdad en las posibilidades de las distintas fuerzas partidarias. Impacto de la fórmula Fernández-Fernández.
22 de mayo de 2019
Voto. Mientras se desarrollan comicios provinciales, el Congreso sancionó una norma que modifica las reglas de juego para las presidenciales. (MARCELO OCHOA/TÉLAM)
La aprobación de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que, entre otras cuestiones, permite el aporte de empresas privadas a las campañas electorales y reduce el tiempo que los medios de comunicación deben destinar a publicidad gratuita de los partidos políticos, plantea nuevas reglas de juego para los comicios nacionales de agosto y de octubre, más noviembre en caso de ser necesario un balotaje.
Con esa normativa, que echa por tierra una limitación introducida en 2009, no solo se blanquea la intervención de los grupos concentrados en la política nacional, sino, como temen tanto desde el kirchnerismo como desde las agrupaciones de izquierda, se legitima el apoyo a un modelo económico ligado al mercado. Si es verdad que «billetera mata galán», el candidato que más dinero recaude tendrá más posibilidades de llegar al votante con su mensaje. Más aún en el marco de una ley que, además de reducir los espacios audiovisuales gratuitos, también impide el aporte de sindicatos o colegios profesionales.
Los críticos de la ley señalan que entre los motivos que tuvo el oficialismo para impulsar la iniciativa estaba el escándalo de los aportes «truchos» para las campañas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y de la capital argentina, un caso que se diluyó entre los vericuetos del Poder Judicial sin pena ni gloria, para beneficio del Gobierno.
Para la izquierda, la ley «busca avalar los negociados con la política», según declaró Mónica Schlotthauer, del FIT, ya que el que pone dinero espera a cambio recibir alguna recompensa futura. En tanto, desde el Partido Solidario la propuesta había sido, desde que se comenzó a debatir esta norma, avanzar hacia la financiación del total de la actividad política por parte del Estado, como una forma de contribuir «a la revalorización de la militancia, al mayor ejercicio de la política en los espacios públicos y a un mayor contacto de los dirigentes con la sociedad, en desmedro del marketing político», como puntualizó el dirigente Carlos Heller en una columna en el diario Tiempo Argentino. En esta tesitura coincidieron los peronistas Felipe Solá y Agustín Rossi.
Sombras de la Justicia
Desde la Casa Rosada, Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, celebró «que se haya alcanzado el consenso para avanzar en aquellos puntos clave que aseguren para las elecciones de este año un financiamiento de campañas más transparente, equitativo y bajo el escrutinio efectivo de la Justicia electoral».
Pero precisamente el Poder Judicial es el que aparece cuestionado como nunca desde la recuperación de la democracia. La forma en que la denuncia de los aportes ilegales en la campaña bonaerense de Cambiemos en 2015 cayó en el vacío, cuando había pruebas contundentes de la forma en que ciudadanos comunes aparecían aportando dinero para el oficialismo provincial sin haber sido informados, fue otro paso en falso de un sistema que viene perdiendo terreno en la consideración pública por el modo en que resuelve sobre cuestiones que afectan al poder real en cada momento de la historia.
Este sayo les cabe también a las denuncias contra la expresidenta Cristina Fernández y algunos de quienes la secundaron en el gobierno. Las defensas de Fernández y de los acusados en la causa por la obra pública en la provincia de Santa Cruz venían reclamando la sustanciación de mayores pruebas para avanzar en el juicio oral y público. Los recursos de queja por presunta «denegación de justicia» llegaron a la Corte Suprema, pero recién seis días antes de la primera audiencia, esta solicitó al tribunal oral el expediente para analizar los reclamos. Fue tal la presión mediática y política sobre el máximo tribunal que, a las apuradas, los supremos salieron a aclarar que no impedían la continuación del juicio. Los que buscaban la foto de Cristina en el banquillo de los acusados respiraron tranquilos por unos días.
Candidato. Fernández jura como jefe de Gabinete en 2007. Ahora va por la presidencia. (MARCELO OCHOA/TÉLAM)
Es que el sábado 18 de mayo, sorpresivamente, en un video difundido en las redes sociales, Cristina Fernández anunció la fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández, con la que aspira a construir un gran frente para derrotar al macrismo. La expresidenta se propone como vicepresidenta de Alberto Fernández en unas PASO a las que espera que vayan todos los sectores de la diáspora peronista. El argumento para postular a quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y de sus primeros dos años de gestión fue que es un hombre de consensos.
Ciertamente, la movida causó estupor en la dirigencia política y en los medios que apoyan el proyecto de Cambiemos y obligó a recalcular estrategias. En el radicalismo, que se preparaba para una nueva convención partidaria, y en el macrismo más cerrado, que cree que crece a medida que contrasta con Cristina Fernández. Y pone en el tapete como tema central la corrupción en el gobierno anterior. Pero también impacta en la llamada Alternativa Federal, que nuclea sectores peronistas más cercanos a Balcarce 50, como el gobernador cordobés, Juan Schiaretti; el senador nacional, Miguel Pichetto; y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Schiaretti venía de revalidar abrumadoramente títulos en su provincia, donde el kirchnerismo se corrió de la disputa en lo que parecía un guiño para el mandatario mediterráneo. Pronto, el que fue viceministro de Domingo Cavallo mostró su distancia con cualquier opción que incluyera a Cristina Fernández.
Noticias pampeanas
Cuando aún los ecos del anuncio de la fórmula Fernández-Fernández atronaban el ambiente, los pampeanos mostraron en las urnas su fidelidad al peronismo local, asestando la novena derrota consecutiva en lo que va del año para la alianza macrista y, por si fuera poco, en Santa Rosa, un candidato de La Cámpora derrotó a un intendente radical. El gobernador electo Sergio Ziliotto obtuvo el 52% de sufragios a nivel provincial, contra el 32% de Daniel Kronenberg; mientras que en la capital Luciano Di Nápoli cosechó casi el 52% de sufragios, contra el 27% del radical Leandro Altolaguirre.
Ziliotto, quien sucederá al caudillo provincial Carlos Verna, de inmediato mostró su apoyo a la fórmula anunciada horas antes en las redes sociales. Coincidió con otros gobernadores como Rosana Bertone, de Tierra del Fuego; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Domingo Peppo, de Chaco; y Juan Manzur, de Tucumán.
Alberto Fernández es conocido por su capacidad de diálogo y en el poco tiempo que en los días agitados del anuncio le dejaron libre los medios –que buscaban la exclusiva con el flamante precandidato– gastó el teléfono para hablar con todos los dirigentes que pueden aportar territorio y votos al proyecto.
Pero también es recordado su paso al costado en 2008, cuando se fue del Gobierno tras el conflicto con los productores agropecuarios para ponerse en un lugar muy crítico de la gestión de Cristina. Ese es un dato que él espera que juegue a su favor, ya que le sirve para bloquear la acusación de que en caso de ganar sería un títere de la vicepresidenta. Aunque también es cierto que le resta simpatías entre los votantes más identificados con el kirchnerismo duro, ya que estuvo en la vereda de enfrente cuando se discutieron temas trascendentales, como la eliminación de las AFJP, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la estatización de YPF y Aerolíneas Argentinas, entre otras.
Su misión, en síntesis, será la de tejer una coalición para terminar con el fallido interregno de la alianza radical-macrista, pero, básicamente, para hacerse cargo de armar un proyecto de país que contenga a las mayorías populares, recupere la producción y el consumo interno y negocie la bomba de la deuda externa con el FMI. Una coalición que pueda disputar la batalla que se viene: quién y cómo pagarán los platos rotos en estos cuatro años.
