Política

Algo más que dinero

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El eje del conflicto en las universidades públicas salió a las calles. Los docentes reclaman aumentos salariales acordes con la inflación pero también definiciones en cuanto a la política que las autoridades se plantean para la educación superior.

Visibilidad. Los gremios iniciaron un plan de lucha que incluye clases abiertas y cortes. (Télam)

 

El conflicto docente que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri no se reduce a una discusión salarial. Del dinero destinado a las universidades, el 90% representa el pago de sueldos, mientras que el 10% es para gastos operativos. Este último factor es el que preocupa a los rectores de las universidades de todo el país. El presidente anunció una partida extra de 500 millones, que representa el 4,5% de esos gastos. Decanos y rectores la consideraron insuficiente y advirtieron sobre el freno a las obras de infraestructura de las casas de estudios, la suspensión de los convenios que tenían con el Estado nacional y la subejecución del presupuesto aprobado por el Congreso.  Desde el gobierno nacional afirman que las universidades son una prioridad. Algunos decanos estiman que falta una política universitaria clara, mientras que dirigentes gremiales consideran que la política es el ajuste.
Lejos quedaron los discursos de la campaña en los que algunos dirigentes macristas habían fustigado a las universidades del Conurbano. El diputado pro Pablo Tonelli aseguró que «la educación no se arregla abriendo universidades por todos lados, si después no hay profesores o los títulos de los graduados no valen nada». Otros dirigentes cuestionaron la gratuidad de la enseñanza y fustigaron el nivel académico de las universidades públicas.
En cambio, cuando recibió a los rectores y anunció ante los medios un refuerzo presupuestario de 500 millones para paliar el aumento de tarifas, Macri sostuvo que las universidades son su prioridad. ¿Cuál será su política universitaria? Según el ministro de Educación, Esteban Bullrich, la idea no es cerrar universidades, sino abrir nuevas. «Hay lugares en el Interior en que hacen falta universidades y que hay que trabajar –aseguró–.Queremos que haya ingreso irrestricto y, para eso, tenemos que trabajar en mejorar la calidad del sistema educativo formal».
Las 53 universidades públicas tienen un presupuesto de 51.000 millones, que fue pensado para una inflación mucho menor que la de este año. Es por eso que la uba votó un presupuesto hasta agosto. Cuenta con fondos que son solo el 2% más de lo que tenían en 2015. «Macri manifestó que la universidad pública es esencial y que para nada van a bajar el presupuesto universitario. Ahora vamos a ver cómo esto se traduce en la práctica en la readecuación presupuestaria», le dijo a Acción el rector de la uba, Alberto Barbieri, quien resaltó la necesidad de destrabar el presupuesto para los hospitales universitarios.
«El presupuesto se está subejecutando, dado que no nos están enviando completas las partidas, en algunos casos de salarios y en otros, de gastos de funcionamiento», indicó a Acción la rectora de la Universidad de General Sarmiento (ungs), Gabriela Diker. «Por un decreto presidencial se suspendieron todos los convenios para el aumento de carreras, puestos nuevos, infraestructura. Se está discutiendo si están vigentes o no. Eso comunica acerca de una visión de sospecha hacia el sistema universitario. Muchas actividades que estaban en curso están siendo financiadas con presupuesto propio, pero es una situación que no se va a poder sostener en el corto plazo», indicó Diker.
Para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la uba, Glenn Postolski, no está claro «si Macri tiene una política universitaria. Hay una matriz que tiene que ver con lo económico financiero y que plantea la inevitabilidad de algún tipo de ajuste, pero no sé si hay un proyecto político-académico por detrás». En tanto, el secretario general de la conadu Histórica, Luis Tiscornia, indicó que la discusión paritaria también da indicios sobre una política universitaria: «Nos proponen pagar salarios por debajo de la inflación. No es una política universitaria girar fondos para pagar la luz, pero sí los discursos iniciales del ministro Bullrich, que hablan de calidad y evaluación, que es parte del discurso para encubrir políticas de elitización, achique y mercantilización. Es un discurso que pone una mirada empresarial sobre los procesos de aprendizaje. Se está delineando una política universitaria en ese sentido».

 

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