El máximo tribunal del país administra causas sensibles cuyos fallos espera firmar antes de fin de año, en coincidencia con la asunción de Alberto Fernández. Tarifas, presupuesto y seguridad, algunas de las iniciativas que se tejen en el Parlamento.
13 de noviembre de 2019
Asoma un nuevo ciclo político con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada. La asunción del presidente electo coincidirá con una serie de fallos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación espera firmar para cerrar el año. Se trata de sentencias de impacto económico y social que afectarán la «caja» de la próxima administración. El máximo tribunal tendrá en agenda, además, otros casos de alcance político que podría abordar tras el cambio de mandatario.
La Corte Suprema no tiene plazo para emitir opinión sobre las causas que llegan al cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tienen despacho los cinco ministros. Los casos que, se estima, se abordarán antes de fin de año están circulando por las vocalías. Cuando se conforme una mayoría (3 voluntades) los supremos votarán en la reunión de acuerdo, que se realiza todos los martes.
«Quedan como máximo ocho acuerdos hasta fin de año», explican desde la oficina de uno de los cortesanos. Y resaltan que no hay un calendario de sentencias definido, como supo haber durante la actual presidencia del supremo Carlos Rosenkrantz. Pero confirman que hay una serie de expedientes que están en carpeta y se da por hecho que saldrán antes de que termine 2019.
Uno de los fallos que está en agenda y afectará a la caja del Gobierno nacional es el que obliga a pagarle alrededor de 50.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe como compensación por una quita de coparticipación federal. Se trata de un caso similar al de San Luis, que en febrero pasado se benefició con una resolución del mismo tipo cuando los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmaron que la administración de Mauricio Macri le debía abonar 15.000 millones de pesos. Los hechos que se discuten se remontan a principios de los años 90. Se cuestiona la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a las provincias.
No es el único tema de impacto fiscal que atrae la atención de la cartera macrista de Hacienda y que lo hará también, y sobre todo, con el Ministerio del próximo Gobierno. Hay una serie de resoluciones que, siguiendo la línea de los casos de Carla Sosa y Fabián Bosso, ratificarán que las sumas que el Estado abonaba a personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad como «no remunerativas» y «no bonificadas» deben incorporarse al sueldo. Se calcula un «blanqueo» del 35% del salario de una masa importante de los trabajadores del Estado. Esto golpeará a las arcas. «Se trata de una caja importante», afirman en la Corte.
Antes de fin de año también se espera una sentencia en materia de libertad de expresión. El expediente que circula en el Palacio de Talcahuano es el que aborda una demanda presentada por Cecilia Pando, defensora del terrorismo de Estado, contra un fotomontaje con su imagen que publicó la revista Barcelona.
Otro tema a tratar es la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Macri en enero de 2017 para modificar la Ley de Migraciones. Con ese DNU, el presidente habilitó la expulsión del país de extranjeros con antecedentes penales.
Una causa sumamente sensible y con alcance fiscal que llegó al Tribunal Supremo hace una década podría desempolvarse durante la gestión de Alberto Fernández. Se trata del reclamo que en 2009 realizó el entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, para recomponer los haberes de los jubilados. Lo que se discute de fondo es la «amplitud de potestad» de la Defensoría, cuya titularidad está hoy vacante, para litigar en representación de un colectivo determinado. De avalarse, se le daría curso al pedido de Mondino de aplicar un fallo que consagre la actualización y movilidad de los haberes de los adultos mayores. Fuentes de la Seguridad Social aseguran que este fallo sería más importante que el «caso Blanco», que tanto ruido hizo en diciembre del año pasado.
Alto impacto
Un planteo que se estima que los ministros de la Corte Suprema abordarán después del cambio de Gobierno es el de la legitimidad del diputado Felipe Solá para cuestionar el DNU con el que Macri habilitó el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios.
Solá –que suena para ocupar la Cancillería en el futuro Gobierno de Fernández– recibió un revés en abril pasado, cuando la Procuración General de la Nación dictaminó en su contra, asegurando que por el mero hecho de ser legislador no podía accionar contra el decreto (debía tener una afectación personal). No obstante, la posición del Ministerio Público Fiscal no es vinculante. De avalar a Solá como demandante, la Corte abriría paso al abordaje de la cuestión de fondo: si es constitucional que Macri haya modificado por decreto una ley para permitir aquello que la normativa no avalaba, es decir, el ingreso de familiares al blanqueo de capitales. Por esa vía, Gianfranco Macri, hermano del presidente, ingresó al país 35,5 millones de dólares.
Otro expediente de alto voltaje político es la competencia del D’Alessiogate, esto es, si la causa que investiga una vasta red de espionaje ilegal con terminales políticas, judiciales y periodísticas debe seguir en el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, o tiene que fragmentarse para ser analizada en diferentes jurisdicciones. Hay un recurso de queja que presentó el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plee, por el que pretende que se abra la discusión de este tema, algo que por ahora no aconteció en las instancias inferiores.
También figura en el temario de posibles casos a tratar el de la obra pública en Santa Cruz, conocido como «Vialidad», que ya está en juicio e involucra a la expresidenta y futura vice, Cristina Fernández. Concretamente, lo que se discute es la prueba recolectada en la causa. En mayo pasado, cuando los ministros supremos Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Elena Highton de Nolasco pidieron el cuerpo principal de la causa para estudiarlo se levantó mucha polvareda política porque se podía retrasar el inicio del juicio, algo que exasperó al oficialismo. Lo que se desprenda de ese análisis podría condicionar el debate oral y público.
Otra sentencia que será sumamente discutida cuando salga a la luz es la de las prisiones preventivas. Hay un debate muy grande en torno a este tema, sobre todo porque se mezclan casos políticos, que involucran a exfuncionarios kirchenristas, con otros de lesa humanidad. Por lo que no está claro que vaya a haber novedades en el corto plazo.
