31 de octubre de 2021
El congelamiento de precios por 90 días intenta frenar la escalada impulsada por las grandes empresas que buscan maximizar ganancias. Presiones y resistencias.
Control. Para la Secretaría de Comercio el objetivo es garantizar una competencia equitativa y evitar privilegios para grupos minoritarios.
NA
En el último tramo de 2020, el mejoramiento de las condiciones sanitarias apuntaló un fuerte repunte de la economía local. La contracara de esa buena noticia fue el recalentamiento de la dinámica inflacionaria, y el IPC reflejó ese salto inflacionario entre octubre de 2020 y marzo de 2021. A partir de allí, el aumento de precios ingresó en una espiral descendente que se mantuvo durante cinco meses consecutivos. Así, el IPC disminuyó desde el 4,8% (registro de marzo) al 2,5% (agosto). Sin embargo, el dato de septiembre (3,5%) encendió las alarmas en los despachos oficiales. Con ese número, la inflación interanual se situó en el 52,5%.
Por otro lado, las mediciones de la primera semana de octubre revelaron una importante suba en algunos productos de la canasta básica. En ese contexto, Roberto Feletti convocó a los principales productores y comercializadores de alimentos para acordar un congelamiento de precios de más de 1.000 productos hasta el 7 de enero.
Las negociaciones fueron bastante ásperas desde el minuto cero. La mirada predominante en algunos medios/analistas fue que Feletti tenía una postura más «dura» que su antecesora en el cargo, Paula Español. Lo cierto es que la política del nuevo secretario tiene líneas de continuidad con la gestión anterior.
Finalmente, a mediados de octubre la Secretaría de Comercio anunció el congelamiento de una canasta de 1.432 alimentos, bebidas y productos de limpieza e higiene. La decisión fue tomada de manera unilateral ante la falta de acuerdo con las principales empresas alimenticias.
En el comunicado, la Secretaría explicó: «Cabe considerar que la medida de retrotraer los precios de los productos en cuestión al 1 de octubre pasado y mantenerlos vigentes hasta el 7 de enero de 2022 fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas participantes (tanto productoras como comercializadoras), que así lo hicieron saber a las autoridades de la Secretaría. En esa línea, el objetivo de la resolución es garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo».
Horas antes, la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) había expresado que «no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios». Las empresas más beligerantes en contra del acuerdo fueron Molinos Río de la Plata, Ledesma y Arcor. Algunas compañías amenazaron con judicializar esta decisión, mientras que la influyente Asociación Empresaria Argentina (AEA) calificaba como «muy negativo» el control de precios. En la misma línea, el titular de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, advirtió acerca de un posible «desabastecimiento».
Fenómeno multicausal
La inflación argentina es un fenómeno complejo que responde a múltiples causas. Desde comienzos de 2021, el Gobierno utilizó dos «anclas» para moderar las expectativas inflacionarias: el dólar y las tarifas públicas. En los primeros nueve meses del año, el aumento del tipo de cambio oficial (18%) y de las tarifas (9%) fue muy inferior al incremento del IPC (37%). Además, la base monetaria permaneció (en términos reales) inferior a 2019, desmintiendo la idea de la existencia de una emisión descontrolada tal como postulan algunos dirigentes opositores.
Sin embargo, las «anclas» no funcionaron de acuerdo con lo esperado. Entonces, ¿cuáles fueron las causas del salto inflacionario? Existen por lo menos dos fenómenos que tuvieron impacto. En primer lugar, un fuerte incremento de la inflación mundial. El segundo, la recuperación de los márgenes de ganancia empresaria luego de la pandemia.
Con respecto al primer punto, los investigadores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) apuntan que «la inflación mundial tuvo su capítulo especial en el elevado crecimiento de los precios internacionales de la energía, los alimentos y los minerales que treparon en dólares 82,1%, 29,4% y 35,3%, respectivamente, entre los primeros ocho meses de 2021, en términos interanuales».
Esa dinámica ascendente es moneda corriente en todos los países del mundo. Dos botones de muestra son la inflación de Estados Unidos (5,4% interanual) y el incremento de precios mayoristas de Alemania que supera el 14%. El periodista Alfredo Zaiat explica en un artículo que «esta evolución de los mercados internacionales responde a cuellos de botella en las cadenas de suministros globales provocados por los efectos distorsivos de la pandemia en la actividad productiva, siendo China un actor relevante en este proceso por el rápido repunte de su economía y el consiguiente aumento de la demanda con una oferta que no puede responder al mismo ritmo. Esto está generando un alza de la inflación en la mayoría de los países, obviamente desde niveles muchísimo más bajos que en Argentina».
Con respecto al segundo punto, «los precios mayoristas de rubros con elevada concentración económica se incrementaron por encima de los precios minoristas totales y de sus derivados durante los primeros nueve meses de 2021. Es el caso, por ejemplo, de los aceites (111,3%), sustancias plásticas y elastómeros (92,6%), cereales y oleaginosas (90,7%), productos siderúrgicos (70,9%) y minerales no ferrosos (54,9%). Como consecuencia de ello los oligopolios que lideran esas actividades registraron una recomposición significativa de sus niveles de rentabilidad. Ternium Argentina declaró utilidades netas por el 40,1% de las ventas en el primer semestre de 2021 cuando en el mismo período del año anterior había registrado pérdidas contables (-1,5%). Aluar pasó del -6,7% al 8,8% de utilidades sobre ventas en los respectivos períodos mencionados. Molinos Río de la Plata, después de un buen primer semestre en 2020 (2,9%), aumentó su rentabilidad a 3,6% sobre ventas en el mismo período del año. No se trata de casos aislados ya que el excedente de explotación del conjunto del sector privado aumentó del 48,2% al 53,1% entre el primer semestre de 2020 y 2021», señalan en el informe de CIFRA-CTA.
El Gobierno sabe que el control de precios no resuelve el problema inflacionario. El objetivo es otro: encarrilar la puja distributiva en el corto plazo. La idea es, mediante la reducción del peso de la canasta básica alimentaria en el salario, motorizar un consumo popular que viene muy por detrás de la recuperación de la actividad económica. En efecto, los datos oficiales revelan que el PIB ya superó los niveles prepandemia, y por su parte, el consumo popular viene creciendo desde el mes de julio, pero aún continúa con una caída del 4,7%, según la consultora Scentia.
