1 de julio de 2021
El Gobierno nacional, junto con el provincial, adquirieron el 85% del paquete accionario de la estratégica empresa mendocina. Fondos públicos para urbanización.
Trayectoria centenaria. La firma exporta en la actualidad el 85% de su producción y emplea a 720 trabajadores y más de 100 pymes. (Télam)
Se aprende más de las derrotas que de las victorias» versa un dicho popular. Al que el rosarino Roberto Fontanarrosa agregaba «pero… ¡Prefiero esa ignorancia!». Lo cierto es que la capitalización por parte del Estado de la empresa privada mendocina IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima) revela que el Gobierno aprendió la dolorosa lección del «episodio Vicentin». Al igual que la cerealera de Avellaneda, la empresa insignia de la familia Pescarmona atraviesa una complicada situación económico-financiera. IMPSA es una empresa especializada en el diseño, construcción y mantenimiento de turbinas hidroeléctricas, que junto con Techint y Arcor llegó a ser una de las tres multinacionales más importantes del país. Un solo dato ilustra acerca de su importancia estratégica: apenas cinco empresas del mundo cuentan con este tipo de capacidades tecnológicas.
En su artículo «IMPSA historia de una capitalización y su potencial clave», el economista Claudio Scaletta explica que «la empresa venía de un proceso de internacionalización fallida en Brasil y Venezuela. Al primero de los dos países ingresó para aprovechar un esquema financiero atractivo para la inversión en energías renovables. Para ello crearon IMPSA Brasil e instalaron un parque eólico, pero tuvieron dificultades con la tecnología que importaban desde Alemania para sus aerogeneradores. En Venezuela ingresaron en la instalación de 10 turbinas para la gigantesca represa de Tocoma. Tanto por los problemas tecnológicos en Brasil, como por los cambios geopolíticos en la región la expansión a estos países fracasó. Los trabajos en Venezuela se paralizaron y los pagos adeudados por este país pasaron a incobrables».
Esos pasos en falso desembocaron en un fuerte crecimiento de la deuda corporativa que, en 2015, los Pescarmona reestructuraron por un impagable monto de 1.000 millones de dólares. En agosto de 2020, la compañía golpeó la puerta del Gobierno nacional solicitando asistencia financiera. A partir de allí, el Ministerio de Desarrollo Productivo comandó una cuidadosa estrategia (que, entre otras cuestiones, incluyó sumar al gobierno provincial del partido radical de Mendoza) que culminó en junio con la estatización de la mayoría accionaria. En números, el Estado nacional inyectará 1.362.900.000 de pesos para quedarse con el 63,7% del paquete accionario, mientras que el Ejecutivo mendocino aportará 454.300.000 pesos por el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, distribuido de la siguiente manera: 9,8% para el fideicomiso de acreedores y el restante 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.
Presente y futuro
IMPSA, con 114 años de trayectoria, exporta en la actualidad el 85% de su producción, emplea de manera directa a 720 personas y más de 100 pymes y es la única empresa del continente con tecnología para diseñar y producir equipamiento para grandes centrales hidroeléctricas. En estos más de 100 años diseñó y fabricó más de 200 turbinas que producen energía en 40 países. Además, produce torres eólicas, puentes grúas, generadores para industria nuclear, entre otros. Hoy, trabaja desde su centro de desarrollo tecnológico en Mendoza en el diseño y la fabricación de las nuevas turbinas de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá y en los aerogeneradores del Parque Arauco en La Rioja. También produce los equipamientos para la central hidroeléctrica El Tambolar en San Juan, en los equipamientos para YPF y en la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía. Además, se presentó a la licitación para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, en Mendoza.
A principios de junio, en conferencia de prensa, Alberto Fernández, acompañado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el presidente de la empresa, Marcelo Kloster, presentaron la capitalización en las instalaciones de la firma. «Ver hoy a IMPSA recuperándose, poniéndose de pie, habiendo podido sobrellevar una deuda que la agobiaba, es el esfuerzo conjunto de quienes apoyaron y de quienes se esforzaron para que esta empresa se mantenga en pie», sostuvo Fernández. Y agregó: «Queremos que IMPSA tenga nuevamente 1.300 trabajadores en lugar de 720 y que recupere los negocios que ha perdido. Como dice el gobernador, que la empresa se mantenga en pie es, en esencia, el resultado del esfuerzo de toda Argentina».
En este rumbo, el rescate de la compañía facilita el cumplimiento de dos objetivos: la ampliación de su participación en los negocios locales tales como, por ejemplo, la potencial administración de las represas cuyas concesiones vencen en 2023; y la intervención en licitaciones internacionales. «Lo que los nuevos accionistas quieren, además, es que IMPSA se transforme en una especie de INVAP, que aborde otros negocios. La compañía tiene, también, un fuerte capital humano y técnico. Cuenta con 700 empleados, 35% de los cuales son ingenieros, algo que muy pocas empresas tienen en Argentina», sostiene el periodista Leandro Renou.
