13 de enero de 2015
Como un recuerdo de las elecciones presidenciales de 2011, los sets de televisión y la prensa, en sus diversas variantes, convocan a viejos y nuevos comunicadores al reiterado esfuerzo de decretar el «fin del ciclo» iniciado en Argentina en 2003, el cual forma parte de un proceso histórico de alcances continentales.
Por cierto, hay con respecto a la coyuntura de la primera reelección de Cristina Fernández continuidades y rupturas. Un cambio nada menor es que la actual Presidenta no puede ser candidata para un nuevo período, de lo que se desprende la necesidad de asegurar una candidatura que permita, por así decirlo, la «reelección del proyecto nacional, popular, democrático y latinoamericanista» inaugurado por Néstor Kirchner.
El rumbo elegido se desprende de los múltiples discursos oficiales pero se trata de algo más que de un relato épico: son definiciones acompañadas por normativa, por la transformación de viejas instituciones y la creación de otras nuevas, por la asignación de recursos, etcétera. El programa político que encarna este gobierno tiene definiciones muy claras: integración latinoamericana; impulso de la verdad, la memoria y la justicia sobre los crímenes de la dictadura cívico-militar; ampliación creciente de derechos civiles, sociales y políticos; defensa del mercado interno; desarrollo de un modelo productivo endógeno con creación de empleos; reconfiguración del papel del Estado y expansión de la esfera de lo público y la ciudadanía, entre otras conquistas que nuestra sociedad reconoce y reivindica. Los indudables avances –en comparación con el escenario producido por las políticas neoliberal-conservadoras–, que ninguna posición honesta puede negar, no implica que se ha llegado, como sociedad, a la plena resolución de las demandas y necesidades pendientes que hacen a una democracia sustantiva, igualitaria, diversa.
Es preciso profundizar, por ejemplo, los procesos de distribución del ingreso y la riqueza o definiciones a propósito del modelo de desarrollo, un debate que trasciende ampliamente las fronteras nacionales. En tal sentido, es preciso avanzar en cambios legislativos –superando algunas normativas que fueron aprobadas en contextos neoliberales, sean dictatoriales o bajo régimen constitucional– como la vieja Ley de Entidades Financieras o la de Inversiones Extranjeras promovida por Domingo Cavallo en los 90. El debate sobre el extractivismo o el modelo agropecuario también es materia de tratamiento democrático pues resulta imprescindible poner en el centro de la política pública la garantía de los derechos de las mayorías, presentes y futuras. De lo que estamos seguros, como se dijo en múltiples declaraciones de nuestro propio movimiento, es que solo siguiendo los valores y principios que son el soporte de este proyecto político podrá consolidarse lo conquistado y avanzar en lo que falta.
Quienes se oponen al camino emprendido colectivamente por la región y por Argentina en estos años se inscriben tanto en las tradiciones neoliberales (explícitas o vergonzantes) como en la autodenominada izquierda radicalizada. El escenario del Congreso, por caso, es un lugar de curiosas convergencias de las bancadas del Radicalismo, del Frente Renovador, del PRO, del denominado «peronismo federal», los socialistas y los troskystas a la hora de votar oponiéndose a todos los proyectos impulsados por el oficialismo. Las fuerzas políticas respaldadas por el poder mediático (verdadero timonel programático y político de la restauración neoliberal-conservadora) se constituyen en un desordenado grupo de choque que no cesa en sus profecías apocalípticas, que nunca se han convertido en realidad, anunciando recurrentemente el inevitable «fin de ciclo» kirchnerista.
Entre los múltiples desafíos de quienes constituimos ese amplísimo colectivo popular que celebra los avances sociales, culturales, institucionales, políticos, hay uno que nos interpela especialmente a los y las cooperativistas. El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Patricio Griffin, ha presentado un anteproyecto de Ley Federal de Economía Social para poner en discusión en el seno del movimiento cooperativo y convocando para ello al conjunto de las organizaciones económicas, sociales, culturales. Nosotros, como cooperativistas, estamos llamados a enriquecer esta propuesta inicial y lo haremos con toda convicción.
El mundo está en una encrucijada civilizatoria. Y hay ya signos de agotamiento que tienen traducciones políticas. Las próximas elecciones en Grecia y en España auguran novedades impensadas hasta el presente.
Desde Nuestra América, se vienen consolidando –no sin conflictos, contradicciones y complejidades– procesos de superación del capitalismo neoliberal y ensayos de otro mundo posible. Las invitaciones al buen vivir, la recuperación de la política como herramienta de transformación progresiva de la sociedad o las nuevas maneras de construir política pública –interpelando y convocando a los movimientos sociales– deja entrever la posibilidad de un nuevo orden más justo y solidario. Por supuesto, la victoria emancipadora de los humanismos no está escrita de antemano: habrá que luchar por ella y nuestro movimiento cooperativo tiene arte y parte en ese desafío.
