24 de agosto de 2017
La desaparición de Santiago Maldonado representa uno de los hechos más graves desde la recuperación de la democracia. Porque recuerda a lo peor de la dictadura cívico-militar de los 70, y también por la respuesta del gobierno, los medios hegemónicos de comunicación y hasta ciertos sectores sociales.
Maldonado participaba de una movilización en el Lof de Cushamen, en Chubut, una comunidad que reclama tierras que les fueron despojadas históricamente y donde hubo un operativo de Gendarmería Nacional. Durante este año la región que media de Esquel a El Bolsón estuvo en el tapete por el rechazo local a proyectos inmobiliarios, uno de ellos ligados a un empresario británico amigo del presidente de la Nación.
Al frente de los gendarmes estaba el viceministro de Seguridad, Pablo Noceti, que fue abogado de acusados en juicios por delitos de lesa humanidad. Hay testigos que sindican a los uniformados por la detención del artesano de 28 años, pero las autoridades y algunos medios de información se apresuraron a culpar a integrantes de la comunidad mapuche poco menos que de formar parte de una organización guerrillera entrenada por las FARC –que estos días entregaba las armas para integrarse a la política en Colombia– en busca de construir un Estado separado de Argentina y Chile.
Sería una desmesura acusar al gobierno de haber planificado una desaparición forzosa, pero hay testimonios de que, desde un estamento estatal, hubo un hecho que la ONU caratula como tal. La negativa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a ponerse a la cabeza de una investigación minuciosa no es una señal tranquilizadora. Más aún cuando se repiten situaciones de represión y violencia de fuerzas de seguridad en todo el país.
La responsabilidad de un dirigente político es sostener y promover políticas de Estado a largo plazo. Esas políticas deben estar por sobre las personas y si hay errores es saludable asumirlos en bien de la comunidad. Acusar a la oposición o culpabilizar a las víctimas es una señal peligrosa. Sobre todo en temas como el del respeto a la condición humana en una sociedad que apostó por celebrar una suerte de renacimiento el Día de los Derechos Humanos.
La incipiente democracia argentina, no por casualidad, comenzó un 10 de diciembre, y desde entonces los presidentes renuevan período en esa fecha que conmemora el día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Simbólicamente, se recuerda el voto de esperanza por crear un mundo mejor luego del Holocausto. En Argentina la cruenta dictadura tuvo aceptar la entrega del poder en esa fecha y lo hizo a un gobierno como el de Raúl Alfonsín, que había basado su programa electoral en el juzgamiento de los responsables de la desaparición forzada de miles de ciudadanos. Cierto que en estos años no todo fue un jardín de rosas. Están en la memoria los levantamientos militares, como el de Semana Santa. Esa vez el pleno de la dirigencia política, los medios de comunicación y la sociedad demostraron que no había vuelta atrás posible.
Con Carlos Menem vinieron las amnistías pero también se desarticularía totalmente la influencia de las Fuerzas Armadas en la política nacional. La llegada de Néstor y Cristina Kirchner significó un profundo avance en el juzgamiento de los responsables de los crímenes más horrendos. Al mismo tiempo, debieron sentarse en el banquillo de los acusados miembros del Poder Judicial y cómplices civiles de la dictadura.
La sociedad y la dirigencia acompañaron esta construcción democrática para que el Nunca Más no fuera solo una consigna vacía. Es cierto que desapareció Julio López, testigo en la causa contra el excomisario Miguel Etchecolatz, pero no se pudo atribuir el hecho a fuerzas estatales. Lo de Santiago Maldonado preocupa porque la respuesta del gobierno se parece a esconder la suciedad debajo de la alfombra.
