31 de mayo de 2021
El DNU de Alberto Fernández de mediados de abril tenía como razón principal el cuidado de la salud pública frente a la multiplicación de casos de COVID-19. En este marco, la suspensión de la presencialidad en algunas jurisdicciones durante dos semanas se basaba en la evidencia disponible. En efecto, en el curso de la tercera semana de marzo se cuadruplicó el número de casos y tal aumento era compatible con el inicio de la presencialidad escolar que puso en movimiento en todo el país, cada día, a unas 11 o 12 millones de personas.
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró su oposición al DNU pues, en términos del propio Horacio Rodríguez Larreta, la educación es un tema de vida o muerte. Resulta extraño que defienda tal posición un Gobierno que ha pasado de un presupuesto de más del 27% para educación en 2011 al actual, apenas por encima del 17%. El más bajo, dicho sea de paso, de todo el país. La negativa del Gobierno de la Ciudad a firmar un convenio para que Nación haga llegar computadoras a 6.500 estudiantes que carecen del dispositivo o un desplazamiento presupuestario de 370 millones hacia los subsidios al sector privado dejan entrever que, a la hora de los hechos, la educación pública no resulta ser una prioridad efectiva de esta gestión.
El Gobierno de CABA sí acató el recorte de la circulación nocturna, lo que permite entender la evolución de los contagios. El senador correntino Martín Barrionuevo –que sigue exhaustivamente los números de la pandemia– advirtió con datos concretos que en CABA los contagios entre los chicos de 0 a 11 años no dejaron de crecer.
Un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires difundido en los medios el lunes 3 de mayo revela una serie de irregularidades en las instituciones escolares. El amontonamiento en los horarios de ingreso y egreso, la inadecuada disposición edilicia de muchas instituciones educativas o la falta de insumos para el combatir el riesgo permiten advertir un incremento de los contagios. Cabe consignar en esta enumeración la muerte de seis docentes de CABA por COVID-19.
El Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia incluida, ha jugado un papel funcional a la estrategia soliviantada de Rodríguez Larreta, expresando un modo concreto de aplicación del lawfare. Una «Justicia a la Carta» para la defensa de intereses inconfesables.
Las medidas tomadas a fines de abril por el presidente Alberto Fernández vuelven a plantear la no presencialidad en las zonas más complicadas epidemiológicamente, haciendo un seguimiento en cada contexto para determinar las medidas en cada jurisdicción. Y CABA da apenas un paso atrás al conceder para el nivel secundario, pero sin tocar los niveles inicial y primario. Otro tema en el que la Ciudad marcha con un atraso incomprensible es la vacunación de docentes que está rondando el 14% cuando en otras jurisdicciones, como Santa Fe, han superado el 90%. Los sindicatos docentes más grandes y representativos de CABA vienen realizado medidas de fuerza y, aunque es un derecho constitucional, han sufrido fuertes descuentos en sus percepciones salariales entre otras represalias contra los y las educadores que se niegan a sumar riesgos sanitarios y, paradójicamente, respetan un DNU presidencial que tiene vigencia de ley. También el Gobierno porteño promovió la identificación de familias que no enviaron a sus hijos e hijas por temor al contagio, para emplazarlos a través de demandas judiciales.
Muchos testimonios revelan que las clases presenciales en esas condiciones resultan pedagógicamente mucho más pobres que las que en 2020 se lograron concretar a través de la virtualidad. La expresión «simulacro de aprendizaje» viene a poblar el lenguaje escolar.
¿Cuál es el sentido de defender una presencialidad vaciada pedagógicamente y que incrementa los riesgos sanitarios? La respuesta no podrá encontrarse en la pedagogía sino en la política. Una política que, quiérase o no, le rinde un peligroso tributo a la muerte. Algo por lo cual los y las responsables rendirán cuentas ante la historia
