24 de agosto de 2016
En las calles. Protesta contra el ajuste. (Guido Piotrkowski)
El crucial tema de los derechos humanos irrumpió nuevamente, generando una fuerte controversia. Hebe de Bonafini, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo, se negó a declarar en los términos planteados por el juez Martínez de Giorgi. A partir de su histórica conducta de rebeldía, la polémica se desplazó al cuestionamiento de los jueces que se someten a los dictados del poder económico y de los medios de comunicación monopólicos, quienes asumen sin pudicia el papel de medios de dominación cultural, abandonando el principio esencial de la verdad. A los pocos días, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, declaró ante una periodista mexicana que existió una «guerra sucia», negando el concepto de terrorismo de Estado y relativizando el genocidio. Ratificó de ese modo la idea del ex secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien había manifestado: «No tengo idea si fueron 9.000 o 30.000». Más bien se colocó como el inspirador de esa línea política.
En los temas económicos y sociales, el tarifazo se sostiene en un punto crítico. El segundo «Ruidazo» patentizó el ataque a la mayoría de la sociedad a través de las medidas económicas contra los trabajadores y las clases medias. Las crecientes reacciones populares, a las que ahora se sumó una mayoría parlamentaria, no amilanan al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, quien asume el rol de vocero y ejecutor en las cuestiones económicas del gobierno. En declaraciones recientes, que muestran su calificada formación en la banca JP Morgan, expresó: «El trabajo sucio ya está mayormente hecho». Estas vulgaridades colocan al ministro en un lugar de desprecio a la opinión pública a la que –cree– se le puede decir todo tipo de artificios y supercherías, ya que no se dará cuenta de nada.
En realidad, sus dichos no son ingenuos, desnudan su verdadero propósito: como todo va bien, será innecesario que los gremios reabran las paritarias este año. Tras sus brumosos comentarios, se divisa el fondo de la cuestión: el plan es que los trabajadores se queden quietos y asuman la pérdida de entre el 10% y el 13% de su salario. Vale la pena detenerse en esta cuestión crucial para la vida de la mayoría de los argentinos. En primer lugar, el propio ministro, con rostro impertérrito, reconoció una inflación del 46% en el mes de junio en un seminario realizado en Nueva York. Al respecto, el reconocido economista Eduardo Basualdo señaló en su último informe de coyuntura que la inflación anualizada es la más significativa desde la hiperinflación de 1989, que minó definitivamente al gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Volvemos entonces al punto central. Sergio Palazzo, el secretario de la Asociación Bancaria, una organización que nuclea a 106.000 trabajadores, fue el primero que advirtió con voz fuerte y clara: «Con esta inflación saldremos a reclamar la reapertura de las paritarias por la diferencia salarial perdida». Otros gremios ya solicitaron lo mismo.
Para darle mayor fundamento aún a la verificación de este camino de pérdida de valor del salario es bueno observar el indicador presentado por la Universidad Metropolitana del Trabajo. Allí se establece que el impacto inflacionario sobre los sueldos es del 46%, pero para los hogares más humildes, o sea los de menores ingresos, la inflación es del 56,2%. Se fundamenta en los aumentos de alimentos y bebidas y las subas de luz, agua, gas y transporte.
Como vemos, resulta imposible en cualquier análisis de la economía no chocarse con los tarifazos y el cuestionado ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, férreamente sostenido por el presidente Macri. Un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que las transferencias de dinero a favor de los exportadores agropecuarios, mineras e industriales equivalen a los subsidios que fueron quitados al servicio del gas. O sea que millones de ciudadanos, cooperativas, clubes, entidades de bien público y pymes tendrían que pagar el 1.200% de aumento para cubrir la plata otorgada tempranamente a esas corporaciones empresarias.
Finalmente, una remembranza del refranero argentino que recuperó vigencia inesperadamente: en aquellas épocas doradas del granero del mundo y la vaca atada que llevaban en el barco a París, los jóvenes niños bien «pretenciosos y engrupidos» se divertían arrojando panecitos de manteca al techo del cabaret usando el cuchillo como lanzador. Obviamente triunfaba el que pegaba más manteca en el techo. Algunos nostálgicos de aquella muchachada le reclamaron al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, por la insólita carencia de manteca en el país de las vacas y la leche. Resignado, el funcionario contestó: «Yo no puedo hacer nada, solo queda esperar que lo resuelva el mercado».
