12 de julio de 2018
La política que el gobierno de Cambiemos viene aplicando en materia energética conduce a un verdadero «industricidio». En un esquema soberano de políticas de Estado, el acceso a los recursos energéticos (agua, gas, servicios eléctricos e incluso hidrocarburos) se considera como un servicio público y un derecho humano, no como una mercancía más. Se trata de recursos estratégicos, vitales para todo proceso industrial, vinculados directa o indirectamente con la producción nacional y con el mercado interno, y por ende, expresado y presupuestado en pesos nacionales.
Pero la administración macrista ha blandido desde la campaña electoral el argumento de la «crisis energética», asegurándole a la población que el «mejor equipo de los últimos 50 años» sería el encargado de salvarnos del supuesto colapso energético.
Con énfasis marketinero se instaló un relato discursivo que habló de derroche y fiesta, involucrando a toda la ciudadanía pero en particular al sector pymes, la economía social y cooperativa y la industria en general. Se cargaron las tintas sobre lo nefasto del sobreconsumo, que fue la forma de negar los incrementos interanuales de demanda energética en el proceso industrial verificado durante la recuperación económica del período kirchnerista, hasta llegar a plantear que las tarifas accesibles y subsidiadas son enemigas del bolsillo y de la calidad de vida de la población.
Con las políticas actuales, la energía en sus diversas fuentes ya no es tratada como un bien esencial del proceso productivo sino como un bien de lujo cada vez más escaso, ahora dolarizado y con un horizonte de escasas o nulas inversiones en un sector estratégico que se concentra y carteliza cada vez más.
El impacto brutal de los tarifazos lo podemos observar tomando solo la primera oleada, aquella del primer trimestre de 2016, con incrementos de entre 360% en pymes de menor consumo y 670% para las que superan los 300kw/h. Esto provocó una caída del 13% en la producción metalúrgica y la desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo. Los siguientes tarifazos llevaron los incrementos a más del 1.500% en el caso eléctrico y más de 1.200% en las tarifas de gas, entre diciembre 2015 y la actualidad, pasando entonces el peso del costo energético en el proceso industrial del 15/20% a más del 35% en promedio.
Por supuesto que las micro, pequeñas y medianas empresas, la economía social, las empresas recuperadas y las cooperativas de productores de las economías regionales fueron fuertemente perjudicadas especialmente por el incremento de los costos internos vía quita de subsidios a los servicios públicos.
Estas políticas neoliberales, que conducen a dolarizar el costo argentino, provocan un severo ajuste sobre el empleo y el salario. La industria manufacturera registra el mayor número de despidos en estos dos años y medio, a su vez que la caída en el salario real del personal ocupado formal (con paritarias) se ubicaría en torno al 12%.
Para la matriz del pensamiento neoliberal ejecutada por los ministros ceo, las variables de salario y empleo configuran un «costo» y como tal cargan con todo el peso del ajuste para conseguir los salarios mas bajos en dólares y una tasa de desempleo disciplinadora del mercado de trabajo, acorde con los lineamientos del FMI. En ese aspecto, debe considerarse que la incidencia de la masa salarial industrial en el precio final es mínima, según datos extraídos de los sucesivos censos industriales, no supera una media de entre el 5% al 8% del precio de venta.
Para evitar la fatalidad del «industricidio» en marcha, las políticas económicas deben dejar de lado los tarifazos energéticos, la apertura importadora y la dolarización de la economía, promoviendo la recuperación efectiva del mercado interno a través de una mayor demanda agregada de la población en base a la recuperación del salario y del empleo. En definitiva, dejar de pensar en la competitividad externa como salida, empezando por dejar de ejecutar políticas siempre de espaldas al país, ya que un país se hace desde adentro o no se hace.
Impacto. El gas y la energía eléctrica representan más de un tercio del costo industrial. (Jorge Aloy)
