7 de octubre de 2023
Obra clave. Con el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner habilitado, desde al año próximo se generarán recursos por exportaciones energéticas.
Foto: Télam
Aunque algunos movimientos especulativos buscan sacar ventaja en la puja distributiva aprovechando la incertidumbre electoral, lo cierto es que está en marcha un modelo de país con políticas que apuntan a cuidar el empleo, la actividad económica y a mejorar la distribución de los ingresos y de la riqueza a partir de un Estado presente.
A esa realidad, cuya evidencia no puede ser empañada por la momentánea aceleración de los precios, se le opone el modelo de los negocios de unos pocos, que busca eliminar la mayoría de las funciones del Estado. Su resultado previsible sería la pulverización de los ingresos directos e indirectos de la mayor parte de la población (trabajadores, jubilados, pymes) a fin de incrementar la ya elevada rentabilidad de una franja ínfima del sector privado.
Embarcados en esta última tendencia, los representantes neoliberales y de la ultraderecha se postulan como eventuales alternativas de Gobierno con la idea de que habría una emisión fuera de control que se estaría trasladando a los precios. Ese presunto «desborde», argumentan, se deriva del conjunto de medidas oficiales de sostén de la actividad productiva y en favor de los bolsillos de sectores populares, lo cual nos estaría llevando a bordear una hiperinflación, hipótesis cuando menos temeraria toda vez que organismos como el Banco Mundial, al igual que importantes analistas internacionales, dejan en claro que se está muy lejos de esta situación.
Las principales fuerzas de la oposición, no obstante, aseguran sin mayor fundamento que para frenar la suba del costo de vida hay que recortar el gasto público (y de paso suprimir derechos laborales y previsionales).
Los datos del Banco Central demuestran que la emisión monetaria no es la locomotora de la suba de precios. En los primeros ocho meses de este año, en términos reales, la base monetaria cayó un 25,5% y el M3, una definición amplia que incluye el dinero en circulación en poder del público más los depósitos totales, disminuyó un 8,9%.
Pese a la contundencia de esas cifras, el candidato libertario, Javier Milei, anticipó su intención de recortar erogaciones estatales por 15 puntos del PIB, una poda que no se vio en ningún lugar del mundo. Hay que decir que el gasto público en la Argentina como porcentaje del producto bruto llega a 20,4 puntos, de modo que el alentado superajuste minimizaría las inversiones en infraestructura y afectarían gravemente a la seguridad social (6,9 puntos de jubilaciones) y al gasto social (4,4 puntos), mientras se produciría el inmediato despido masivo de empleados públicos.
Provoca alarma, además, la propuesta del mismo candidato de dolarizar la economía, un plan que, como acaba de reconocer, tendría mayor viabilidad cuanto más alta se ubique la cotización del dólar. También desde Juntos por el Cambio se contribuye a la volatilidad cambiaria de las últimas semanas, al coincidir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la supuesta necesidad de una mayor devaluación del peso.
Al contrario, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, mediante un abanico de medidas (compras sin IVA, refuerzos para asalariados, jubilados e informales, créditos subsidiados, etcétera) busca paliar el impacto de la corrección del tipo de cambio impuesta por el FMI después de las PASO.
Superado el pico de suba de precios, el modelo en curso proyecta un 2024 de crecimiento –ya sin sequía y con mayores exportaciones energéticas– y con una clara mejora distributiva, mientras se avanza en las condiciones para sacarse de encima la mochila del FMI. Es decir, un horizonte bien distinto al del otro modelo, que apunta a ajustar, endeudar, privatizar, y cuyos daños se sentirían por varias generaciones.
