Oferta plural en las góndolas

20 de mayo de 2021

El gobierno de Cambiemos, en sus cuatro años de políticas neoliberales, arrasó con más de 20.000 pymes, con el consecuente y ostensible crecimiento del desempleo y caída del consumo popular. Por otra parte, en los primeros 15 meses de la gestión del Frente de Todos, se vienen implementando cambios para poner en marcha el país.
Para contextualizar estos cambios positivos, debe tenerse en cuenta que se han propiciado en el marco de la emergencia generada por los efectos de las dos pandemias que azotan al país: la mencionada aplicación de políticas neoliberales, a cargo del «mejor equipo de los últimos 50 años» y la pandemia del COVID-19, con su sensible impacto económico y social.
En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el espacio de la economía solidaria, se aplicó un plan de emergencia que les posibilitó asegurar el pago de salarios y sostener el empleo a través de los ATP, rescatando políticas de tasas subsidiadas y ampliación del acceso al crédito productivo, a lo que se agrega la reciente reglamentación de la llamada Ley de Góndolas, cuya finalidad es contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y limpieza sea transparente y competitivo, y se amplíe la oferta de productos artesanales y regionales producidos por mipymes, sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena, cooperativas y asociaciones mutuales.
Se inicia de este modo un proceso donde los grandes centros de comercialización deberán informar su capacidad instalada, y planos de ubicación, para que la Secretaria de Comercio proceda a controlar, dentro del horario de atención al público, que haya al menos cinco productos de distintos proveedores o grupos empresarios por categoría; que ninguno de esos proveedores supere el 30% del espacio en góndola; que al menos un 25% de los productos de una misma categoría estén provistos por micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% por empresas de la economía familiar.
Este puede significar también un primer gran paso hacia la necesaria política regulatoria focalizada en establecer límites a la expansión de los hipermercados, como están establecidas en los principales países desarrollados.
Aparecen asimismo importantes desafíos, ya que desde la propia autoridad de aplicación entienden que el cupo de productos abastecidos por micro y pequeñas empresas será uno de los puntos más complejos para el cumplimiento de la ley, sobre todo por la dificultad del abastecimiento a escala que necesitan los supermercados y que las pequeñas empresas no siempre pueden garantizar.
Otro aspecto que deja un flanco débil para la aplicación equilibrada de esta nueva normativa lo constituye el hecho de que los locales sujetos a la aplicación de la ley son aquellos de más de 800 metros cuadrados libres, con lo cual, en principio, quedarían afuera muchos establecimientos por estar por debajo del espacio disponible o por situarse en regiones donde no se puede garantizar el abastecimiento de mipymes u organizaciones sociales solidarias.
De todas formas, se trata de un significativo avance hacia la desconcentración y desmonopolización en el sensible sector de alimentos envasados, bebidas y artículos de limpieza, en los cuales la concentración en dos o tres marcas alcanza hasta el 80% de la oferta y en algunos ese porcentaje lo cubre una sola marca.
El Consejo Económico y Social, de reciente lanzamiento, es una gran oportunidad para sumar las voces de los pequeños y medianos productores y de la economía solidaria, porque allí debe darse el debate y la planificación a mediano y largo plazo donde se pueda sostener la aplicación de la Ley de Góndolas, rescatando el espíritu de leyes anticíclicas como la de Abastecimiento, la de Compre Nacional y la de Compre Pyme, todas ellas herramientas fundamentales para el desarrollo productivo, la defensa del trabajo y empleo nacional y el fomento del mercado interno.