13 de noviembre de 2019
El brutal golpe de Estado en Bolivia abre una herida profunda en toda América Latina. Los terribles actos de violencia contra ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios denotan el odio profundo que fue acumulando un sector de la comunidad, alentado por las fuerzas regresivas que desprecian la democracia, la justicia social y los derechos humanos.
Esta interrupción del orden constitucional en el país hermano pone de manifiesto la fragilidad de los procesos orientados a fortalecer la soberanía nacional, democratizar la economía y promover el bienestar general, con especial énfasis en las reivindicaciones de los sectores históricamente postergados. Una fragilidad proveniente de la insuficiente integración regional en torno a proyectos compartidos, como los que comenzaron a ponerse en marcha en los primeros años del siglo XXI.
En otras palabras, hubiera sido muy difícil, o tal vez imposible, que semejante atropello pudiera prosperar ante la existencia de la UNASUR y la CELAC, dos espacios de articulación política entre los gobiernos progresistas de la región, cuya disolución fue propiciada por los mandatarios de orientación neoliberal surgidos luego de novedosos golpes parlamentarios y judiciales, o bien –como en el caso argentino– por medio de elecciones.
Para quienes nos orientamos por los valores y principios de la cooperación, el respeto irrestricto por las instituciones construidas a partir de la soberanía popular forma parte de nuestras convicciones más firmes. Por eso repudiamos enérgicamente el desalojo violento del Gobierno encabezado por Evo Morales, más aún cuando ante la duda sobre el reciente resultado electoral dispuso la convocatoria a un nuevo acto comicial.
Tal como lo han señalado numerosos analistas, esta acción destituyente no es producto de una crisis económica y social, teniendo en cuenta el significativo crecimiento de los principales indicadores macroeconómicos durante los últimos años. La raíz profunda de este alzamiento está en las políticas destinadas a la distribución de la riqueza con equidad, a la inclusión social de millones de mujeres y hombres pertenecientes a las múltiples etnias integrantes del Estado Plurinacional, a la defensa del patrimonio nacional y a integrarse al mundo a partir de una estrategia basada en los intereses de las mayorías populares.
Para los sectores tradicionales del privilegio, semejantes medidas eran inadmisibles y avanzaban a contramano del paradigma neoliberal predominante a nivel global. Por lo tanto, había que interrumpirlo del mismo modo que se hizo en la Argentina y otros países de la región durante gran parte del siglo XX, pero esta vez, además del papel jugado por las fuerzas armadas y de seguridad, los medios periodísticos concentrados se sumaron para fomentar el odio y deslegitimar a las autoridades constituidas según el mandato constitucional.
Como dijimos, los cooperativistas somos defensores consecuentes de la democracia y del respeto irrestricto a la voluntad popular. Y así lo hemos manifestado en más de una oportunidad, como en la Semana Santa de 1987, cuando un alzamiento carapintada amenazaba la frágil democracia recuperada pocos años antes. En esas circunstancias, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos concurrió en la persona de su entonces presidente, Nelson Giribaldi, y quien suscribe, para manifestar el compromiso de la entidad en el libro especialmente habilitado en la Casa Rosada.
Y años después, ante una gravísima situación bélica generada en Oriente Medio, el IMFC emitió una declaración bajo el título «Por la paz y la vida», donde expresaba: «La guerra asesina niños, mujeres, varones y ancianos; envenena el aire, el agua y la tierra; destruye la naturaleza, destroza los legados de la historia».
Ante esta situación tan dolorosa que enluta al hermano pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y a toda la comunidad democrática de América Latina y el Caribe, expresamos nuestra solidaridad y la indispensable exhortación para que se ponga fin a la violencia. Nunca más golpes de Estado.
