28 de julio de 2020
Poder legislativo. El Congreso debatirá el proyecto en sesiones bajo protocolo Covid-19. (NA)
Las moratorias suelen tener defensores y detractores. Están quienes las ven como una oportunidad para regularizar su situación con el fisco, y quienes las critican porque premian a los malos pagadores. Pero el actual proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para ampliar a la totalidad de los y las contribuyentes la moratoria establecida en diciembre, que fue exclusivamente para mipymes, prácticamente no tiene quién la critique.
¿La razón? Los efectos de las medidas para enfrentar la pandemia de COVID-19, que han impactado gravemente en la actividad económica y en la capacidad de pago de los contribuyentes. La recaudación fiscal, un ítem más que necesario para afrontar los gastos en salud, en el IFE, en los ATP, ha venido debilitándose mes a mes. Por la menor actividad económica, pero también por el importante aumento de los gravámenes impagos.
Y entonces, la moratoria que se estableció en diciembre pasado a través de la Ley de Solidaridad Social (27.541) y que se orientó a resolver los efectos de los duros cuatro años anteriores, focalizada en las mipymes, ya no es suficiente.
Es que veníamos en caída libre (apenas se estaba frenando con las medidas de la actual administración), y la pandemia agravó aún más la situación. Desde el punto de vista del Gobierno, debido a que heredó un Estado reducido a su mínima expresión, con recursos materiales y económicos debilitados, alicaídos. Desde el punto de vista de las mipymes, fueron las más afectadas por la política económica del Gobierno macrista. Con las espaldas flacas, se hace mucho más difícil soportar los efectos de la pandemia.
En este contexto, entonces, la posibilidad de acceder a la moratoria se extiende para los contribuyentes no alcanzados por el plan de regularización de diciembre pasado. Y las mipymes que ya se adhirieron (muchas de las cuales se encuentran con cuotas impagas) podrán acceder al nuevo plan.
Las multas y las demás sanciones, así como los intereses resarcitorios y punitorios hasta el ingreso a la moratoria, quedarán condonados, es decir, serán perdonados y no integrarán la deuda a pagar.
La tasa de las cuotas pasó del 3% al 2% mensual para todos los ingresados al plan. Las mipymes, las entidades sin fines de lucro y las personas humanas consideradas pequeños contribuyentes tendrán beneficios por sobre el resto, como una mayor cantidad de cuotas para pagar lo adeudado, entre otros. Este grupo tendrá hasta 60 cuotas para las obligaciones de la Seguridad Social, y hasta 120 cuotas para el resto de las obligaciones.
Como vemos, es una regularización muy beneficiosa para los y las contribuyentes, y con un costo importante para el fisco, aunque, por otro lado, al salvar a monotributistas, autónomos y empresas, se protege la actividad económica, que será la que en la salida de la pandemia generará mayores ingresos tributarios.
De allí que, ante tales beneficios recibidos desde el Estado, se colocan limitaciones a aquellos que los reciban. Estas limitaciones, que afectarán principalmente a las grandes empresas, están vinculadas con: 1) la distribución de dividendos o utilidades a sus accionistas o socios o socias, lo cual sería absurdo, ya que podrían utilizar dichos ingresos para cancelar todo o parte del plan de pagos, y así mejorar los ingresos fiscales. 2) la obtención de dólares para realizar pagos de beneficios netos a sujetos vinculados en el exterior, que es uno de las principales canales de evasión impositiva. 3) la compra de títulos con pesos y su venta en dólares en el exterior: se refiere al contado con liqui y otras operaciones de especulación. Si se produce alguna de estas operaciones en los primeros 24 meses, el plan de moratoria caduca y los y las contribuyentes pierden los beneficios. Un quid pro quo, que se le dice.
En definitiva, este plan de regularización es una herramienta para sortear la crisis actual, pero también es una importante estrategia pensando en la reactivación de la economía a medida que la incidencia del COVID-19, con sus marchas y contramarchas, comience a disminuir.
Columna escrita antes de finalizar el tratamiento del proyecto de ley.
