11 de septiembre de 2022
El mundo del trabajo, y fundamentalmente de los trabajadores, sufre desde hace décadas una ofensiva sostenida y generalizada del neoliberalismo, que representa los intereses del capital más concentrado. En esa avanzada se han combinado alternativamente diversas herramientas, entre ellas, despidos masivos, ensayos de circuitos de «cooperación interna», como el método de Renault o de Toyota, nuevas tecnologías informatizadas y de robótica con practicas de precarización laboral y la sobre utilización de horas trabajadas con el afán de lograr la mayor productividad posible.
En esta emergencia, cobra centralidad el debate sobre el destino de los planes sociales con el objetivo de reorientarlos hacia el trabajo productivo real. El Gobierno difundió el decreto firmado a través del cual implementará lo que denomina el «puente al empleo». La iniciativa busca transformar los planes sociales en trabajo registrado, con beneficios fiscales para los empleadores, direccionados a transformarlos en contratos de trabajo por un año, en principio en rubros de la construcción y del sector agropecuario, subsidiados en parte por el Estado, que en esta primera etapa abarcaría unos 200.000 casos, que implicarían en ese caso hasta un 5% del total de planes vigentes.
Asimismo, en el marco de los sensibles cambios que se dan en el mercado informático, se anuncia como ejemplo de modernización laboral, que algunas empresas de altos servicios tecnológicos, con sede en Argentina se proponen ensayar una reducción de jornada laboral para sus trabajadores en «prueba piloto» de dos meses, sin incorporación de nuevo personal, en este caso con un objetivo empresario claro de retención de talentos y de mayor eficiencia productiva.
Queda claro que estos paliativos no resuelven el fondo de la cuestión, ya que la tendencia sistémica es que, a pesar de los incrementos logrados en la productividad del trabajo, fundamentalmente por el avance tecnológico aplicado al mismo, en los últimos años ha predominado una caída en el nivel de ocupación.
De acuerdo a un informe del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP), realizado en 2021 en Argentina, hay 4,5 millones de sobreocupados, es decir que trabajan por encima de las 45 horas semanales y representan nada menos que el 26% del total de ocupados. Por ello, no solo hay sobrejornada en la informalidad, sino que también es una realidad de la complejidad del trabajo registrado.
Se plantea en el informe citado que solo en el segmento de registrados, que resulta absolutamente regulable, si se asignara un reparto de los tiempos de trabajo acorde con la jornada laboral vigente de 8 horas se generarían 661.375 puestos de trabajo.
Por otra parte, según el estudio, si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente podrían liberarse 1,6 millones de puestos de trabajo y se resolvería el 80% de la desocupación. Esto surge de traducir en empleo las 14,8 horas excedentes de cada uno de los 4,5 millones de sobreocupados.
Cobra sentido entonces el debate conducente a incorporar un sistema de reducción de la jornada de trabajo, a efectos de repartir el tiempo total de trabajo entre un numero mayor de trabajadores, sin disminución del salario, y con el objetivo de reducir los niveles de desempleo y mejorar la calidad del empleo global, como ya se experimenta en Islandia, Noruega, Japón, Suecia, Alemania y Canadá. Sumado a esto debe considerarse que los principales países de América Latina (México, Brasil, Chile y Colombia) tienen jornadas de trabajo semanales menores que en Argentina.
No hay contradicción antagónica con la necesidad de medidas de emergencia para los sectores mas castigados, con la búsqueda de innovaciones en otras formas de propiedad y de relaciones del trabajo, a la vez que resulta necesario desplegar el debate sobre la reducción de la jornada de trabajo en el sentido de «reducir la jornada para que trabajen todos, para producir lo necesario y poder tener una mejor distribución de la riqueza generada».
Por cierto, la reducción de la jornada de trabajo sin quita salarial se inscribe en la órbita y tendencias actuales, como lo sostiene la propia Organización Internacional del Trabajo, debatidas y practicadas en diversas partes del universo laboral, constituyéndose en un apropiado medio para combatir el desempleo, como lo formulara con precisión el entonces diputado Floreal Gorini, en oportunidad de presentar su Proyecto de Ley de Reducción de la Jornada Laboral en 1995.
