21 de diciembre de 2021
Puede ser una declaración de un dirigente político, la respuesta de un funcionario ante una nota o la presentación de un proyecto legislativo. Lo cierto es que, ante la sola mención de una posible regulación que afecte a los medios de comunicación se produce, en forma casi automática, una reacción corporativa, compartida por las cámaras empresarias del sector y los más connotados comunicadores que levantan, en sesudas columnas de opinión y comentarios editoriales ante cámaras y micrófonos, la bandera de la libertad de expresión, la cual –dicen– se vería recortada por acción del Estado. En realidad, defienden un esquema de negocios más que un derecho. El que les permitió a los principales medios de comunicación, especialmente al más poderoso del país, convertirse en grupos económicos con intereses en distintas actividades y usar sus medios como factor de incidencia en los poderes públicos para defender sus negocios.
El poderío que ostentan es mucho, tanto que les permite, cuando pese a agitar las banderas de la libre expresión ante una regulación esta llega a convertirse en ley, evitar su cumplimiento. Así ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), sancionada en 2009, frenada por reiteradas medidas cautelares hasta que la propia Corte Suprema convalidó la constitucionalidad. Luego, pasaron cosas. Cambió el Gobierno y la entonces nueva administración, encabezada por Mauricio Macri, como si fuera un agradecimiento por el apoyo recibido, no demoró más que un par de días en emitir decretos que desarticularon el espíritu anticoncentración de la ley.
Lo mismo ocurrió cuando durante la actual gestión gubernamental el Poder Ejecutivo, decreto mediante convalidado por el Congreso Nacional, dispuso que internet y telecomunicaciones fueran declarados servicios públicos y, por ende, sujetos a regulación estatal en la fijación de tarifas al público. Reaparecieron las cautelares en tribunales amigos para impedir este avasallamiento al sagrado derecho de un puñado de corporaciones a ganar fortunas con un servicio que, en medio de la pandemia, se volvió más esencial que nunca.
Recientemente, ante declaraciones de un gobernador y la presentación de un proyecto de ley que propone ordenar la exhibición de señales en las grillas de la TV por cable, volvieron a activarse los reflejos de medios y periodistas «independientes» que se espantaron ante «un nuevo embate contra la prensa». Sin embargo, el tema que inquieta a estas almas nobles de los medios ya fue resuelto cuando la Justicia dirimió las medidas presentadas por el Grupo Clarín por la supuesta anticonstitucionalidad de la LSCA. El caso llegó a la Corte Suprema. Y el máximo tribunal expresó en su fallo, favorable a la vigencia plena de la ley, que «a diferencia de lo que sucede en la libertad de expresión en su dimensión individual, donde la actividad regulatoria del Estado es mínima, la faz colectiva exige una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí se intensifica. Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable».
La pregunta clave es: ¿se puede hablar de una situación de libertad de expresión y cumplimiento del derecho a la información en el contexto actual? En Argentina y en el mundo está comprobado que la concentración de la propiedad de los medios atenta contra la pluralidad. Y los medios, nos guste o no y tal como reconoce la Corte, configuran uno de los principales escenarios del debate público. En ese marco, al no haber diversidad de voces en el ecosistema de la comunicación, ese debate no se lleva a cabo con una pluralidad compatible con la democracia.
¿Quién puede garantizar el derecho de la información de los ciudadanos si no es el Estado? Lo dijo la Corte, lo señalan organismos internacionales y estudios académicos. ¿Y cómo puede hacerlo? Legislando con los mecanismos que el sistema constitucional establece en nuestro país.
