12 de junio de 2019
Otra vez la Bonaerense. Otra vez. La masacre de tres niños y un joven en San Miguel del Monte –más una niña que permanece en un hospital intentando recuperarse de las gravísimas heridas sufridas– ocurrida al cabo de una persecución policial, cuyos motivos están bajo investigación judicial, conmovió a la sociedad. En primer lugar, por la crueldad del propio hecho, pero también por el accionar de efectivos que intentaron borrar las huellas de lo sucedido y liberar de responsabilidad a los causantes de la tragedia.
El gatillo fácil no es algo novedoso en la Argentina, viene de mucho tiempo atrás y sigue siendo hasta el presente una de las deudas no saldadas por la democracia. Aunque vale consignar que existieron intentos de resolver la cuestión, ningún Gobierno puso bajo control a las policías, y la Bonaerense en especial, no dejó de generar hechos aberrantes como el reciente de San Miguel del Monte.
Sin embargo, no puede soslayarse el contexto actual de lo ocurrido ya que no fue un episodio aislado. Sin ir más lejos, horas antes de la fatal persecución a un viejo Fiat 147, un músico de 30 años murió como consecuencia de la balacera con que una patrulla pretendió detener a una camioneta en la que un grupo de amigos viajaba tras un altercado en un supermercado.
Mientras el Gobierno de la provincia de Buenos Aires satura los medios con spots que hacen gala del combate contra las mafias y una supuesta mayor seguridad para los vecinos, algo difícil de verificar, especialmente en el Conurbano, ni la gobernadora María Eugenia Vidal ni Cristian Ritondo, ministro de Seguridad, dan respuestas efectivas frente a episodios como el de San Miguel del Monte, y tampoco ante la muerte de detenidos en comisarías, como ocurrió en Pergamino (2 de marzo de 2017, siete víctimas) y Esteban Echeverría (18 de noviembre de 2018, diez fallecidos). Para ello cuentan con la protección de los medios de comunicación de mayor alcance, alineados casi sin fisuras con los oficialismos nacional y provincial.
La política bonaerense se inscribe en el contexto nacional que impone la responsable del área, Patricia Bullrich, quien hace gala de un manodurismo irresponsable, que no cesa ni ante masacres como las mencionadas. Cuando promovió la reunión, en Casa de Gobierno, del presidente Mauricio Macri con el suboficial de policía Luis Chocobar, dando nacimiento a la tristemente célebre «doctrina Chocobar», rubricó el paraguas gubernamental para los agentes que se excedan en sus atribuciones con las armas. Pero no se queda allí la ministra. Respalda a los prefectos que, según ella, tuvieron un enfrentamiento armado con un grupo mapuche, aunque la Cámara Federal de General Roca determinó que se debe juzgar la muerte de Rafael Nahuel como homicidio, ya que no se hallaron indicios de armas de los mapuches baleados por los prefectos.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) sostienen una estadística que espanta: un muerto cada 22 horas por violencia estatal. «Nunca se había llegado al punto de generar un aval tan explícito por parte del Poder Ejecutivo a un accionar que es completamente ilegal», señala la organización. De igual modo, la Comisión Provincial por la Memoria manifestó que lo ocurrido en San Miguel del Monte fue «una nueva masacre en la que la intervención estatal causa la muerte de jóvenes a los que les debe particular protección. No se trata de un hecho lamentable, sino del emergente de la promoción estatal de la violencia policial».
La historia reciente muestra que la violencia estatal solo causa dolor y muerte, aunque algunos sectores políticos la utilicen como bandera de un oscuro e irresponsable marketing electoral. Un estricto control político sobre las fuerzas policiales es un primer paso indispensable, junto con la construcción de espacios democráticos de discusión y gestión de políticas ante el delito, para que la sociedad se sienta más segura y se detenga de una vez por todas el conteo de víctimas.
