4 de marzo de 2023
El presidente Alberto Fernández mencionó dos casos concretos, durante su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, del impacto relevante de los recursos obtenidos a partir de la aprobación del Aporte Solidario Extraordinario. Esa iniciativa, de la que fui coautor junto con el diputado Máximo Kirchner, permitió reforzar las partidas destinadas a áreas sociales y económicas clave.
Fernández se refirió, por un lado, a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, cuya primera etapa concluirá a mediados de año. Por otra parte, aludió a una joven madre que hoy trabaja en una cooperativa creada bajo el programa Obras Tempranas del Ministerio de Desarrollo Social. En ambos casos, parte del financiamiento surgió del Aporte Solidario y Extraordinario, como recordó el presidente.
Desde luego, Fernández se explayó sobre los resultados de su gestión en las distintas áreas de Gobierno. Cuestionó además con dureza decisiones del Poder Judicial, como la demora en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández o el fallo que cede arbitrariamente recursos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Junto a esos y otros aspectos que perfilan el modelo que buscará ser revalidado en las urnas este año, frente al intento de regresión que promueven sectores de la oposición, no es casual que se ponga en valor un logro como el del Aporte Extraordinario.
Recordemos que la ley 27.605, promulgada en diciembre de 2020 para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, recayó por única vez sobre los patrimonios de las personas humanas superiores a los 200 millones de pesos.
La alícuota aplicada fue de entre el 2% y el 3,5% para el caso de bienes en el país, y para bienes en el exterior, de entre el 3% y el 5,25%, según el patrimonio gravado.
Se generaron de este modo ingresos por más de 230.000 millones de pesos, aportados por unos 10.000 individuos, según datos de la AFIP.
Lo destacable, más allá del monto recaudado, fue su distribución. Un 20% se orientó en beneficio de la política sanitaria (vacunas, medicamentos, elementos de protección), en pleno estallido del COVID-19.
Otro 20% se convirtió en subsidios a las pymes para sostener los puestos de trabajo y las remuneraciones durante la cuarentena. El mismo porcentaje se destinó al aumento de las becas Progresar y un 15% permitió mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares.
El 25% restante de lo aportado por propietarios de grandes fortunas tuvo como objetivo apuntalar la inversión en el sector gasífero. Como se sabe, el megagasoducto que parte de Vaca Muerta será fundamental, a corto plazo, para acercarnos al autoabastecimiento energético y generar excedentes de exportación.
En definitiva, Fernández reivindicó el espíritu de equidad que fundamentó el proyecto finalmente convertido en ley, al señalar que «cuando discutimos grandes fortunas lo que estamos discutiendo es más igualdad». Concepto que luego remarcó: «Hace cuarenta años, nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad».
