11 de febrero de 2015
Floreal Gorini ya había colocado la batalla cultural como eje de la construcción política. La crisis de la época es por cierto económica, social, política, pero fundamentalmente se trata de una crisis cultural. Y no tiene únicamente manifestaciones en el campo artístico, sino que también está presente en la forma en que se manifiestan los contratos sociales, en los problemas ecológicos, en las ideologías, en la formas de hacer política, en la vida cotidiana. La cultura ha adquirido una gran visibilidad en todos sus sentidos.
En los últimos años ha sido muy relevante la distribución de bienes culturales, tanto en la sociedad en su conjunto como en el propio sector. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual facilita la circulación democrática de la palabra, que es un bien cultural básico, e impulsa la creación de nuevos contenidos. El Estado ha distribuido como nunca millones de libros para las escuelas primarias y secundarias, los artistas de cine y teatro se han beneficiado con los derechos de autor por la reproducción de sus obras en TV, los músicos han conquistado su propia ley nacional.
La cultura aporta en nuestro país el 3,8% del Producto Bruto Interno (PBI), más que la pesca y la minería. Este dato de la realidad cultural no es menos importante que el potente valor de uso de las metáforas, las imágenes y los símbolos. La producción cultural intangible es tan importante como la tangible y los valores de uso compiten tanto como los valores de cambio. La cultura nacional genera riquezas en todas sus formas. En los últimos años el crecimiento de los puestos de trabajo fue del 70% y el sector emplea 467.000 personas en diferentes segmentos en todo el país.
En ese marco, podemos decir que la creación del Ministerio de Cultura de la Nación resolvió uno de los reclamos históricos más importantes del sector. Esta nueva condición institucional nos impulsa a pensar en la necesidad de una Ley Nacional Federal de las Culturas que permita contener toda la actividad cultural argentina. Pensamos en una ley que garantice el protagonismo del Estado en las políticas públicas con un sentido nacional, federal, democrático y participativo. Complementariamente, es necesario investigar sobre las nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad y la cultura y considerar la importancia de un observatorio que registre permanentemente estos vínculos. Toda política cultural que se precie de tal debe atender, por cierto, la calidad institucional. Pero también debe considerar el impacto de las poéticas en la sociedad, la circulación del pensamiento crítico, la creación popular, las formas autogestivas y cooperativas de producción cultural independiente que se generan en la propia sociedad, respaldadas, además, por las propias políticas culturales públicas. Por todos estos motivos sería fundamental la creación de un Consejo Asesor Artístico-Cultural, con participación de los colectivos artísticos y culturales nacionales y que se otorgue el 1% del Presupuesto nacional para las políticas públicas culturales.
Tenemos una oportunidad histórica para crear una Ley Nacional Federal de las Culturas, una legislación marco, que sea discutida en todas las regiones del país, tal como ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que reconozca la diversidad cultural existente, los problemas étnico-culturales, las tradiciones y los fenómenos regionales. El Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura está coordinando con el Ministerio de Cultura la creación de foros y debates en las distintas provincias argentinas, para intercambiar propuestas sobre los «21 puntos por una Ley Nacional Federal de las Culturas». El objetivo es registrar las reivindicaciones del área, considerar las nuevas relaciones que se presentan en este campo y sus vínculos con el Estado y la sociedad. Si se logra aprobar esta ley será, sin dudas, el hecho histórico, político y cultural más importante que hayamos vivido los argentinos en el sector.
