29 de junio de 2017
El Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley Federal de las Culturas. Es sin duda uno de los acontecimientos políticos y culturales del año. Se trata de colocar en agenda un tema fundamental para nuestro país, que carece de una ley orgánica, y debatir cómo debe ser un gobierno nacional de la cultura. Frente a la emergencia cultural producida por la aplicación de medidas neoliberales, restauradoras y conservadoras, el debate de esta ley coloca otros temas alternativos en lo cultural y político.
El proyecto ha sido el fruto de intercambios en 46 Foros de Elaboración Participativa a lo largo y a lo ancho de nuestro país, de los que participaron más de 12.000 personas y más de 2.000 organizaciones con cientos de expositores. El Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, a su vez, pudo instalar su representación en todas las provincias argentinas integrando a todas las disciplinas artísticas, culturales, profesionales y técnicas.
Para elaborar el proyecto se partió de un concepto plural de la cultura que permite comprender a la diversidad cultural, lingüística, étnica y de género, como una base polifónica constitutiva de las sociedades en general y del cultivo de la identidad cultural de la Argentina en particular, en el marco de un proyecto emancipador de soberanía cultural. Se consideró a los derechos culturales como derechos humanos y el Estado como garante indelegable de su cumplimiento, estableciendo que los sujetos culturales son todos los habitantes de la República Argentina.
La inversión estratégica para el desarrollo de políticas públicas federales será no inferior al 1% del presupuesto nacional anual, tal como lo recomienda la UNESCO y el Ministerio de Cultura de la Nación administrará los recursos destinados al financiamiento de las políticas culturales públicas con un sentido federal. Para nosotros el mecenazgo puede ser un coadyuvante de las políticas públicas pero con la asistencia del Estado. El mecenazgo no puede existir como única ley nacional de la cultura, ya que se transforma en un negocio entre privados con dineros públicos, permitiendo el clientelismo, la intermediación y el lobby de las fundaciones privadas o estatales.
Este proyecto reconoce como preexistentes y existentes a los pueblos originarios, como parte integrante de la diversidad y riqueza constitutiva de nuestro país y se consideran sus lenguas como patrimonio cultural nacional. Coloca en un pie de igualdad a todos los trabajadores y trabajadoras de las culturas: artistas, técnicos, hacedores, artesanos, gestores y promotores culturales, como así también cualquier otra persona que participe en forma directa o indirecta en los hechos y actividades culturales previstas en el proyecto de ley.
Consideramos al federalismo como razón de Estado. Valorizamos la promoción y consolidación del Mercado de Industrias Culturales (MICA) a través de políticas culturales específicas para cada sector y con perspectiva federal; entre ellas, el estímulo y desarrollo de contenidos de cultura digital, el fomento de contenidos audiovisuales para el uso de nuevas tecnologías, la promoción del desarrollo de plataformas digitales, así como aspiramos a contribuir a la creación y al desarrollo de redes y circuitos locales, regionales y nacionales para la puesta en valor, circulación y comercialización de los productos del MICA. El proyecto impulsa la promoción de las producciones audiovisuales federales, a través del Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales y estimula la creación de un Observatorio Nacional de Culturas Públicas (ONCP), que será el órgano encargado de la medición, seguimiento, investigación y evaluación de las políticas públicas culturales federales. Se promoverán, a su vez, la creación de Observatorios Regionales de Culturas Públicas, con asiento en las universidades públicas y la creación de un Consejo Federal de las Culturas, con el objeto de asesorar a la máxima autoridad cultural nacional para el desarrollo federal y plural de las políticas. El proyecto, en definitiva, garantiza un gobierno democrático de la cultura, federal y participativo.
