9 de agosto de 2017
Otras cámaras. A partir de este campeonato, el público deberá volver a pagar para ver el juego. (Archivo Acción)
Con el debut de la Superliga, la estructura dentro de la AFA encargada de organizar el torneo de Primera División, la temporada exhibirá una importante novedad: el fin de las transmisiones gratuitas de los partidos en vivo por televisión abierta y otras plataformas de acceso libre. Pese a la promesa de campaña de sostener el Fútbol para Todos (FPT), a poco de que el macrismo asumiera el poder decidió, con la anuencia de una dirigencia deportiva asediada por padecimientos económicos en sus clubes, discontinuar el programa nacido y financiado por el Estado desde 2009.
De este modo, el fútbol televisado regresará a manos privadas luego de que autoridades de la AFA y la Superliga –con fuertes presiones del gobierno nacional– decidieran ceder los derechos a las cadenas estadounidenses Fox y Turner. Ambas empresas invertirán 4.200 millones de pesos en 2017 en el marco de un contrato de cinco años –con opción de extenderlo a otros cinco–, estableciendo reglas de juego que dan cuenta del regreso de un conocido esquema: que el público abone, además del servicio de cable por donde se transmitirán los encuentros, un plus de al menos 300 pesos desde fines de setiembre.
En ese plano, el retorno del sistema pago tiene efectos inmediatos, a la vez que abre interrogantes sobre el futuro del fútbol. Por un lado, significa la pérdida de un derecho de la ciudadanía. Aún con sus errores, por caso la falta de controles en las altas cifras de dinero que se entregaba a los clubes para equilibrar sus alicaídas finanzas, el FPT logró que segmentos numerosos de la población accedieran, sin restricciones, a una de sus grandes pasiones, fruto de la intervención del Estado.
Por otro, la decisión de reprivatizar el fútbol televisivado difícilmente logre resolver sus crónicos problemas económicos, por lo que su finalidad apunta a otra dirección. Con más de 11 millones de abonados al sistema de cable –dato difundido en febrero por la consultora Bussiness Bureau–, si la mitad, o incluso menos, de esos abonados decidieran pagar para ver fútbol, las empresas dueñas de los derechos recuperarán su inversión en un breve lapso, con ganancias que podrían ser extraordinarias. Una cifra sideral en comparación con lo que percibirían los clubes y la propia AFA, de nuevo sometidos a lo que esas compañías decidan abonar para obtener mayor rentabilidad. Asociado con esto cabe mencionar que Fox y Turner, los nuevos dueños, venderán el producto junto con empresas como Torneos (socia del Grupo Clarín en la señal TyC Sports) en el rol de proveedor, dado que tendrá a cargo las transmisiones en vivo de varios partidos.
A estas cuestiones, se añade el reparto de ingresos para los clubes tras la creación de la citada Superliga. Inspirada en el modelo del fútbol español, país en el que para ver los contenidos del deporte más popular hay que pagar, esta organización refuerza el poder de los clubes grandes, dado que son los que perciben mayores ingresos. La Superliga, tarde o temprano, afectará la competencia deportiva al ensanchar la brecha económica entre las instituciones. Un hecho que contrastaría con el FPT, teniendo en cuenta que en sus ocho años de duración se consagraron campeones equipos diversos, muchos de ellos no denominados grandes, como Vélez, Lanús, Arsenal, Banfield, Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys y Argentinos Juniors.
En este escenario, y de profundizarse el actual esquema de negocios, no sería extraño que el presidente Mauricio Macri quiera reinstalar el debate de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en los clubes. Férreo defensor de este modelo, como dirigente deportivo promovió la iniciativa en los años 90, aunque perdió la votación en el comité ejecutivo de AFA. Se trataría de la última estocada de los que piensan al fútbol y a sus clubes como lucro, con pantallas para pocos, a contramano de su rica tradición y esencia popular.
