11 de marzo de 2023
Mano dura. Integrantes de pandillas fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad. Hacinamiento y denuncias de detenciones arbitrarias.
Foto: Télam
El 22 de febrero un editorial del New York Times asombró por su crudeza: «América perdió la guerra contra las drogas». El editorial recordaba que más de 100.000 personas habían muerto en Estados Unidos en 2021 por sobredosis y que esto representaba un gran fracaso.
En paralelo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió crudas imágenes de narcotraficantes rapados y semidesnudos llevados a cárceles definidas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como «campos de concentración». Bukele tuitea orgulloso de que está acabando con la violencia en su país y de su decisión de arrasar con el narcotráfico a cualquier precio, porque es una demanda de la sociedad que sufre a las maras hace ya varias décadas.
El problema del comercio de drogas afecta a casi todos los países, pero todos los caminos conducen a los Estados Unidos. Es el país de mayor consumo y un gran mercado para quienes están en el negocio en América Latina, como lo demuestra la producción de cocaína y otras drogas en Colombia y México, cuyo destino es el norte. Por otra parte, las armas que manejan los narcos en su mayoría también provienen de los Estados Unidos, cuya frontera es un verdadero colador: entran toneladas de drogas y salen toneladas de armas. Y como si esto fuera poco, las maras salvadoreñas nacieron en Estados Unidos después de una cruenta guerra civil donde Washington financió y armó varios gobiernos dictatoriales.
Las medidas extremas de Bukele logran apoyo porque la población está cansada y harta de las muertes y asesinatos por el negocio de la droga. En una circunstancia así se tiende a olvidar que los detenidos, por más sanguinarios que sean, tienen derecho a un tratamiento correcto.
Bukele se quiere presentar como quien ha logrado acabar con la violencia en El Salvador. Pero la paz de los cementerios no suele ser la mejor solución.
