25 de septiembre de 2014
Dos aniversarios trascendentes en el ámbito de la comunicación entrecruzan logros y cuestiones pendientes. Una década de vida celebró la Coalición por una Comunicación Democrática –de la cual forma parte desde su creación el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos–, organización que se presentó en sociedad lanzando los 21 puntos por una Comunicación Democrática que fueron la base conceptual de la ley vigente. Y esa ley, justamente, fue sancionada cinco años atrás, en octubre de 2009, al cabo de un largo debate abierto a todo el territorio y la comunidad nacional como antesala de su tratamiento en el Congreso.
Muchas de las batallas que suscitó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual siguen abiertas. Su aplicación integral, definitivamente habilitada por la Corte Suprema de Justicia tras las incontables trabas interpuestas por la concentración mediática, avanza en distintos aspectos y se pueden percibir innegables cambios en el escenario comunicacional, entre los cuales vale destacar la trascendente labor que desarrolla la Defensoría del Público –organismo creado por la ley– en materia de resguardar los derechos de las audiencias. Sin embargo, persiste la primacía de los medios más poderosos, y su incidencia en el debate público se hace sentir.
Lo ocurrido en nuestro país y en la región en los últimos años demuestra que ya no es factible pensar la política sin los medios ni los medios sin la política. El rol que las empresas periodísticas juegan en Argentina y los países vecinos pone en evidencia el innegable papel político de los medios de comunicación y echa por tierra definitivamente la «independencia periodística» esgrimida por las corporaciones de la información como defensa de sus negocios.
La Coalición plantea, en ese contexto y como gran desafío del presente, establecer las condiciones de sustentabilidad que permitan encarnar la multiplicación de voces, a partir de una de las disposiciones clave de la ley: la reserva de un 33% del espectro radioeléctrico para la comunicación sin fines de lucro. Se trata de ocupar esos espacios para transformar de verdad el escenario mediático, de enfocar allí la lucha luego de cuatro años destinados a derribar el entramado judicial impuesto por el Gran Hermano para evitar la desmonopolización y de facilitar la participación de los nuevos actores.
Por eso, en esta nueva etapa, la Coalición impulsa la creación del Ente para la Promoción del Pluralismo y la Integración de la Comunicación Argentina (EPPICA), en sintonía con el espíritu de la ley. Pensado como un organismo de derecho público no estatal, EPPICA estaría orientado a aportar a la sostenibilidad de los medios de gestión privada sin fines de lucro y las pymes de la comunicación. Esa sostenibilidad no puede estar supeditada a las leyes del mercado, por ello la propuesta de la Coalición plantea que el financiamiento debe provenir del Estado Nacional pero también de la pauta publicitaria privada. Esto significaría una justa reasignación de recursos en favor de una comunicación más democrática y federal ya que permitiría que se difundan visiones y relatos que reflejen a la sociedad argentina en toda su complejidad y con sus diferencias.
Darle cuerpo a la ley, multiplicar protagonistas y voces, ganar audiencias en el seno de los sectores populares, son puntos clave para defender esta conquista democrática, teniendo en cuenta además que, en su afán por ganar los favores mediáticos, candidatos presidenciales de la oposición ya anunciaron que impulsarán modificaciones o la derogación de la ley en caso de acceder al Poder Ejecutivo. Nuestros medios, los comunitarios, los alternativos, serán los que hagan realidad el derecho a la comunicación de vastas porciones de la sociedad que no encuentra hasta el presente canales para expresarse, para sentirse representados en el discurso público. Son las herramientas indispensables para sostener la batalla cultural, aquel recordado concepto de Floreal Gorini, quien sabía que para transformar la sociedad, era indispensable «enfrentar al pensamiento dominante que propicia el individualismo, margina a una gran parte de la población, empobrece a la mayoría y fractura la sociedad».
