12 de julio de 2019
El acuerdo de asociación estratégica que suscribieron en Bruselas las autoridades del Mercosur y la Unión Europea (UE), por ahora con carácter de anuncio político para las tapas de los grandes diarios de Brasil y Argentina y funcional a los Gobiernos de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro, representa para el subcontinente el avance de un proyecto de integración subordinada.
Si fuera ratificado en los parlamentos europeos y en los congresos nacionales de los países de nuestro bloque, este tratado sería equivalente a la sentencia de muerte del Mercosur, ya muy debilitado por la irrupción del modelo neoliberal en el Cono Sur. De aplicarse, el convenio limitará las perspectivas de desarrollo económico autónomo y soberano, así como las políticas tecnológicas e industriales de cada país, entre otros motivos, porque el Mercosur deberá reducir los aranceles de importación para productos fabricados por empresas europeas, cuyo desarrollo histórico cimentado en una fuerte protección permitió la actual producción de estas empresas en condiciones tecnológicas más avanzadas y con patrones de competitividad superiores a las empresas locales.
Además, los aranceles derivados de este acuerdo para importar bienes, productos manufacturados y servicios de la UE, deberán ser equiparados al arancel interno de nuestro bloque (una media del 4%), que tiene preferencias tarifarias y estímulos a los intercambios intrabloque, los que fueron concebidos racionalmente para estimular el desarrollo económico, tecnológico y la generación de empleos nacionales y regionales en el Mercosur.
Esta apertura indiscriminada puede producir una avalancha de importación de manufacturas europeas, como efecto de la desprotección aduanera de la industria nacional/regional, por lo que el impacto directo para la sobrevivencia del entramado de pymes, economías regionales y empresas de la economía social del bloque sería catastrófico. Otra consecuencia del Tratado, además de provocar un mayor desempleo industrial, será la condena del Mercosur a la reprimarización productiva.
En suma, los efectos del acuerdo para el Mercosur serán mucho peores que el proyecto original del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), aquella ambiciosa estrategia de anexión política, cultural y económica que Estados Unidos intento imponer en 2005, frenada por líderes populares como Lula Da Silva, Hugo Chávez y Néstor Kirchner.
También, como en aquella imposición imperial, el tratado representa abrir las licitaciones de compras públicas a la participación de empresas de la UE, extender plazos de protección del derecho de patentes (particularmente en agroquímicos y medicamentos) a corporaciones de ese mismo origen, y otorgarle la libre circulación en mares y ríos internos del Mercosur a la flota europea. Con estas condicionalidades estamos regresando a 1825, al primer Tratado de las Provincias Unidas del Río de la Plata con el imperio inglés, durante el Gobierno de Bernardino Rivadavia, por el cual se abrían las vías navegables a la gran flota imperial y, a cambio, las colonias sudamericanas podían surcar el Támesis. Sin flota mercante propia, por supuesto, lo que marca lo leonino e inequitativo de aquel tratado.
Con el avance de la acumulación global y las cadenas regionales de valor, América Latina debe conducirse necesariamente a la integración subcontinental y promover su propio espacio de sostenibilidad productiva. El desembarco del neoliberalismo en la región, con Macri y Bolsonaro como líderes, implica un retroceso sustancial en materia de soberanía y de la capacidad de disputar el espacio económico internacional. Existe una necesidad imperiosa de cambiar el rumbo y propender activamente a que, a partir de diciembre, un Gobierno de nuevo tipo exprese un cambio de modelo en nuestro país y retome las políticas soberanistas, de integración regional y de no sumisión a los intereses de los bloques hegemónicos.
