18 de noviembre de 2021
La cumbre de los líderes del G20 reúne anualmente a los jefes de Estado de las principales economías del mundo. En su conjunto, estas representan poco más del 80% del Producto Bruto mundial, las tres cuartas partes del comercio internacional, poco más de la mitad de la población del planeta. La de Roma, a la que concurrió el presidente Alberto Fernández, es la primera que se realiza en modo presencial desde el estallido de la pandemia.
Las crecientes tensiones del sistema internacional se reflejaron en la cumbre romana. Los líderes de China y Rusia no concurrieron y participaron solo a través de videoconferencias como protesta ante la caracterización que de ambos Gobiernos viene haciendo Estados Unidos, en la que Beijing y Moscú son calificados como países «enemigos». Si bien esta denominación no es nueva para el caso de Rusia sí lo es en relación con China. El gigante asiático había sido considerado como un «competidor» en la economía mundial. Pero desde finales de la administración Obama la caracterización del Gobierno chino adquirió tonalidades cada vez más críticas y la tendencia se exacerbó con Donald Trump e incluso se agravó con la administración de Joseph Biden.
Otras tensiones también repercutieron negativamente en el cónclave. La creación del AUKUS, la alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos para dotar a Australia de una flota de submarinos nucleares con el objeto de reforzar el cerco en contra de China irritó a Francia. El problema: Canberra había cerrado un trato con París para la provisión de esos submarinos. Tal acuerdo se abortó al firmarse el AUKUS enturbiando las relaciones de Francia con sus tradicionales aliados occidentales.
En este marco era difícil que la Cumbre lograra consensuar conclusiones y recomendaciones prácticas y de rápida concreción. Se discutió el tema de la estrategia para el combate contra la pandemia pero sin avances significativos. La razón: el gravísimo problema que representa que en el interior de los distintos países haya grupos recalcitrantes que se oponen a recibir cualquier tipo de vacuna. El 9 de noviembre, por ejemplo, la Justicia estadounidense suspendió la orden ejecutiva de Biden que establecía la vacunación obligatoria para el personal empleado en empresas con más de 100 trabajadores. Problemas similares hay en Europa y todo el mundo (Argentina no es la excepción), lo que refleja el ascendiente del nuevo irracionalismo de la derecha radical. Aparte de ello estaba el problema de las vacunas y los derechos de propiedad intelectual (y sus implicaciones geopolíticas, como el boicot de hecho que sufre la vacuna rusa Sputnik-V) que tornan aún más difícil llegar a acuerdos operativos capaces de aliviar la escandalosa asimetría en el acceso a las vacunas que se registra entre países ricos y pobres.
La problemática del cambio climático fue objeto de encendidas retóricas y trasladada a la cumbre de la COP26, que se reunía en Glasgow días después. Se dieron a conocer algunas recomendaciones que reproducen lo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero carentes de fuerza vinculante. Ni los países ricos ni China o la India parecen dispuestos, por distintas razones, a ceder terreno en lo que hace a las emisiones de efecto invernadero. Todo esto sobre un sombrío telón de fondo señalado por distintos grupos ecologistas alarmados por el muy lento ritmo de la transición energética y el marcado deterioro del medioambiente.
Tal vez el logro más concreto del G20 haya sido la decisión de establecer un impuesto mínimo del 15% a las grandes multinacionales (con una facturación anual superior a 750 millones de euros) para desalentar la evasión a paraísos fiscales e imponer un sistema tributario más justo. Esto, supuestamente, debería entrar en vigor en 2023, aunque algunos observadores toman nota de la resistencia que esta iniciativa ha encontrado en las grandes potencias y conjeturan que recién en 2030 podría aplicarse esa reforma tributaria global. En suma: la pompa y la circunstancia ocultaron la debilidad de los contenidos concretos que todo el mundo esperaba.
Roma. Los países representados en la reunión ostentan más del 80% del PBI mundial.
CRISTIANO MINICHIELLO